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Recientemente se ha conocido una sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado 24 de junio, que ha desestimado la demanda de responsabilidad patrimonial planteada por un contribuyente contra la Agencia Tributaria. La Administración le notificó varias liquidaciones que finalmente fueron anuladas en los Tribunales, ocasionándole por el camino una serie de gastos (abogado, procurador), además de unos daños morales (tuvo una depresión y constante preocupación por el devenir del asunto). A pesar de ello, considera la Audiencia Nacional que el contribuyente tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias de los actos administrativos, cuando la Administración actúe con criterios razonados, y sin atisbo de arbitrariedad.

Pues bien, esta sentencia me ha recordado con qué impunidad se desenvuelve en el día a día la Administración Tributaria, y cuánto daño hace a los contribuyentes, sin que nadie responda de ello. Con un ejemplo real, se entenderá mucho mejor.

El día en que cambia la vida de un contribuyente 

Pensemos en un contribuyente que presenta cumplida y puntualmente sus declaraciones de IRPF, en las que declara los rendimientos de su actividad económica como profesional.

Un día, su vida cambia. La Agencia Tributaria le notifica el inicio de un procedimiento de inspección en relación con sus cuatro últimos ejercicios de IRPF. Tras un procedimiento en el que el funcionario no quiere atender a muchas razones, se le notifican los correspondientes acuerdos de liquidación. Poco después llegan los acuerdos sancionadores. En total, varias decenas de miles de euros a los que debe hacer frente.

El patrimonio inmobiliario del contribuyente, en el aire 

Al no poder hacer frente al pago de dicha deuda, este contribuyente tiene que hipotecar su patrimonio para obtener la suspensión de la deuda que deriva del acuerdo de liquidación. Afortunadamente, la deuda derivada de las sanciones se suspende por el solo hecho de recurrir.

Igualmente, el contribuyente tiene que buscar un abogado que le defienda. Sus honorarios, teniendo en cuenta el importe que le reclama Hacienda, no son baratos. Pero no le queda otra solución que recurrir. Eso, o perder su patrimonio.

Años de incertidumbre... 

Y comienza el procedimiento. Según los casos, éste puede alargarse durante varios años. Y nuestro contribuyente tendrá que aprender a vivir con la incertidumbre que supone el tener su patrimonio hipotecado, y pendiente del resultado de una resolución administrativa o judicial.

Y es que, si el contribuyente pierde el recurso, tendrá que pagar la deuda de golpe, en un plazo máximo de algo más de un mes. Y sin posibilidad de solicitar un fraccionamiento de la deuda.

¡Y llega una resolución favorable! 

Finalmente, un día todo cambia, y nuestro contribuyente recibe una resolución del Tribunal Económico-Administrativo que anula los acuerdos de liquidación y sancionadores dictados. Aunque la Administración no debe pagar las costas, que no se imponen en esta vía (y a veces, tampoco en la judicial, o reducidas) eso parece que ahora da igual. Todo es alegría.

Sin embargo, cuando el contribuyente se sienta y reflexiona, se da cuenta que, efectivamente, se ha quitado un gran peso de encima: ya no le debe a Hacienda ni un euro. Pero para lograr dicha victoria ha pagado un alto precio. Y ello, no solo en términos económicos, debiendo abonar elevados honorarios a los profesionales que tan bien han llevado su defensa. Sino también en términos morales. Incontables son los sufrimientos que ha padecido en todos estos años. Preocupaciones, incertidumbre, desesperación ante la injusticia…

Curiosamente, su situación tributaria es la misma que antes de que empezara todo. Sus declaraciones de IRPF se han considerado finalmente correctas. Sin embargo, su patrimonio se ha visto menoscabado. Y todo, por el capricho de un funcionario de Hacienda…

Y mientras tanto, en la Inspección de Hacienda 

Mientras tanto, en la Inspección de Hacienda… no pasa nada. El funcionario que dictó los acuerdos de liquidación y sancionadores que finalmente han sido anulados, sigue tranquilamente en su puesto, enfrascado en otros procedimientos.

Y poco le importa que los acuerdos que dictó hayan sido anulados. Al fin y al cabo, nunca va a responder de lo que hizo, ni del daño que causó a nuestro contribuyente. Y así seguirá, unas veces acertando, otras fallando. Pero siempre con la tranquilidad de que, muy difícilmente responderá de sus errores.

Hoy hemos contado el caso de nuestro contribuyente. Pero mañana será otro y pasado otro, y así un largo etcétera. Ello me lleva a preguntarme hasta cuándo tendremos que seguir soportando que la Administración Tributaria no responda del daño que hace a los contribuyentes.

