El estreno del Salón Inmobiliario de Madrid, que celebra este año su 25ª edición, ha tenido entre sus grandes protagonistas a la Ley de Vivienda. Una normativa que está a punto de cumplir un año en vigor y que esta semana ha sido respaldada en su mayoría por el Tribunal Constitucional.
Durante la inaguración oficial de la mayor feria inmobiliaria de España se han sucedido las declaraciones en defensa y en contra de esta ley, que tiene enfrentados al Gobierno central y a muchas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid ha abanderado las críticas en los últimos meses. Y ha vuelto a insistir en los efectos nocivos que considera que está provocando en el mercado.
José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha afirmado durante su intervención que "la mera aprobación de la Ley de Vivienda elaborada por el Gobierno hace un año ya genera en sí misma incertidumbre", y ha recordado que "se ha declarado parcialmente inconstitucional".
De hecho, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía y ha anulado varios puntos de la ley, como los relacionados con la invasión de competencias con las CCAA en materia de vivienda protegida, el parque público de viviendas o la información que deben aportar los grandes tenedores.
Pero, según García, "esto no significa que el resto de la ley sea buena", sobre todo porque en su primer año en vigor está teniendo un impacto directo en la oferta de viviendas destinadas al alquiler. "Se está produciendo una huida hacia otros mercados como los arrendamientos temporales y turísticos. Está habiendo una presión en ese brutal mercado: reduce la oferta, el arrendamiento a largo plazo y, por tanto, la igualdad".
El viceconsejero de vivienda regional también ha incidido en que "el intervencionismo, el cortoplacismo y la falta de apoyo de la sociedad civil y de los agentes que deben mover este sector tienen efectos perniciosos. Pero lo más grave es que todas las sociedades que han practicado el intervencionismo están abocadas al fracaso. Quien no sea consciente de eso es que no lo quiere ver".
Su visión está lejos de la que ha expuesto David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, que ha insistido en que el problema del acceso a la vivienda no ha surgido en los últimos tiempos, sino que viene de lejos. Durante su discurso, Lucas ha aseverado que se trata de una problemática "de una magnitud enorme" que "hay que analizar correctamente" y que no responde a la puesta en marcha de la normativa.
"La Ley de Vivienda es joven y tiene muchas cosas buenas" y, en su opinión, "quien piense que el problema viene de la Ley de Vivienda se equivoca". Lucas ha puesto como ejemplo el caso concreto de la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde el mercado del alquiler tiene más presión y es más difícil acceder a la vivienda, a pesar de que la región no ha declarado zonas tensionadas y, por tanto, no se ha activado el tope de las rentas, como sí ha sucedido en Cataluña.
El secretario de Estado de Vivienda también ha querido insistir en la necesaria colaboración entre Administraciones y sector privado para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible de la ciudadanía. En este sentido, ha explicado que "las políticas urbanas se deben hacer colaborando, estrechando lazos y, sobre todo, aprovechando el impulso de lo que nos unen".
Llamamiento a aprobar la Ley del Suelo
Otra normativa que ha estado en el foco de la inaguración de SIMA es la reforma de la Ley del Suelo, que pretende limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística. Este 23 de mayo, el texto se votará en el Congreso de los Diputados.
David Lucas ha puesto en valor la reforma de la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno y ha destacado que es una reforma que ha sido “reiterada, reclamada y pedida por entidades locales y por comunidades autónomas de manera insistente, así como por el sector”. Asimismo, ha recordado que diversas instituciones públicas han solicitado que se lleve a cabo, entre ellas la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo solicitó mediante un manifiesto aprobado por unanimidad.
Según Lucas, la reforma “se sustenta sobre la base de resolver un problema real existente en el urbanismo español de intentar dar seguridad jurídica y de que los ayuntamientos puedan planificar, puedan desarrollar el urbanismo necesario para sus ciudadanos”. Y que supone “una oportunidad” para “garantizar la seguridad de ayuntamientos, de comunidades autónomas y por supuesto, del sector, que lo está reclamando”.
Sin embargo, son varios los partidos que han anunciado que votarán en contra del texto. Sumar es uno de ellos, ya que considera que la norma abre las puertas al "pelotazo urbanístico". Su voto se unirá al de Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Junts, que han pedido devolver el proyecto al Ejecutivo.
Son muchas las voces inmobiliarias que han insistido en la necesidad de que la reforma salga adelante. Y una de ellas ha sido la de Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Promotores de España (APCE), quien ha insistido en que "el suelo es la materia prima" del sector y que, por tanto, "la Ley del Suelo es la base para producir más viviendas y que los planeamientos salgan adelante". En su opinión, es clave que el texto salga adelante.
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