El Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de un propietario que exigía al Estado una indemnización de 425,52 euros por la limitación en la actualización de rentas de alquiler al 2% (durante 2022 y 2023), fijada en el Real Decreto-Ley 20/2022, y que el Gobierno subió al 3% durante 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima el recurso, sino que impone el pago de costas procesales al demandante. El propietario alegaba que el perjuicio cumplía los requisitos legales para ser resarcido: un daño económico real, con carácter antijurídico, derivado de una norma que, en su opinión, restringía la propiedad privada y alteraba la seguridad jurídica prevista en la LAU.