El Ayuntamiento de la Ciudad Condal aprobó deprisa y corriendo un plan para regular los pisos turísticos, en el que se restringe la concesión de nuevas licencias hasta la entrada en vigor del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT). Esta medida fue muy criticada por la oposición y el sector turístico por no respetar el procedimiento ordinario y justo cuando solo faltaba un mes para que finalizara la moratoria para nuevas licencias de viviendas vacacionales dictada por el anterior gobierno municipal.
El consistorio dirigido por Ada Colau se encontró ‘in extremis’ con la papeleta de controlar la concesión de nuevas licencias para los pisos turísticos mientras se prepara la entrada en vigor del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que controlará la concesión de nuevas licencias para alojamientos turísticos de todo tipo en la ciudad, desde hoteles a albergues como a pisos para alquiler vacacional.
La improvisación surge porque mientras llega el PEUAT, la moratoria aprobada contra las nuevas licencias de pisos turísticos durante la alcaldía de Xavier Trías concluía el próximo mes de mayo. En ese ‘impasse’ de tiempo, entre el fin de esta prórroga y la llegada del PEUAT, el consistorio de Ada Colau se habría encontrado con una avalancha de peticiones de nuevas licencias. Actualmente hay 9.600 viviendas para uso turístico en Barcelona legalizadas.
Con el reciente Plan Especial Urbanístico para la regulación de los pisos turísticos, el gobierno de la Ciudad Condal salva las papeletas y establece que no dará ninguna nueva licencia hasta que no se dé de baja ninguna ya existente. En caso de que se produzca algún cierre, solo se darán nuevas licencias en los barrios periféricos. Este plan para controlar el alquiler turístico vacacional se integrará como parte del futuro PEUAT y supone la mayor crítica de la oposición. “Se ha aprobado parte del plan de alojamientos turísticos por la puerta de atrás”, sentencian.
"Es muy grave, demasiado. Su aprobación contiene un error de procedimiento porque se aprueba sin exposición pública ni alegaciones”, afirma el presidente de la patronal de los pisos turísticos, Apartur, Enrique Alcántara.
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