El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas.
La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.
¿Qué es el bono social eléctrico y cómo interviene el algoritmo BOSCO?
El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables. Su regulación está recogida en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 897/2017 y la Orden ETU/943/2017, que fijan los criterios que deben cumplir los solicitantes.
Para comprobarlos, las comercializadoras emplean BOSCO, un sistema informático diseñado para traducir la normativa a lenguaje de programación y aplicar, de forma automatizada, los requisitos legales. Dicho de otro modo: el algoritmo genera un resultado técnico que la Administración utiliza para dictar la resolución sobre la concesión o denegación de la ayuda.
El origen del conflicto: errores en la aplicación del bono social
La polémica no surgió de la nada. En 2018, la Fundación Ciudadana Civio descubrió que familias que cumplían con las condiciones legales se quedaban sin acceso al bono social. El sistema, encargado de cruzar datos con distintas bases, fallaba en colectivos concretos, como viudas o familias numerosas.
Pese a admitir incidencias en la aplicación del sistema, la Administración se negó a abrir el código fuente del algoritmo BOSCO, alegando que hacerlo supondría un riesgo para la propiedad intelectual, la seguridad pública y la protección de datos personales.
Tras varios intentos frustrados en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y la Audiencia Nacional, Civio llevó el caso al Supremo, que ahora le da la razón.
La posición del Tribunal Supremo sobre la transparencia algorítmica
El fallo es claro: el derecho de acceso a la información pública cobra especial importancia cuando los sistemas automatizados se aplican en el reconocimiento de derechos sociales.
El Supremo descarta que abrir el código ponga en riesgo datos personales, ya que precisa que el código fuente no contiene información de solicitantes ni bases de datos asociadas, sino únicamente la traducción informática de los requisitos legales previstos en la normativa.
Además, el alto tribunal añade un argumento llamativo: la transparencia algorítmica puede reforzar la seguridad. Cuantos más ojos independientes revisen el código, antes se detectarán vulnerabilidades y más sólido será el sistema.
Implicaciones legales: un precedente en el control de los algoritmos en la Administración
La sentencia supone un cambio de paradigma. A partir de ahora, las Administraciones deberán asumir que la tecnología con la que gestionan ayudas públicas no puede quedar al margen del escrutinio ciudadano.
El Supremo establece que conocer cómo funcionan estos algoritmos no solo es compatible con la legalidad, sino necesario para garantizarla. Y abre la puerta a que otros sistemas automatizados —cada vez más presentes en la gestión de servicios sociales, vivienda o fiscalidad— estén sujetos al mismo nivel de transparencia.
El código fuente de BOSCO deja de ser un “secreto administrativo” y pasa a ser información pública sujeta a escrutinio, abriendo la puerta a que las decisiones automatizadas de la Administración no sean incontrolables ni opacas.
¿Qué riesgos existían antes al no poder auditar el algoritmo del bono social?
Si el sistema cometía errores, los ciudadanos no tenían forma de comprobarlos. Esto podía generar exclusiones injustas, discriminaciones no previstas por la ley e incluso sesgos involuntarios. Además, sin acceso al código, resultaba imposible para terceros verificar si BOSCO aplicaba correctamente la normativa.
¿La transparencia garantiza un reparto más justo del bono social eléctrico?
La transparencia no garantiza por sí sola la justicia, pero sí hace posible vigilar y corregir injusticias. Si un hogar es rechazado indebidamente, los expertos podrán analizar si la causa está en el algoritmo y exigir su corrección. Dicho de otro modo, la publicidad del código no reparte directamente las ayudas, pero permite que nadie quede excluido sin que exista un control independiente.
Universidades, asociaciones de consumidores, organizaciones civiles o incluso técnicos independientes podrán revisar el código, detectar vulnerabilidades y proponer mejoras. Esta auditoría abierta fortalece el sistema en lugar de debilitarlo.
¿Cómo afecta esta sentencia a los hogares que solicitan el bono social?
Si antes podían producirse errores sin posibilidad de verificación, ahora los solicitantes cuentan con la certeza de que el algoritmo podrá ser revisado y corregido si se detectan fallos, reforzando el derecho de los hogares a que su solicitud se valore conforme a la ley, sin arbitrariedades ocultas en un sistema informático.
Más transparencia en los algoritmos públicos
El caso de BOSCO y el bono social eléctrico trasciende la mera gestión de una ayuda energética, convirtiéndose en un símbolo de la transparencia algorítmica y de la exigencia ciudadana de controlar cómo la Administración aplica la tecnología en decisiones que afectan a derechos fundamentales.
El Tribunal Supremo ha lanzado un mensaje claro: los algoritmos públicos no son cajas negras inaccesibles, sino herramientas que deben estar sometidas a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
La sentencia no solo abre el código de BOSCO, sino que inaugura una etapa en la que los ciudadanos podrán exigir acceso y supervisión sobre los sistemas automatizados que marcan el acceso a prestaciones sociales, vivienda o ayudas fiscales.
El precedente es claro: la Administración no puede apoyarse en algoritmos opacos sin ofrecer garantías de control. Aunque cada caso deberá ponderarse conforme a los límites previstos en la Ley, a partir de ahora la transparencia se convierte en un requisito esencial para asegurar que la digitalización del sector público avance al servicio de los ciudadanos y no a espaldas de ellos.
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El Congreso pide que el bono social eléctrico llegue de forma automática a los más vulnerables
El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa pactada entre PNV y Junts para instar al Gobierno a que se reforme el acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que este llegue de manera automática a las familias más vulnerables, con las que cobran el ingreso mínimo vital, sin necesidad de burocracia. En España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares, según datos de la CNMC.
¿Qué es el bono social térmico, cómo pedirlo y cuándo lo abonan?
Para paliar los efectos de los altos precios de la electricidad, en 2018 se creó una ayuda para rebajar la factura de luz y cuyo objetivo era el de proteger a hogares y familias vulnerables. Este programa, promovido por el Gobierno, busca aliviar la carga económica que suponen ciertos servicios básicos durante los meses más fríos del año.
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