José María Salcedo es socio director de Salcedo Tax Litigation y especialista en la interposición de todo tipo de recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa contra cualesquiera actos de la Administración Tributaria. Además, es autor de la "Guía práctica para recurrir frente Hacienda" y de la "Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal", ponente en cursos y seminarios sobre procedimiento tributario, y colaborador habitual en medios de comunicación.

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8 Comentarios:

xxxxxxxx
1 Agosto 2019, 17:10

Viendo y leyendo esta negligencia del Funcionario habria que modificar el ingreso de este tipo de funcionarios a esta reparticion de la Administracion Tributaria o bien para ocupar estos Puestos de Inspector de Haciënda, ya que podemos ver que su "Trabajo" que desempeño y para el cual le pagan fue un Rotundo Fracaso y con el consiguiente daño moral, de salud, comercial, reputacion y las secuelas que seguramente llevara toda su vida por el error cometido por este "Funcionario de la Administracion Tributaria" y este es uno de los casos que se hace Publico gracias al Sr.Jose M.Salcedo

r&b .
1 Agosto 2019, 17:22

Eso mismo me pregunto yo casi todos los días. Hasta cuando vamos a tener que estar sufriendo este acoso sin que tenga ninguna consecuencia para ellos.
Yo soy la primera que me apuntaría a esa asociación.

Victor
1 Agosto 2019, 17:23

Totalmente de acuerdo con el articulo y se queda muy corto. No entiendo como pueden existir asociaciones de todo tipo que agrupan intereses de las cosas mas inimaginables, minoritarias y marginales, mientras que yo no se de ninguna asociación de afectados por los desmanes de la Agencia Tributaria, que somos legión. Apoyo la iniciativa de poner en marcha esta asociación imprescindible.

Andrés del Val
8 Agosto 2019, 1:12

Yo me he quedado sin casa porque tuve que venderla para pagar el impuesto de sucesiones. Tengo documentación de la propia administración que acredita que las valoraciones ESTÁN MAL HECHAS. Mientras los tribunales deciden, lo cuál lleva un tiempo, la administración ejecuta embargos y corren los intereses, ahora vivo de alquiler, ¿me va a devolver alguien que me hayan destrozado la vida? Hasta que haya un veredicto pasará tiempo, mientras, gastos de alquiler, abogados y demás, aparte de dejarse uno la salud, perder clientes por las cartas de hacienda a mis clientes embargándome facturas, aún habiendo dejado suelo en garantía...por lo cuál tuvieron que rectificar, pero ya me habían destrozado la imagen con mis clientes...y mil cosas, millones...noches sin dormir, etc...aún teniendo la razón con documentos que lo demuestran, no hay certezas, el tiempo pasa, y con él, la vida de uno y los funcionarios cobrando incentivos de productividad y siempre DE ROSITAS.

MANUEL
9 Agosto 2019, 21:00

El problema está en que Montoro instauró un sistema de primas a los inspectores por número de actas levantadas y cantidades adeudadas más sanciones. Esto atenta a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RDL 5/2015 que integra la ley 7/2007, que dice que el funcionario debe mantener su imparcialidad y abstenerse de interés directo y personal en sus actuaciones. Para más inri, si la AEAT pierde en los tribunales y estos anulan o corrigen las Actas esto no tiene consecuencias en las primas. Por lo que el sistema crea un incentivo perverso para vulnerar, infringir y forzar la interpretación de la ley en contra de todos los principios éticos de los funcionarios como el respeto de los derechos fundamentales, la imparcialidad, la defensa del interés público, la lealtad y buena fe con los contribuyentes y el respeto al ordenamiento jurídico.

LINO
12 Agosto 2019, 11:32

Toda la razón: parece increíble que te puedan arrollar y que no pase nada....

luis
29 Agosto 2019, 22:28

BRAVO, BRAVO , BRAVO ....... Es urgente unir firmar y exigir de una ves por todas que se haga algo con el funcionario de turno , que como bien mencionas en tu escrito este funcionario no tiene ninguna penalización ni se le sanciona a el por su mal labor o su injusto labor que a realizado, atosigando a punta de sanciones. Esta claro que estamos ante una des compensación y una injusticia total delante de este organismos que no hace mas que marchitar y reprimir el sentido de progreso de los ciudadanos. debemos crear ,organizarnos y manifestarnos por todo lo que nos están asiendo. No es justo ni racional.

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