Batacazo judicial del Tribunal Supremo a los contribuyentes. Una nueva sentencia del alto tribunal da vía libre a la administración tributaria para que cuando compruebe el pago del ITP de un ciudadano que ha comprado una vivienda, pueda usar el valor de tasación hipotecaria (uno de los métodos regulados para tal fin) sin necesidad de justificar nada más. Es decir, la administración autonómica no estará obligada a hacer una comprobación del pago del ITP individualizada y singularizada, con lo que no tendrá en cuenta el mal o buen estado de la vivienda o si necesita una reforma integral. Será suficiente con fijarse en el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de préstamo hipotecario de la vivienda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que las cláusulas hipotecarias vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) podrían ser declaradas abusivas si no cumplen con los requisitos de transparencia. Este fallo responde a una consulta planteada por el Juzgado de Primera Instancia Nº8 de San Sebastián en relación con una hipoteca contratada entre un cliente y Kutxabank en 2006. Así, la justicia europea abre la puerta a reclamar la cláusula IRPH.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha clarificado la posibilidad de aplicar la exención por venta de vivienda habitual tras haber estado alquilada. Según el criterio, si el propietario vuelve a habitar la vivienda al menos tres años tras el arrendamiento, puede recuperar su estatus de habitual y beneficiarse de las exenciones fiscales previstas en el IRPF. La clave radica en demostrar el carácter habitual de la vivienda, aunque en arrendamientos turísticos persiste el riesgo de que Hacienda lo rechace. Una resolución del TEAF de Guipúzcoa en 2019 defiende una interpretación más flexible ante estas realidades, siendo un respaldo para los contribuyentes frente a disputas fiscales.

A partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor la nueva cotización adicional de solidaridad regulada en el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta medida, de aplicación progresiva hasta 2045, afectará a los empleados por cuenta ajena con salarios más altos y a sus empresas, al introducir una cotización extra sobre el exceso salarial por encima de la base máxima de cotización. ¿Con qué objetivo? Según el Gobierno el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español a largo plazo. Sin embargo, estos trabajadores con salarios más altos no generarán apenas derecho a una pensión mayor, pese a pagar más impuestos al Estado.

El Senado ha aprobado el veto que ha presentado el Partido Popular, formación que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, sobre el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas en casos de usurpación o allanamiento de morada, o la supresión de las 'golden visa' para los extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en una vivienda. La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, pero tras el rechazo de la Cámara Alta será remitida nuevamente al Congreso, que podría levantar el veto.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

Los salarios en España mantendrán su tendencia al alza en 2025, con un incremento medio estimado del 3,2%, según el 'Estudio de Remuneración 2025' publicado por Michael Page, parte de PageGroup. Este aumento refleja una desaceleración respecto a años anteriores: entre 2022 y 2023 el crecimiento salarial promedio fue del 5%, mientras que en 2024 se mantuvo en torno al 3,2%.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

El PSOE ha desconvocado por segunda vez esta semana la Comisión de Hacienda del Congreso que tiene que debatir la eliminación del régimen especial de las socimis, ante la falta de acuerdo con sus socios, enfrentados entre sí en varios puntos. Este acuerdo de PSOE y Sumar, que contempla poner fin a las ventajas fiscales de estos vehículos de inversión porque consideran que no han impulsado la oferta de viviendas en España, se debatirá el próximo lunes 18 de noviembre.

Castellana Properties ha alertado que no dudará en tomar medidas para asegurar la continuidad de su actividad si prospera la eliminación del régimen fiscal especial para las socimi (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), medida que ha sido acordada por PSOE y Sumar.E