Afectados desahucio

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha advertido a España de la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda "de graves proporciones", abordando los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes del alquiler o la compra de una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar.

El primer Consejo de Ministros de agosto ha hecho oficial la decisión del Gobierno de ampliar durante casi tres meses más, exactamente hasta el 31 de octubre, las medidas sociales para suspender los desahucios y los lanzamientos de viviendas en alquiler que lleva vigente desde finales de 2020.

La enmienda a los Presupuestos planteada por Podemos, ERC y Bildu para paralizar los desahucios hasta 2023 no ha salido adelante tras el rechazo en bloque del Congreso. La medida sólo ha logrado el respaldo de los partidos impulsores, mientras que el resto de fuerzas parlamentarias, que suman casi 300 diputados, ha rechazado su puesta en marcha. El PSOE ha votado en contra y el PP se ha abstenido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la propuesta "no tenía sentido" y que el Gobierno actuará cuando considere oportuno.

El Gobierno de coalición negocia tramitar un real decreto ley que amplíe la suspensión de los desahucios de viviendas hasta el final del estado de alarma después de que el Congreso haya descartado la enmienda de Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos de 2021. Los letrados de la Cámara Baja rechazaron la propuesta de la formación de Pablo Iglesias por "no ser de materia de Presupuestos”.

El Banco de España asegura que durante el año pasado se contabilizaron casi 16.500 daciones en pago, lo que significa que hubo 45 familias que cada día entregaron su vivienda habitual al banco para saldar su deuda al no poder pagar la hipoteca.

El Gobierno municipal de Manuela Carmena acaba de sacar a concurso público la gestión del alojamiento temporal de las personas en situación de emergencia social con un presupuesto máximo de 93.261 euros al año. Desahuciados por impago de la hipoteca o el alquiler, afectados por incendios o colectivos vulnerables podrán acogerse a esta solución habitacional transitoria.

El recién estrenado Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Susana Díaz ha decidido incluir en el Plan de Vivienda autonómico una Ley que le permitirá ejercer el derecho de compra preferente sobre viviendas libres que sean objeto de una ejecución hipotecaria, el llamado derecho de retracto.

El ‘Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española’ de Joan Coromines sitúa el origen del término desahucio en torno al siglo XIII.

La junta de Andalucía aprobó ayer, con los votos del psoe e iu y el rechazo del pp, la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, y que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya riesgo de exclusión social Esta ley amplía respe