El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado la rebaja del IVA de los carburantes, la luz y el gas, y la batería de medidas económicas y fiscales del decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
El Real Decreto-ley 7/2026 ha salido adelante en la Cámara Baja con 175 votos a favor, 141 abstenciones (PP y Podemos) y 33 votos en contra (Vox). Por tanto, todas las medidas contempladas en el texto, que entraron en vigor el pasado 22 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), seguirán vigentes. Además, el hemiciclo ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 349 votos a favor.
El bautizado el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.046 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, e incluye medidas económicas y fiscales coyunturales por el conflicto bélico -la mayoría disponibles inicialmente hasta el 30 de junio-, dirigidas a a los consumidores y a los sectores más afectados; y otras a más largo plazo por su carácter estratégico. En este caso, están orientadas a reforzar la seguridad energética del país.
Bajadas temporales de impuestos
Entre las medidas temporales se encuentran la reducción del IVA del 21% al 10% a los carburantes, a la luz y al gas natural, así como de los pellets y la leña.
A ello se une la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo que permite la Unión Europea; la congelación del precio de venta del metano y propano; la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7% y que pagan las eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad -del 5,11% al 0,5%-.
También se extienden hasta finales de año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (descuento del 42,5% para el consumidor vulnerable y del 57,5% para el consumidor vulnerable severo) y se refuerza el bono social térmico, a través de un aumento de la cuantía de la ayuda mínima por beneficiario que alcanza los 50 euros.
Asimismo, el decreto limita el precio de las bombonas de gas y flexibiliza los contratos de electricidad y gas para empresas y autónomos.
Otra de las medidas es la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar a los hogares vulnerables, que había decaído en el Congreso en dos ocasiones en lo que va de año y que el Gobierno ha decidido incluir en este Real Decreto-ley para poder sacarla adelante.
Por otro lado, el decreto incluye una bonificación del 80% a los peajes eléctricos para las industrias electrointensivas, medida destinada a mantener su competitividad y el empleo.
Se mantene igualmente una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, pescadores, ganaderos y agricultores, así como una subvención por hectárea de hasta 55 euros para fertilizantes.
Bonificaciones fiscales
Como medidas estructurales (es decir, más largoplacistas), el decreto incluye deducciones fiscales en el IRPF para la instalación de placas solares, bombas de calor o climatización de edificios, puntos de recarga de vehículos eléctricos. De igual forma, se establecen deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
También detalla nuevas ayudas para el impulso de las inversiones en renovables y se recuperan las deducciones de entre el 20% y el 60% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar la eficiencia energética, que se habían quedado sin efectos tras el último 'no' del Congreso al decreto antidesahucios y que estaba dejando atrapadas las inversiones de muchas comunidades de propietarios. El plazo se extiende ahora hasta el próximo 31 de diciembre.
En cuanto al IBI, se habilita a través de una modificación legal en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a que las ordenanzas fiscales de las Entidades Locales recojan una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.
En esa línea, también se promueve una bonificación de hasta el 95% en el ICIO a favor de las obras, instalaciones y demás trabajos que supongan la incorporación de sistemas para un mayor beneficio término o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente.
Por último, durante 2026 se establece la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable.
Otras medidas
Por último, el decreto de medidas anticrisis incluye la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos derivados del conflicto bélico. Así, “no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2026”.
También se establece un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar, junto a las que contempla el decreto relacionado con la vivienda y que todavía está pendiente de votación.
El Ejecutivo decidió dividir las medidas para hacer frente al conflicto bélico en Oriente Medio y 'separar' el plan económico de la prórroga obligatoria de dos años de los contratos de alquiler y el límite del 2% a la actualización de las rentas. De momento, estas medidas en vivienda no tienen fecha para su debate en el Congreso de los Diputados, ya que el Gobierno quiere apurar el plazo legal de 30 días para su votación.
Ambas iniciativas se encuentran en vigor desde el pasado 22 de marzo, pero la falta de apoyos parlamentarios podría provocar su no convalidación, lo que supondría perder sus efectos jurídicos. Por tanto, la prórroga y el tope a las rentas podrían dejar de estar vigentes en menos de un mes.
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