límite alquiler

Los contratos de alquiler a los que les toque la revisión anual en junio seguirán viendo un incremento limitado al 2% durante el próximo año. Este tope supondrá una subida de la renta de alrededor de 180 euros/año de media, aunque los mayores aumentos se dan en Barcelona, San Sebastián o Madrid. Tras más de un año sin que la inflación esté vinculada a los contratos de arrendamiento, el dato definitivo del IPC de mayo (3,2%) confirma que es el más bajo desde que el Gobierno aplicó este límite a los alquileres. Una actualización que habría dejado la renta en 288 euros más al año, 108 euros de diferencia con la renovación media actual.

La Ley por el Derecho a la Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo abre la puerta a la congelación de las rentas del alquiler y a no recuperar la posesión del inmueble en caso de impago del alquiler. Así lo han puesto de manifiesto juristas durante la Jornada sobre esta ley organizada por el Consejo General de los COAPI de España y el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM).

La Ley de Vivienda entró en vigor el pasado 26 de mayo, tras un largo proceso de enmiendas y debate parlamentario, pero puede tener los días contados: el ha abierto la puerta a derogar la Ley de Vivienda si ganas las elecciones del 23 de julio. Según explica Natalia Tova, abogada de EY, el fin de la normativa podría hacer peligrar la concesión de préstamos y transferencias de los fondos europeos si Bruselas lo considera como una revocación de una norma encaminada a cumplir un hito del Plan de Recuperación, como es fomentar la vivienda asequible.

En casi la mitad (49%) de los cerca de 300 municipios que cumplirían con los criterios para ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado, según el estudio de idealista, el partido ganador de las pasadas elecciones municipales del 28M fue el Partido Popular, que ya ha anunciado su negativa a aplicar este control a los precios de los alquileres. Si sumamos a otras formaciones que se han mostrado en contra del tope a las rentas, el porcentaje se eleva al 53%, mientras que en solo un 39% de estas localidades, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite al alquiler, principalmente el PSOE.

El Govern de Cataluña ha iniciado la actuación preparatoria para definir las zonas en las que se limitará el precio de los alquileres residenciales previsto en la Ley de Vivienda. Se trata de un trámite necesario para poder topar las rentas en aquellos ámbitos territoriales donde haya poca oferta de vivienda asequible. La Generalitat también ha reclamado por carta al Gobierno central la homologación del índice de referencia de los precios del alquiler catalán, ya vigente, y que será el indicador base para aplicar dicha regulación.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada carga contra las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación. Asegura que el balance está siendo "muy decepcionante" y que el Ejecutivo ha usado de forma excesiva los procedimientos de urgencia para aprobar las normativas, lo que puede "haber repercutido negativamente sobre su calidad". De la Ley de Vivienda en concreto alerta de que el tope a las rentas reducirá más la oferta y que hay medidas que aumentan la inseguridad jurídica que los propietarios y constituyen un importante desincentivo a la inversión.

Las zonas de mercado residencial tensionado y el límite a los alquileres mueren antes de nacer. La medida más polémica de la nueva Ley de Vivienda puede decir prácticamente adiós a sus efectos tras los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M. El Partido Popular ya había destacado que no aplicaría esta medida en las CCAA y ayuntamientos donde gobernase, y tras las votaciones, el mapa de España se vuelve azul en 10 CCAA, con el apoyo de Vox. El anuncio del adelanto electoral de las generales al 23 de julio podría llevar incluso a la derogación de la Ley de Vivienda, en caso de que ganase el PP.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, Héctor Illueca, ha firmado este viernes, antes del cierre de campaña, la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la Ley de Vivienda. El gobierno autonómico pretende topar los alquileres en las tres capitales de provincia, Valencia, Alicante y Castellón de la Plana, y otros 80 municipios catalogados como de alta necesidad.

Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aparecerán nuevos términos como los de vivienda asequible incentivada o las zonas de mercado residencial tensionado, que se centrará, sobre todo, en el alquiler. Se consolida la diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario de vivienda y se establecen normas para la intermediación inmobiliaria o la ampliación del parque público de viviendas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda ya es una realidad, pero no todas las medidas van a entrar en vigor de manera inmediata. La normativa con más cambios en el mercado residencial de los últimos tiempos llega con uno de los temas más polémicos para el sector: el tope a los alquileres y las zonas tensionadas. Desde el 26 de mayo de 2023, los intermediarios están obligados a suministrar datos sobre las viviendas y sus propietarios, mientras que las nuevas reducciones fiscales se activarán el 1 de enero de 2024, y no tendrán efecto en la renta hasta 2025. El límite a las rentas es una de las muchas medidas que, sin embargo, todavía están pendientes de activación, al estar supeditada a que las CCAA declaren zonas tensionadas de precios. Una declaración que exige una larga lista de condiciones y trámites.

