Información sobre vivienda y economía

¿Hasta cuándo seguirá la Administración Tributaria sin responder del daño que hace a los contribuyentes?

Recientemente se ha conocido una sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado 24 de junio, que ha desestimado la demanda de responsabilidad patrimonial planteada por un contribuyente contra la Agencia Tributaria. La Administración le notificó varias liquidaciones que finalmente fueron anuladas en los Tribunales, ocasionándole por el camino una serie de gastos (abogado, procurador), además de unos daños morales (tuvo una depresión y constante preocupación por el devenir del asunto). A pesar de ello, considera la Audiencia Nacional que el contribuyente tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias de los actos administrativos, cuando la Administración actúe con criterios razonados, y sin atisbo de arbitrariedad.

Pues bien, esta sentencia me ha recordado con qué impunidad se desenvuelve en el día a día la Administración Tributaria, y cuánto daño hace a los contribuyentes, sin que nadie responda de ello. Con un ejemplo real, se entenderá mucho mejor.

El día en que cambia la vida de un contribuyente 

Pensemos en un contribuyente que presenta cumplida y puntualmente sus declaraciones de IRPF, en las que declara los rendimientos de su actividad económica como profesional.

Un día, su vida cambia. La Agencia Tributaria le notifica el inicio de un procedimiento de inspección en relación con sus cuatro últimos ejercicios de IRPF. Tras un procedimiento en el que el funcionario no quiere atender a muchas razones, se le notifican los correspondientes acuerdos de liquidación. Poco después llegan los acuerdos sancionadores. En total, varias decenas de miles de euros a los que debe hacer frente.

El patrimonio inmobiliario del contribuyente, en el aire 

Al no poder hacer frente al pago de dicha deuda, este contribuyente tiene que hipotecar su patrimonio para obtener la suspensión de la deuda que deriva del acuerdo de liquidación. Afortunadamente, la deuda derivada de las sanciones se suspende por el solo hecho de recurrir.

Igualmente, el contribuyente tiene que buscar un abogado que le defienda. Sus honorarios, teniendo en cuenta el importe que le reclama Hacienda, no son baratos. Pero no le queda otra solución que recurrir. Eso, o perder su patrimonio.

Años de incertidumbre... 

Y comienza el procedimiento. Según los casos, éste puede alargarse durante varios años. Y nuestro contribuyente tendrá que aprender a vivir con la incertidumbre que supone el tener su patrimonio hipotecado, y pendiente del resultado de una resolución administrativa o judicial.

Y es que, si el contribuyente pierde el recurso, tendrá que pagar la deuda de golpe, en un plazo máximo de algo más de un mes. Y sin posibilidad de solicitar un fraccionamiento de la deuda.

¡Y llega una resolución favorable! 

Finalmente, un día todo cambia, y nuestro contribuyente recibe una resolución del Tribunal Económico-Administrativo que anula los acuerdos de liquidación y sancionadores dictados. Aunque la Administración no debe pagar las costas, que no se imponen en esta vía (y a veces, tampoco en la judicial, o reducidas) eso parece que ahora da igual. Todo es alegría.

Sin embargo, cuando el contribuyente se sienta y reflexiona, se da cuenta que, efectivamente, se ha quitado un gran peso de encima: ya no le debe a Hacienda ni un euro. Pero para lograr dicha victoria ha pagado un alto precio. Y ello, no solo en términos económicos, debiendo abonar elevados honorarios a los profesionales que tan bien han llevado su defensa. Sino también en términos morales. Incontables son los sufrimientos que ha padecido en todos estos años. Preocupaciones, incertidumbre, desesperación ante la injusticia…

Curiosamente, su situación tributaria es la misma que antes de que empezara todo. Sus declaraciones de IRPF se han considerado finalmente correctas. Sin embargo, su patrimonio se ha visto menoscabado. Y todo, por el capricho de un funcionario de Hacienda…

Y mientras tanto, en la Inspección de Hacienda 

Mientras tanto, en la Inspección de Hacienda… no pasa nada. El funcionario que dictó los acuerdos de liquidación y sancionadores que finalmente han sido anulados, sigue tranquilamente en su puesto, enfrascado en otros procedimientos.

Y poco le importa que los acuerdos que dictó hayan sido anulados. Al fin y al cabo, nunca va a responder de lo que hizo, ni del daño que causó a nuestro contribuyente. Y así seguirá, unas veces acertando, otras fallando. Pero siempre con la tranquilidad de que, muy difícilmente responderá de sus errores.

Hoy hemos contado el caso de nuestro contribuyente. Pero mañana será otro y pasado otro, y así un largo etcétera. Ello me lleva a preguntarme hasta cuándo tendremos que seguir soportando que la Administración Tributaria no responda del daño que hace a los contribuyentes.

José María Salcedo es abogado y socio de Ático Jurídico. Especialista en la interposición de recursos contra Hacienda, es autor de la "Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal", y colaborador habitual en medios de comunicación.