Si hay una frase de moda en el sector inmobiliario es la de desarrollar vivienda en alquiler en colaboración pública-privada. Sin embargo, Jorge Ginés, director general de Asprima, asegura que en la construcción tiene mucho más peso el sector privado. Mientras los trabajos de urbanización y edificación y la financiación corresponden a empresas, la comunidad autónoma o el ayuntamiento define las normas y, como mucho, pone el suelo. De ahí que afirme que la expresión más adecuada sería colaboración privada-pública. Ginés también defiende la necesidad de trabajar juntos para resolver los problemas sociales, incluida la falta de acceso a la vivienda.
Las previsiones del Gobierno apuntan a que este año el gasto público alcanzará el 51,5% del PIB, una cifra que registra una subida de 10 puntos en apenas una década y supera en tres puntos el registrado en 2012, el año más complicado de la crisis anterior. Es la primera vez que el peso del sector público supera al del sector privado. Es la primera vez en la democracia que supera el sector privado.
Un estudio de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ha analizado el tiempo que están los funcionarios y los empleados del sector privado de baja, y el coste por día indemnizado. Y su conclusión es que las incapacidades temporales en lo público son más largas y más caras. De media, duran 16 días más y cuestan un 30% más por día indemnizado.
Prácticamente la mitad de las autonomías gestiona actualmente más entes públicos que antes de que estalla la crisis. A pesar de que en 2012 los territorios pactaron con el Gobierno reordenar y racionalizar el sector público, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña y Extremadura siguen teniendo más fundaciones, consorcios y organismos administrativos y comerciales que en 2004. Eso sí, en el último lustro los ajustes han sido generalizados en toda España.
La ONG Transparencia Internacional (TI) ha vuelto a publicar el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) por 167 países.
Un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revela que la mayoría de los proveedores cobra las facturas mucho después de realizar los servicios por los que han sido contratados. El plazo medio de pago en el sector público se sitúa en 75 días, frente a los 30 que marca la normativa, mientras que en el privado se eleva hasta 85 días, frente a los 60 legales. Bruselas ya ha abierto la puerta a que los afectados puedan reclamar los intereses de demora que les corresponden.
En España existen 3,17 millones de empleados públicos. De ellos, 220.000 se jubilarán en tres años.
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