Bono social

El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas. La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa pactada entre PNV y Junts para instar al Gobierno a que se reforme el acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que este llegue de manera automática a las familias más vulnerables, con las que cobran el ingreso mínimo vital, sin necesidad de burocracia. En España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares, según datos de la CNMC.

A tenor de una proposición no de ley presentada por el PNV, los socios parlamentarios del Gobierno como Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y Junts se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que se automatice para que llegue a las familias más vulnerables y se eliminen barreras burocráticas. En España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares, según datos de la CNMC.

Para paliar los efectos de los altos precios de la electricidad, en 2018 se creó una ayuda para rebajar la factura de luz y cuyo objetivo era el de proteger a hogares y familias vulnerables. Este programa, promovido por el Gobierno, busca aliviar la carga económica que suponen ciertos servicios

El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar gran parte del 'escudo social' vigente en materia energética para proteger a los colectivos más vulnerables, con la extensión de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, es decir, hasta que pase el próximo invierno, y manteniendo la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, en este caso hasta finales de este año. Además, se ha concedido el carácter indefinido a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de vecinos con con calderas comunitarias de gas natural.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado el real decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se prorrogan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Recoge la rebaja del IRPF que va a evitar que las personas que cobren el SMI tributen en el impuesto sobre la renta. Además, se extiende la vigencia del escudo social, como la prohibición de corte de suministro básicos a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. También se concede carácter indefinido a la TUR de gas natural, que afecta a las comunidades de vecinos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social de la luz y las ayudas para los consumidores industriales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para contener los efectos que está provocando la escalada de los precios energéticos a familias y empresas. Y una de las medidas es la puesta en marcha de un cheque de 90 euros que recibirán los consumidores vulnerables en un pago único. Estará disponible a partir de diciembre y se canalizará a través de las comunidades autónomas. También aumenta el descuento sobre la factura de la luz dentro del bono eléctrico, que pasa del 25% al 60%, para los vulnerables, y hasta un 70% para los severos.

A las medidas adoptadas en materia de alquiler, el Consejo de Ministros del martes 31 de marzo ha decretado que durante el estado de alarma en vigor no se pueda cortar el suministro de luz, gas o agua en ninguna vivienda. Además, se amplia el bono social para personas en situación de vulnerabilidad y se ofrece ayudas a las empleadas del hogar.

La compañía eléctrica ultima su propuesta al próximo Gobierno central para que modifique las condiciones para poder acogerse al bono social de la tarifa eléctrica.

Se confirman las subidas que sufrirán la luz y el gas en enero.