Cataluña aplicará cuanto antes el tope al alquiler de la Ley de Vivienda

El Govern de Cataluña ha iniciado la actuación preparatoria para definir las zonas de Cataluña en las que se limitará el precio de los alquileres residenciales previsto en la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo.

Este trámite previo es "necesario para declarar las zonas de mercado residencial tensionadas en aquellos ámbitos territoriales donde existe un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible", ha explicado la Generalitat en un comunicado este martes, tras la reunión del Consell Executiu.

La Generalitat también ha reclamado por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la homologación del índice de referencia de los precios del alquiler catalán, "que está vigente y plenamente operativo y que será el indicador base para aplicar la regulación". Se trata del índice que ya se utilizó para limitar los precios del alquiler con la normativa pionera que Cataluña impulsó en 2020 en materia de contención de alquileres (Ley 11/2020) y que el Tribunal Constitucional tumbó.

“Vamos más tarde de lo que quisiéramos porque Cataluña fue pionera en esta cuestión, pero el Gobierno español frenó su despliegue con un recurso ante el Tribunal constitucional. Desgraciadamente, demasiadas veces el progreso en Cataluña queda frenado por formar parte del Estado”, ha denunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Según ha dejado entrever Plaja, la voluntad del Govern es aplicar la nueva ley lo antes posible. “Se han perdido demasiados meses en una decisión que no beneficiaba ni a las familias trabajadoras, ni a los jóvenes ni a las personas mayores, y es por eso que con la máxima celeridad posible el Gobierno de Cataluña vuelve a poner la maquinaria en marcha porque la limitación del precio del alquiler vuelva a estar vigente”, ha insistido. 

En qué consiste la declaración de zona de mercado residencial tensionado

Una de las principales medidas de la Ley de Vivienda establece el control de los alquileres en aquellas zonas que se declaren tensionadas. Pero esta actuación depende del trabajo, primero de los ayuntamientos, y luego de las CCAA para elaborar un estudio sobre la situación del mercado que se pretende intervenir para elevarlo al Gobierno Central.

Recordamos que esa memoria debía incluir si el mercado se podría declarar tensionado cumpliendo uno de estos desequilibrios evidentes:

a) Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la CCAA correspondiente.

El trámite seguía con el envío del informe y su resolución a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que con carácter trimestral, aprobaría y publicaría la relación de zonas de mercado residencial tensionado. La vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado sería de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. Algo que todo parece indicar que no va aplicar casi ninguna CCAA, sobre todo tras los resultados electorales del 28M.