El 'skyline' del distrito madrileño de Salamanca está a punto de cambiar. El distrito estrenará en los próximos años su primer gran rascacielos residencial de lujo, la Torre Castelló. Un edificio que se levantará sobre la antigua sede del Ministerio de Hacienda, ubicada entre las calles María de Molina, Castelló, General Oráa y Núñez de Balboa. La finca contará con 21 plantas y albergará un total de 158 viviendas de lujo con 5.000 metros de zonas comunes con piscinas, gimnasios y hasta un simulador de golf. Además, tendrá en su interior una residencia de estudiantes con 400 habitaciones repartidas entre sus dos primeras plantas.

Las disputas sobre a quién le corresponde arreglar un sofá, cambiar la bombilla, pintar las paredes o la devolución de la fianza enturbian la relación entre ambas partes. En la mayoría de los casos prima el sentido común, es decir, saber discernir el deterioro lógico por el paso del tiempo, que el propietario debe asumir, del daño provocado por un uso descuidado o negligente, que recae sobre el inquilino. Este debe, a su vez, notificar averías tan pronto como la detecte para evitar males mayores.

Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el viernes pasado. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos nuevos reales decretos sobre vivienda similares a los que el Congreso tumbó el viernes pasado. Lo ha hecho con algunas modificaciones para sortear un posible "fraude de ley" y con la vista puesta en que, una vez que las Cortes se han disuelto por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, estos sean convalidados por la Diputación Permanente, donde Moncloa cuenta con una mayoría más favorable. Entre los cambios introducidos más destacados, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un mecanismo bautizado como 'Tu Casa', que estará dotado con 10.000 millones de euros para otorgar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar primera vivienda.

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con la mayoría en contra que suman PP, Vox, Junts y UPN los dos reales decretos-Ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pretendían aplicar una prórroga indefinida de los contratos de alquiler, un tope a las subidas de las rentas por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, endurecer la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o una mayor fiscalidad para las segundas residencias. Esta nueva derrota acerca al Ejecutivo a la convocatoria de elecciones generales al constatar, una vez más, su debilidad parlamentaria.

La formación que preside Carles Puigdemont exige al PSOE retirar ambos reales decretos y sustituirlos por otro nuevo que incluya medidas antiokupación, reducir impuestos para la compra de primeras viviendas y retirar la propuesta de convertir los alquileres en indefinidos. La propuesta de los nacionalistas para un nuevo real decreto suprime el tope del 2% a la renovación de los precios del alquiler y la obligación de convertir en indefinidos este tipo de contratos. También pide acotar la supresión de los desahucios hasta 2028, y no hasta 2030 como pretendía hacer Moncloa.

Llega el 'Día D' para los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno esta semana. Este viernes, 2 de octubre, ambos textos se votarán en un Pleno extraordinario en el Congreso pero tras confirmar Junts que votará en contra de ambos todo apunta a que serán derogados. Junts que ha exigido su retirada y elaborar de inmediato un nuevo texto que revierta la grave situación de la vivienda. Por su parte, PNV votará a favor del primer decreto que contiene numerosas medidas contra los pequeños propietarios que están pendientes del resultado de la votación parlamentaria. De ello depende la prórroga forzosa de dos años, el tope a las subidas de precio por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, o el endurecimiento de la fiscalidad para la segunda residencias.

Horas antes de que arrecie la tormenta en el Congreso durante el debate por la convalidación de los dos reales decreto de vivienda que el Gobierno aprobó el martes, la VIII Jornada del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) reunió a los portavoces parlamentarios de PSOE y PP en esta materia, Ignasi Conesa y Miguel Ángel Sastre, respectivamente; y al director de Asprima, Jorge Ginés, para confrontar sus diferentes modelos frente a la crisis habitacional. El representante socialista defendió los topes de precio frente a las críticas de su homólogo popular a estas medidas "intervencionistas". El representante de las promotoras, por su parte, fue el más tajante: "Los decretos van a expulsar a los más vulnerables".

El segundo de los dos reales decretos que el Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros obliga a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si estos rompen unilateralmente el arrendamiento. La medida introduce en España los llamados contratos indefinidos, una exigencia del sindicato de inquilinas que supone en la práctica la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada -por ejemplo, la necesidad suya o de algún familiar de habitar el inmueble- para no renovar el contrato. Si no lo hace, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a doce mensualidades como compensación.