El covid-19 retrasa el pago de facturas y amenaza la supervivencia del 10% de las empresas

La falta de actividad empresarial derivada del estado de alarma por el coronavirus ha llevado a máximos el retraso con el que las empresas cobran por los servicios realizados.

Según un estudio de Crédito y Caución, en el que han participado más de 700 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, el 24% de las empresas debe esperar más de 90 días para poder cobrar las facturas, un porcentaje que supera al registrado en 2012 y 2013, los dos años más críticos de la crisis económica y financiera y cuando España estuvo al borde del rescate internacional. Respecto al año pasado, la cifra se ha incrementado en más de dos veces.

La compañía sostiene que “el actual contexto económico está provocando un empeoramiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales. Solo el 33% de las empresas opera con los plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Hace un año, prácticamente la mitad del tejido empresarial trabajaba a menos de 60 días”. Y añade que “el 79% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes”.

En este escenario, el sector público es el que menos se retrasa en el pago de las facturas, mientras que las pymes son las que realizan más tarde el abono. La principal causa de la subida récord del plazo de pago están la falta de fondos disponibles, aunque también influyen otros factores, como el retraso intencionado por parte de los clientes, la complejidad del procedimiento de pagos, las disputas sobre la calidad de los productos/servicios y las facturaciones incorrectas. “Por primera vez desde 2016, la falta de disponibilidad de fondos vuelve a ser la razón más citada (con un 55%)”, alerta Crédito y Caución, aunque su peso sigue estando por debajo del alcanzado en los últimos años. Por ejemplo, en 2014 y coincidiendo con el despegue económico, la falta de disponibilidad de fondos era el principal motivo del retraso en los pagos para el 75% de las empresas.

La morosidad, una amenaza para la supervivencia

Otra de las consecuencias que está provocando la crisis del covid-19 es el repunte de los impagos. Según los datos que maneja Crédito y Caución, “dos de cada tres empresas españolas sufren el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 10% afirma que corre el riesgo de cerrar”.

El estudio destaca que “la falta de control sobre la morosidad empresarial es un riesgo para la actividad empresarial”, ya que “el incumplimiento de los pagos acordados genera importantes tensiones de liquidez en una situación como la actual y es especialmente desestabilizadora en la operativa de las empresas de menor tamaño. Si se llega al impago del de una venta a crédito comercial, la pérdida equivale a los costes de producción del producto. El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes solventes necesarias para compensar la pérdida”.

Y casi la mitad de las empresas españolas (un 44%) afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad y el 35% registra un incremento de sus costes financieros. Además, el 15% se ve obligada a limitar sus nuevas inversiones y un 20% a frenar su expansión comercial. Pero el dato más preocupante es que el 10% de las empresas asegura que los impagos amenazan su supervivencia.