Agencia Negociadora del Alquiler

El gigante nacional de la administración de fincas da un paso adelante en su crecimiento con la adquisición de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), compañía especializada en el alquiler residencial que lleva 15 años operando en la Comunidad de Madrid. Tras la operación, inmho gestionará más de 10.000 viviendas de alquiler y reforzará su presencia en el mercado madrileño, uno de los más importantes en su plan de expansión nacional; mientras que espera incorporar más empresas especializadas en gestión patrimonial.

Se trata de una duda que ronda a muchos propietarios por el miedo a los desperfectos y malos olores que este hábito puede causar en el domicilio. El abogado José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), responde tajantemente a esta cuestión y sentencia que "es perfectamente legal prohibirlo". La cláusula restrictiva, eso sí, debe ser "clara" y estar redactada "de forma que no deje lugar a dudas sobre su alcance".

El próximo 28 de abril el Congreso de los Diputados votará la convalidación o no del Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Mientras tanto, las dudas sobre qué inquilinos pueden solicitar esta prórroga crecen. Abogados como José Ramón Zurdo o Alejandro Fuentes-Lojo señalan que para acogerse a esta prórroga el contrato de alquiler debe estar ya en el plazo de las dos prórrogas legales, ya sean la obligatoria o la tácita.

La tácita reconducción es un mecanismo del Código Civil que permite que un contrato de alquiler continúe automáticamente, sin necesidad de firmar uno nuevo, cuando el inquilino permanece en la vivienda con el consentimiento del arrendador tras finalizar todas las prórrogas. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), a diferencia de los arrendamientos sujetos a la LAU, este régimen ofrece al propietario mayor control sobre la duración -con renovaciones más cortas- y le permite 'escapar' de medidas regulatorias como la prórroga obligatoria de los contratos, aunque limita la posibilidad de subir la renta y puede implicar la pérdida de garantías. Para el inquilino, supone mantener el precio del alquiler, pero a costa de una menor estabilidad.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

Una de las dudas más frecuentes cuando un propietario decide arrendar un inmueble es quién paga la comisión inmobiliaria por alquiler. Y es que, la situación ha cambiado en los últimos años, más concretamente desde que entró en vigor la Ley de Vivienda a finales de mayo de 2023.

La autogestión de los alquileres por parte de los arrendadores particulares suelen derivar en problemas como incumplimientos contractuales, cláusulas abusivas o, en casos extremos, desahucios que podrían haberse evitado. Según José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la gestión profesional protege y da seguridad tanto a propietarios como a inquilinos y reduce el riesgo de litigios.

Un análisis elaborado por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) a partir de los datos oficiales del Colegio de Registradores, el INE, el MITMA y el Consejo General del Notariado sobre las compraventas de vivienda en España confirma que la participación de los fondos de inversión en el mercado de vivienda tradicional es marginal. En concreto, la inversión atribuible a fondos representó, de media, únicamente el 1,86% del volumen total de vivienda transaccionado entre 2019 y 2024. Por tanto, las familias, los pequeños propietarios y los compradores domésticos han sido los protagonistas casi absolutos del mercado en el último lustro.

En un momento de creciente incertidumbre y tensión entre arrendadores y arrendatarios, el mercado del alquiler en España atraviesa una etapa especialmente compleja. La coexistencia de hasta ocho legislaciones distintas en vigor -en función de la fecha de firma de cada contrato- ha generado un escenario confuso que pone sobre la mesa la necesidad de profesionalizar el sector. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), "solo mediante una gestión cualificada, ética y regulada se podrá garantizar la estabilidad de un sector que hoy se debate entre la inseguridad jurídica y la desconfianza generalizada".

El abogado José Ramón Zurdo considera que sí es posible luchar contra la okupación de viviendas, pero con medidas mucho más efectivas que las adoptadas hasta el momento, que se han centrado en agilizar los procedimientos judiciales. Sin embargo, estas reformas han obviado una cuestión fundamental: ¿y si la vía judicial no fuera la más adecuada para abordar este complejo problema? El experto apuesta por permitir a las fuerzas del orden actuar de manera inmediata, sin necesidad de autorización judicial previa, como ocurre hoy en día.

