Álvaro Pardo, arquitecto en Innovación y Sostenibilidad en PAEE Construcción Passivhaus-ECCN, explica a idealista/news cómo fueron los inicios de YZ HUB, un proyecto colaborativo en el que varias empresas líderes del sector se han unido para llevar sostenibilidad, la digitalización y la industrialización para desarrollar una vivienda pasiva en Camarma de Esteruelas (Madrid). Pardo repasa qué ventajas tiene la construcción industrializada y cómo ayudaría llevar a los jóvenes a la obra para que conocieran 'in situ' el proceso de construcción, sobre todo en un momento marcado por la falta de trabajadores y el relevo generacional. "Es necesario cambiar la percepción del sector y volver a hacerlo atractivo", asegura.

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia en la que pone el foco en la controvertida repercusión de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras cuando estos conceptos se incluyen en el contrato de arrendamiento. El litigio enfrentaba a arrendadora e inquilino por el pago de las rentas devengadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. El arrendatario alegaba, entre otros motivos, que la renta incluía indebidamente los gastos de comunidad e IBI. Sin embargo, la Audiencia desestima el recurso de apelación del inquilino y le condena al pago de 7.800 euros en concepto de rentas devengadas, además de las costas.

Las caídas en los accesos a los edificios, aunque no suelen ser habituales, sí pueden suponer un quebradero de cabeza para una comunidad de propietarios. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Barcelona, que en sentencia 9627/2025, ha condenado a una comunidad de Pineda de Mar a indemnizar con casi 6.171 euros a una vecina que sufrió una caída en el acceso al inmueble, al considerar que el pavimento presentaba un desnivel poco visible y carente de señalización, lo que convertía la zona en un punto peligroso para el tránsito. De esta manera, la sentencia revoca el criterio del juzgado de primera instancia, que había atribuido el accidente a un “riesgo general de la vida”.

El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, así como el presupuesto de 2016, de una comunidad de propietarios de Madrid, por no ajustarse al Título Constitutivo ni a la Ley de Propiedad Horizontal, debido a un sistema de reparto de gastos que individualizaba por portales y no aplicaba el coeficiente de participación de forma uniforme. La sentencia estima en parte el recurso de casación presentado por uno de los propietarios, que impugnó la aprobación de las cuentas. Según expuso en su demanda, el edificio debía aplicar “el criterio de distribución por coeficientes, sin exclusiones ni excepciones respecto de ningún capítulo de gasto” y, sin embargo, algunas partidas se asignaban solo a determinados portales o se distribuían a partes iguales.

Con la llegada de la Navidad, es habitual que proveedores y empresas tengan un gesto con sus mejores clientes. Entre cestas, botellas de champán o cajas de bombones, no es raro que aparezca también un décimo de lotería. Pero, ¿qué ocurre cuando el destinatario de ese regalo es una comunidad de propietarios? Lo que a primera vista parece un detalle sin importancia puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza jurídico y fiscal. Más allá de la retención automática que practica Loterías y Apuestas del Estado cuando el premio supera el mínimo exento (40.000 euros por décimo), el principal foco de riesgo está en la fiscalidad posterior.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha establecido que los propietarios de los locales deben contribuir al coste de la sustitución de la caldera comunitaria en un edificio de viviendas. Con esta sentencia, la Sala desestima la demanda presentada por un comunero que sostenía estar exento de la derrama en virtud de los estatutos aprobados en 1977. El Tribunal destaca que la sustitución de la caldera obedece a razones de necesidad y no de simple conveniencia.

El estacionamiento de varios vehículos en una misma plaza de garaje, sin respetar las líneas divisorias y ocupando las zonas de paso, dificultando con ello las maniobras de entrada y salida de la plaza vecina, se ha convertido en fuente de conflicto de no pocas comunidades. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga obliga a una propietaria a “cesar de inmediato la invasión de la zona común fuera del perímetro que delimita su zona de aparcamiento, debiendo aparcar sus vehículos dentro del referido perímetro delimitado por líneas horizontales pintadas en el suelo de color blanco”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y ha declarado resuelto un contrato de alquiler al considerar válido el preaviso enviado mediante burofax, aunque la inquilina no lo recogiera dentro del plazo. La sentencia, de 12 de mayo de 2025, revoca la decisión del juzgado de primera instancia y declara válida esta comunicación de finalización de contrato, por considerar que surte efecto aun cuando su entrega no se complete por voluntad del destinatario. El Tribunal declara resuelto el contrato por expiración del plazo y condena a la arrendataria a desalojar la vivienda.

Los defectos o vicios constructivos que puedan aparecer en un edificio se rigen, salvo excepciones, por lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que distingue entre el plazo de garantía y el plazo de prescripción. Así, para que pueda exigirse responsabilidad a los agentes de la edificación, los defectos deben manifestarse dentro del correspondiente periodo de garantía: 10 años para los daños estructurales, tres años para los que afecten a la habitabilidad y un año para los vicios de acabado. Sin embargo, el Supremo se ha pronunciado nuevamente sobre la prescripción de la acción de responsabilidad en el ámbito de la construcción.

La Audiencia Provincial de Zamora, en la Sentencia 231/2025, ha confirmado que los locales comerciales de un edificio deben contribuir al coste de instalación del ascensor, aunque no lo utilicen, al considerar que se trata de una obra necesaria para la habitabilidad del inmueble y no de una simple mejora. Con esta resolución, el tribunal refuerza la tendencia jurisprudencial que considera la instalación de ascensores como una obra necesaria y obligatoria para todos los copropietarios, incluso para los locales exentos de otros gastos comunes.