El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande García-Romeu, ha defendido las políticas fiscales como medidas que pueden contribuir "a aliviar parte de los problemas que afectan al mercado inmobiliario".
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En el discurso inaugural que ha pronunciado en el Curso de Verano de Aedaf en Santander, el presidente de la asociación ha recordado el importante papel que desempeña el aspecto tributario de las operaciones inmobiliarias, en particular en el ámbito autonómico.
"El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados representa más de la mitad de la recaudación de los tributos cedidos gestionados directamente por las comunidades autónomas de régimen común, a lo que hay que añadir la importancia de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio", ha señalado.
Bande ha citado también otros impuestos locales y estatales que inciden en la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias, como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Durante su intervención, ha reclamado “criterios claros y previsibles que permitan al contribuyente saber a qué atenerse antes de tomar sus decisiones. En un ámbito de tanta trascendencia económica, la seguridad jurídica es clave”. Y ha añadido que “la fiscalidad, por sí sola, difícilmente puede corregir los efectos de un marco normativo que no ofrezca suficiente seguridad y confianza. Pero sí puede contribuir, facilitando operaciones e incentivando determinadas decisiones”.
Además de la Aedaf, el mundo económico también se muestra a favor de reformar la fiscalidad para facilitar el acceso a la vivienda, impulsar el desarrollo de vivienda asequible y fomentar que salgan más inmuebles al mercado.
Según afirmaron varios economistas durante una jornada organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana a finales de junio, España tiene la cuarta mayor presión fiscal sobre la vivienda de la UE, solo por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica, lo que está suponiendo un lastre para la inversión, para la promoción de obra nueva y para que los propietarios saquen viviendas al mercado. Para revertir la situación, recomiendan modificar un sinfín de tributos, desde el IVA al IRPF, pasando por el ITP y Sucesiones, así como garantizar la seguridad jurídica en el alquiler y el urbanismo.
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