José María Salcedo

La experiencia demuestra que muchas de las liquidaciones y sanciones tributarias que se imponen a los contribuyentes no resisten el control de los Tribunales y son anuladas. Por eso, a Hacienda le interesa a toda costa que los contribuyente no recurran estos actos administrativos. ¿Cómo? la normativa tributaria prevé la aplicación de reducciones para evitar la interposición de recursos. Para José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, es una especie de "chantaje".

Vivimos tiempos de terrible opresión fiscal, en los que los requerimientos y comprobaciones se multiplican, y la desconfianza de la Administración Tributaria hacia los contribuyentes es patológica. Sin embargo, Hacienda dista mucho de ser ejemplar y honesta en algunas de sus actuaciones y, realmente, no está para dar lecciones a nadie. Muchos funcionarios del Fisco consideran que el contribuyente es un defraudador en potencia. Pero ¿qué pasa con Hacienda? ¿Es realmente de fiar?

Una sentencia de la Audiencia Nacional sostiene que el contribuyente tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias de los actos administrativos, cuando la Administración actúe con criterios razonados, y sin atisbo de arbitrariedad. ¿Hasta cuándo seguirá la Administración Tributaria sin responder del daño que hace a los contribuyentes? José María Salcedo, socio del despacho Salcedo Abogados, expone un caso real para entender mejor la problemática.

En los últimos años, se ha generalizado la práctica de las comprobaciones de valores en todas las Comunidades Autónomas.

El modelo 720 se ha convertido en los últimos años, y por méritos propios, en el terror de los contribuyentes que tienen bienes y derechos en el extranjero.

A estas alturas, nos hemos acostumbrado ya a hablar de la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal. Y no sólo eso. Hemos aprendido incluso a convivir con dicha inconstitucionalidad, asumiendo que el impuesto no siempre es contrario a la Constitución, sino sólo a veces.