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

Los expertos en arrendamientos y fiscalidad han empezado a hacer números sobre qué impacto tendrá la propuesta del Gobierno de poner en marcha una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler y apliquen una renta según el Índice de Precios de Referencia estatal, aunque las viviendas no se encuentren en una zona tensionada. A la espera de conocer los detalles de la medida, el mercado está dividido. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que no resulta rentable para los propietarios, mientras que los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman un ahorro solo en algunos casos y el Consejo General de Economistas calcula un beneficio de al menos 300 euros para la mayoría de los caseros.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) critica que las propuestas de PSOE y PP para solucionar el problema de la vivienda no incluyen medidas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores de vivienda en caso de impagos de los inquilinos. Según la compañía, la solución no pasa por intervenir más el mercado, sino por incentivar a los grandes creadores de oferta, que son los arrendadores particulares, con normas estables en el tiempo y no cambiantes. Mientras esto no se consiga, "la oferta irá en descenso y los precios de los alquileres se seguirán manteniendo altos", afirma.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explica en esta entrevista las consecuencias que está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado y que no ve necesario regular los alquileres temporales como pretende el Gobierno, puesto que los tribunales ya han aclarado las condiciones que deben darse para que sean considerados como tales. También cree que el uso de garantías públicas animaría a los propietarios a sacar viviendas a precios asequibles, defiende las ventajas de la gestión profesional y descarta una bajada de las rentas ante la inseguridad jurídica.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que la ausencia del nuevo índice de referencia para actualizar las rentas de los arrendamientos a partir de 2025 está generando incertidumbre entre propietarios e inquilinos. La Ley de Vivienda daba mandato al INE para tener elaborado un nuevo índice antes de finalizar este 2024, con una nueva tasa que no sufriera los vaivenes de la inflación (IPC). La compañía recuerda que "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar", y pide al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa".

Agencia Negociadora del Alquiler amplía su negocio más allá de los arrendamientos, con el foco puesto en el mercado de la compraventa. La compañía está ofreciendo a aquellos arrendadores que ya no quieren destinar sus viviendas al alquiler la posibilidad de gestionar su venta, ya sea a un inversor o un comprador tradicional. Según explica a idealista/news José Ramón Zurdo, director general de la ANA, detrás de este movimiento está la incertidumbre jurídica derivada de la Ley de Vivienda y la pérdida de interés del alquiler de propiedades.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya delimita la regulación de los arrendamientos de temporada y los diferencia de los alquileres de vivienda habitual. Aún así, se denota el trasvase de pisos de un tipo de arrendamiento a otro para saltarse los límites establecidos por la Ley de Vivienda a las subidas de los precios. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) piden mejorar la regulación, y presentan varias propuestas como un registro público, justificar el uso temporal del inmueble o penalizar sin beneficios fiscales a los caseros que hagan un mal uso.

La falta de oferta de alquiler está aumentando el número de subarriendos de habitaciones por parte de los inquilinos y sin el consentimiento del propietario, tal y como denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Pero el verdadero problema viene cuando quienes lo hacen buscan en el subarriendo un negocio, que, además, no lo declaran. Desde la ANA apuestan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas y penalizar estas prácticas en los contratos.

Tras poner como a los alquiles tradicionales a través de la Ley de Vivienda, el Gobierno prepara ahora la regulación de otras fórmulas como el arrendamiento de temporada, al que muchos propietarios están destinando sus inmuebles. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas nuevas intervenciones pueden "crear más tensión y que propietarios e inversores dejen de confiar en el mercado del arrendamiento", haciendo que el alquiler sea todavía "más inaccesible y elitista". Y alerta de que seguirán reduciendo el stock de pisos y presionando al alza las rentas.

Tanto el arbitraje como la jurisdicción ordinaria son vías admitidas en derecho para resolver los conflictos y reclamaciones relacionados con los arrendamientos, como por ejemplo tramitar un proceso de desahucio. Sin embargo, desde la Agencia Negociadora del Alquiler aseguran que el arbitraje es la fórmula más efectiva y rápida ante el colapso de los juzgados, aunque recomienda elegir bien la asociaciones privadas o corporaciones de derecho público que presten estos servicios de mediación.