Modificación ley del suelo

El Gobierno de Canarias ha arrancado el proceso de actualización de la Ley de Suelo con el fin de simplificar y aclarar la tramitación y normativa urbanística al tiempo que incluye nuevos indicadores sobre agenda urbana, transición ecológica y reto demográfico. El borrador de la nueva ley supone que los Planes Generales de Ordenación (PGO) reducen su contenido hasta en un 40%. La previsión del Ejecutivo canario es que el texto entre en la Cámara regional a partir del mes de septiembre.

Una reforma de la Ley del Suelo que vuelve a quedarse en nada. El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado la proposición de ley planteada por el PNV para comenzar a tramitar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un texto que había pactado previamente con el PSOE, muy similar al que el Ejecutivo retiró el pasado mayo. La votación se ha saldado con 124 votos a favor, 186 en contra y 34 abstenciones, tras un debate en el que PP, Sumar, Podemos y Junts han criticado desde que la norma fomenta el "pelotazo urbanístico", supone una invasión competencial o que es insuficiente para paliar la crisis de vivienda.

La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, presentó en Madrid las leyes impulsadas por el actual Ejecutivo de las islas y las próximas medidas que aprobarán para favorecer la inversión en vivienda en el archipiélago, apostando por la construcción de VPO de régimen privado. idealista/news entrevistó al consejero para hablar sobre estas políticas, la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo, las zonas tensionadas y la regulación de los alquileres de temporada y turísticos.

El Partido Popular (PP) ha registrado en el Senado su propuesta para reformar la Ley del Suelo, donde incluye el silencio positivo para que la no emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes no paralicen un proceso de urbanismo o reducir los tiempos de producción de suelo y construcción de vivienda a 48 meses. La normativa recoge además la derogación de los aspectos "más lesivos" de la Ley de Vivienda, poniendo fin a las zonas tensionadas y al índice de los precios de los alquileres. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, debe obtener sin embargo el visto bueno del Congreso de los Diputados para que pueda ser aprobada.

El PSOE en el Congreso de los Diputados ha retirado su firma de la proposición de ley presentada el pasado junio junto al PNV para reformar la Ley del Suelo. El texto mantiene prácticamente la misma redacción que la norma original que finalmente no llegó al Parlamento y añade un blindaje hacia las competencias autonómicas. Los nacionalistas vascos se quedan solos en la defensa de la normativa, que no cuenta con el apoyo de la izquierda (Sumar, Podemos, EH Bildu), ni los nacionalistas catalanes, ni el PP ni VOX. Los socialistas exigen a los populares responsabilidad por una medida que afirman favorecerá a Ayuntamientos y CCAA.

El PSOE retomará la tramitación de la Ley del Suelo que ya ha pactado con el PNV a partir de septiembre, y confía en un acuerdo con el PP para aprobar la norma después de que Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Junts rechazaran el texto que planteó el Ministerio de Vivienda en un proyecto. La idea del Gobierno es esperar a ese mes porque es cuando el PP va a presentar en el Senado su Ley del Suelo. A partir de ahí, el Gobierno verá qué puntos se pueden negociar para llegar a un acuerdo.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado oficialmente que su partido presentará en septiembre su propia reforma de la Ley del Suelo a través del Senado, donde la formación popular cuenta con mayoría absoluta. La máxima responsable de Vivienda en el principal partido de la oposición ha criticado el texto a la ley de Suelo presentado recientemente por PSOE y PNV en el Congreso, ya que "no va a resolver el problema de verdad que tiene la vivienda en España". La senadora del PP también ha adelantado que van a eliminar varios puntos de la Ley de Vivienda, como el índice de precios y las zonas de mercado tensionado.

Sumar ha avanzado que rechazará la reforma de la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de coalición del que forma parte, que llegará al Congreso de los Diputados este jueves 23 de mayo. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, considera que la norma abre las puertas al "pelotazo urbanístico". Este voto en contra se unirá a los anunciados por Podemos, ERC y Junts. El Ministerio de Vivienda aspira con el cambio en la normativa a dar mayor seguridad jurídica y evitar la paralización de todo un plan urbanístico por errores subsanables, pero ahora mismo no cuenta con la mayoría necesaria.

El director general de Asprima, Jorge Ginés, cree que la Ley de Seguridad Jurídica, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, debe alcanzar el consenso entre PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios. “Es el momento de que en el principal reto real que tienen los españoles, que no es otro que el acceso a la vivienda, en especial los jóvenes, genere ese gran pacto de estado”.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos y coportavoz del partido, María Teresa Pérez, ha avisado de que su formación se opondrá en el Congreso a la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que prepara el Ministerio de Vivienda que encabeza Isabel Rodríguez, al considerar que es "prácticamente la misma" que ya intentó aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que a lo largo del mes de marzo llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para su aprobación. Un cambio que, según Rodríguez, dotará de "estabilidad, certeza y seguridad jurídica" el desarrollo urbanístico en España. La tramitación del texto decayó en la anterior legislatura.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este nuevo texto, que pasará ahora a audiencia pública con las CCAA y ayuntamientos, pretende evitar la paralización de planeamientos por defectos menores, como se ha producido en numerosos municipios durante años, para acabar con la inseguridad jurídica y los enormes perjuicios económicos.

El gobierno regional de Madrid planea modificar la ley del suelo antes de que acabe el año para poder vender los terrenos que ayuntamientos y promotores están obligados a cederle, el 20% de los nuevos desarrollos.