Las empresas públicas y privadas siguen burlando la ley al pagar a sus proveedores

Las empresas pagan a sus proveedores tarde… mucho más de lo que deberían. El último informe que ha presentado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) revela que no importa si es el sector público o el privado el que contrata los servicios de una pyme o un autónomo: el plazo en el que se liquidan las facturas supera de largo el que dicta la ley.

En 2015, sin ir más lejos, los entes públicos tardaron 75 días de media en abonar las facturas pendientes y las empresas privadas, 85 días. ¿Y qué plazos contempla la normativa para estos casos?  Establece 30 y 60 días, respectivamente. Esto significa que el sector público duplica el periodo legal (paga mes y medio más tarde), mientras que el privado lo hace casi un mes después (los retrasos rondan los 25 días).

Pero lo peor no son los retrasos en sí, sino que las empresas incluyen en los contratos con los proveedores que les pagarán más tarde de lo normal a sabiendas de que no van a ser capaces de cumplir la normativa. “El año pasado el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004”, recalca el estudio.

Nos encontramos, según la plataforma, ante una situación que debe acabar cuanto antes, ya que, desde el inicio de la crisis, la morosidad ha sido el detonante de uno de cada tres cierres de empresas; es decir, de la quiebra de unos 170.000 negocios. Por eso, insiste, prácticamente la totalidad de los encuestados se ha mostrado a favor de implantar un régimen sancionador (un 95% de acuerdo con el estudio) para multar a las empresas incumplidoras.

Ésa, de momento, parece ser la única vía para minimizar el impacto de la morosidad empresarial sobre pymes y autónomos, ya que ni siquiera el amparo que han recibido autonomías y ayuntamientos por parte del Estado ha logrado meter en vereda el plazo medio de pago.

Solo entre 2012 y 2014, recuerda el diario Expansión, el Ministerio de Hacienda prestó a las Administraciones regionales y locales más de 41.800 millones de euros para saldar sus deudas a través del famoso plan de pago a proveedores. Esta multimillonaria inyección, desde entonces, ha permitido reducir a la mitad el plazo medio de pago, pero sigue sin situarlo dentro del que dicta la normativa.

“Debemos valorar las políticas implementadas en el ámbito público de forma positiva, ya que sistemáticamente mejoran año tras año, aunque todavía se está lejos de los 30 días que marca la legislación actual.  No obstante, no se puede decir lo mismo en el ámbito privado, en cuyo caso la reducción del plazo ha sido más lenta”, insiste el estudio.

Según sus cálculos, el plazo medio ha pasado de los 93 días de 2012 a los 85 actuales, lastrado principalmente por las grandes empresas (incluidas las que cotizan en el Ibex 35) que llegan a pagar hasta tres veces más tarde de lo permitido.  

“Para atajar realmente la lacra de la morosidad en el ámbito público como en el privado necesitamos un revulsivo y creemos que vendrá de la mano de la Unión Europea”, explica Antoni Cañete, presidente de la institución.  

Bruselas y el pago de 3.000 millones

Los constantes retrasos en el pago a proveedores que se producen en España están siendo vigilados muy de cerca por Europa, que podría posicionarse a favor de autónomos y pymes antes del verano.

Durante los últimos años, ocho de cada diez proveedores han renunciado a cobrar los intereses de demora a cambio de recibir el importe que reflejaban sus facturas, aunque todo apunta a que Bruselas obligará al sector público a que abone los 3.000 millones de euros que suponen esos intereses en su conjunto.

“La plataforma ha podido conocer que Bruselas debe dictar una sentencia en breve que podría obligar a las Administraciones Públicas a liquidar a los proveedores los intereses de demora devengados (unos 3.000 millones de euros), cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas”, señala el informe.

No hay duda de que una sentencia favorable sería una gran noticia para los acreedores, aunque la plataforma alerta que el veredicto comunitario llegaría con el tiempo justo para poder reclamar.

“Si Bruselas dicta la sentencia, los afectados tendrían muy poco tiempo para reaccionar al prescribir la deuda este mayo para los que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores. Si no saliera adelante, estos proveedores tendrían que dar ya por perdido su derecho a cobrarlos al prescribir, a menos que sigan unos pasos determinados”, aclara el organismo.

La PMcM insiste en que la mejor forma para asegurarse de que cobrarán los intereses que les corresponden legalmente es reclamarlos antes de mayo para congelar su prescripción y ofrece a través de su web un modelo de carta de reclamación que permite interrumpir el plazo de prescripción, así como una herramienta que calcula los intereses adeudados en cada caso.