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha traído consigo una fuerte crítica a la posibilidad que da de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta en arrendamiento. También, se cuestionan se invade competencias autonómicas, además del carácter confiscatorio contra la vivienda vacía, de no luchar contra la okupación y no abordar la profesionalización del sector.

La Ley de Vivienda ya es una realidad tras lograr su aprobación en las Cortes Generales por la vía de urgencia, tras estar más de un año encallada en el Congreso de los Diputados. Finalmente, el Gobierno de coalición alcanzó un pacto con ERC y EH-Bildu. En cuanto se publique en el BOE, se eliminará el IPC como referencia para actualizar la renta, cambiarán los procedimientos de desahucios, ejecuciones hipotecarias y subasta de inmuebles, se podrán considerar zonas de mercado tensionado de alquiler para limitar precios y habrá nuevas deducciones fiscales y más impuestos a los pisos vacíos.

La Ley de Vivienda aprobada en el Senado va a provocar unos efectos contrarios a los deseados. Según Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, la normativa puede generar un conflicto entre dos preceptos constitucionales: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Además, provocará una reducción de la oferta de vivienda en alquiler y mayor selección de los inquilinos. También critica la indefensión jurídica a la que se ven expuesta los propietarios, sobre todo los grandes tenedores de viviendas.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha advertido de que las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya están notando la fuga de pisos del alquiler de larga estancia hacia otras modalidades de alquiler o compra, sobre todo en las grandes ciudades, antes de que la nueva Ley de Vivienda entre oficialmente en vigor. "Lejos de atajar de raíz el grave problema que existe en España con el alquiler, lo agravará, ya que está causando mucha incertidumbre entre los arrendadores", destaca su presidente, José María Alfaro.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha analizado las consecuencias que traerá la nueva Ley de Vivienda tras producirse su aprobación definitiva en el Senado.

Los alquileres a los que les toque la revisión anual de su contrato en mayo seguirán viendo un incremento limitado del 2% durante el próximo año. Con este tope, la subida supondrá alrededor de 175 euros anuales a nivel nacional, con mayores aumentos en Barcelona, San Sebastián o Madrid. De haber seguido vinculado al IPC, la próxima actualización habría sido de unos 360 euros/año, tras el 4,1% de inflación en abril. La Ley de Vivienda, a punto de aprobarse, va a eliminar el IPC como indicador de referencia de los contratos a partir de 2025.

El Informe Anual de 2022 del Banco de España incide en que la tenencia de vivienda en propiedad en nuestro país ha caído en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y está provocando un aumento de la desigualdad. El organismo valora la llegada de la Ley de Vivienda pero avisa de que medidas como el control de rentas podría generar efectos indeseados a medio plazo, como la reducción del número y la calidad de los pisos disponibles en el mercado o un incremento en zonas no reguladas. Además, alerta de que otras iniciativas del Gobierno como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda".

Tras más de un año de tramitación parlamentaria y casi un millar de enmiendas, el Gobierno ha conseguido desatascar el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ya está en el Senado y podría entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. Entre sus medidas destacan los topes a los alquileres, la puesta en marcha de nuevas deducciones fiscales para arrendadores que cumplan determinadas condiciones, los cambios en la duración de los contratos o la sustitución del IPC por otro índice de referencia para actualizar las rentas. Esas son, según Natalia Tova, abogada de EY, las novedades que tendrán más impacto en la vida diaria.

Ignacio Ortiz, ingeniero de Caminos y miembro del Colegio de Caminos, analiza las claves de la nueva Ley de vivienda que se quiere aprobar definitivamente y de manera urgente antes del 28 de mayo. En su opinión, cerca del 60% de los hogares en nuestro país se encuentra en zonas tensionadas, es decir, en zonas donde se limitará los precios para todo tipo de propietarios. Además, estima que vamos camino de la renta antigua ante la eliminación de la vinculación del IPC a las actualizaciones de rentas.

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) afirma que la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción "drástica" de la oferta en el mercado del alquiler, entre otros muchos "efectos indeseados" que ha detectado como el incremento de la inseguridad jurídica o el aumento de otro tipo de alquileres en detrimento del residencial. La organización reitera en las desigualdades sociales y económicas entre autonomías, la desaparición de inmobiliarias y el perjuicio hacia los propios inquilinos por las limitaciones a los propietarios.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se suma a las voces que alertan de que el control de precios de los alquileres que plantea la Ley de Vivienda, que votará este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados, puede provocar el efecto contrario al buscado. A pesar de que puede funcionar a corto plazo, de Cos pide tener una visión a medio y largo plazo en materia de vivienda y alerta que, en ese caso, puede lastrar la oferta e impactar en el resto de mercados donde no se aplican.

La Ley de Vivienda encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras pasarse más de un año paralizada en la Cámara Baja, el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la normativa, lo que supone el último trámite antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Partidos como Vox y Ciudadanos han criticado las prisas del Gobierno para desatascar en pocas semanas la norma gracias a un acuerdo con ERC y Bildu.