El último boletín de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) repasa las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación y su conclusión es tajante: el balance está siendo "muy decepcionante".
Fedea advierte de que en los últimos dos años y medio se han aprobado numerosas normas legales, algunas de ellas de gran importancia económica y social, respetando generalmente el calendario previsto, aunque "a costa de una utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad". Y hace una mención especial a una de las normativas de mayor calado de la legislatura: la Ley de Vivienda.
Según la fundación, la normativa, que estuvo más de un año paralizada en el Congreso de los Diputados antes de entrar en vigor el pasado 26 de mayo, aunque busca en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, "contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad".
El documento insiste en que la normativa incorpora algunas disposiciones que califica como "contraproducentes o al menos arriesgadas". Y una de ellas es la introducción de medidas de control de alquileres en áreas consideradas “tensionadas” por las administraciones locales o regionales.
El tope a las rentas aparece en la Disposición Final primera, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para introducir controles de rentas para los nuevos contratos de arrendamiento firmados en zonas declaradas tensionadas. Como resume el documento, la renta del nuevo contrato sólo podrá aumentarse de acuerdo con lo previsto en la cláusula de actualización del contrato anterior. El incremento sobre la última renta bajo el contrato anterior podrá ampliarse hasta el 10% cuando la vivienda haya sido objeto de actuaciones de rehabilitación o mejora durante los dos años anteriores al inicio del nuevo contrato. Si el arrendador es una persona jurídica y gran tenedor, la nueva renta no podrá superar el límite máximo de precio aplicable de acuerdo con el sistema de índices de precios de referencia. Este último límite será también de aplicación a los contratos de inmuebles que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años.
Este límite a los precios de los alquileres, Fedea considera que es "una medida que inevitablemente tenderá a agravar los problemas de oferta que el Gobierno presumiblemente busca aliviar", recalca.
El boletín también añade que "la parte más delicada del texto es la que busca “dar contenido” al derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española. El texto no concreta demasiado el contenido del derecho y a la vez introduce algunos elementos que pueden ser problemáticos, como la noción de deberes asociados a la propiedad de la vivienda con el fin de “garantizar la función social de la propiedad.” Estas disposiciones tienden a aumentar la inseguridad jurídica que los propietarios de vivienda ya sufren con anterioridad a la ley, lo que constituye un importante desincentivo a la inversión que tiende a limitar la oferta de vivienda de alquiler".
Un balance decepcionante de los fondos europeos
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el balance de las reformas ligadas al Plan de Recuperación está siendo "muy decepcionante", ya que algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de medidas necesarias.
"Lamentablemente, el balance de estas reformas está siendo muy decepcionante", ha señalado la Fundación en su informe. En concreto, Fedea menciona en su informe dos de los casos más paradigmáticos y preocupantes de reformas "mal planteadas".
El primero es la reforma del sistema público de pensiones, ya analizada en varios documentos de la Fundación. En su opinión, esta reforma debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario, "al introducir una serie de disposiciones que pondrán una fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas".
Incluso con la nueva cláusula de salvaguarda del MEI, que obligará "más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales" para financiar en parte el aumento del gasto, Fedea ha advertido de que el efecto previsible de la reforma será un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado, "dejando poco margen para otras prioridades de gasto e inversión".
El trabajo repasa también otras dos normas en tramitación que son buenos ejemplos de las limitaciones de buena parte de la reciente ronda de reformas. El proyecto de ley de función pública estatal viene, en principio, a desarrollar algunas innovaciones esbozadas en el Estatuto básico del empleado público que podrían ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública mediante la profesionalización de sus directivos y la mejora de las herramientas de las que estos disponen para incentivar el buen desempeño del personal y para desplegar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades del servicio.
Sin embargo, Fedea asegura que "los avances son excesivamente tímidos, desvirtuándose, por ejemplo, el papel de las nuevas evaluaciones de desempeño a la vez que se introducen nuevos elementos de rigidez que tendrán efectos contrarios a los supuestamente buscados, como la exigencia de pactar por adelantado con los sindicatos cuestiones clave para el buen funcionamiento de las administraciones".
Algo más positivo es el balance que hace la fundación sobre el proyecto de ley de familias, que introduce una bienvenida actualización del concepto de familia para adecuarlo a la cambiante realidad social y, en coherencia con ella, extiende algunas ayudas antes restringidas a familias numerosas o parejas casadas a nuevos beneficiarios. Sin embargo, critica que el texto "se alarga innecesariamente con un voluntarioso catálogo de buenos propósitos que en muchos casos carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes".
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