El Gobierno divide el decreto por la guerra para meter medidas en vivienda sin visos de que se aprueben

El Consejo de Ministros extraordinario que ha convocado el Gobierno para aprobar el decreto para limitar el impacto de la guerra en Irán ha estado rodeado de polémica y desencuentros por las medidas en vivienda que pedían tanto Sumar como ERC, Podemos y Bildu. 

En una de las reuniones más tensas que se recuerdan, la decisión de los socios del Ejecutivo ha sido dividir en la batería de medidas en dos textos diferentes. Uno de ellos centrado en rebajas fiscales relacionadas con los carburantes, la luz y el gas; y, el segundo, con la prórroga de los contratos de alquiler y el tope a la actualización de los precios de los arrendamientos. 

La presión del socio minoritario del Ejecutivo ha sido máxima hasta el último minuto: el comienzo de la reunión del Consejo de Ministros estaba prevista inicialmente a las 09.30 horas, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera ante los medios de comunicación a las 11.00 horas para detallar las claves del decreto. Sin embargo, los ministros de Sumar se han negado a entrar en la sala de reunión de La Moncloa en un intento para incluir tanto la prórroga de los contratos de alquiler, una de sus líneas rojas. 

El cónclave ejecutivo ha arrancado finalmente pasadas las 11.30 horas, sin que hubiera un acuerdo definitivo entre los socios de Gobierno, aunque finalmente han adoptado una postura intermedia: partir en dos las medidas. Ambos textos entrarán en vigor de forma inmediata -este sábado, 21 de marzo- tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben ser convalidados en el Congreso de los Diputados. Por tanto, sobre la mesa está la posibilidad de que decaiga el decreto que incluye las medidas en vivienda ya que, de momento, no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes como para salir adelante, como ha reconocido el propio Pedro Sánchez. Si finalmente el texto no es convalidado en la votación de la Cámara Baja, para lo que hay un plazo máximo de 30 días, dejará de tener efectos jurídicos. 

El primer decreto: batería de medidas fiscales

Este primer decreto será votado en el Congreso de los Diputados el próximo jueves, 26 de marzo, tal y como estaba previsto. La vigencia de la mayoría de las medidas que incluye se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, según confirma el Ministerio de Hacienda. Pero se incluirá una "cláusula de desactivación" en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Bajadas de impuestos

Este primer decreto incluye “un plan que contiene 80 medidas y que supone una reducción drástica de la fiscalidad energética”, ha afirmado el presidente del Gobierno. Su importe alcanza los 5.046 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, e incluye medidas temporales y otras más a largo plazo. 

Entre las medidas coyunturales (corto plazo) se encuentran la reducción del IVA del 21% al 10% a los carburantes, a la luz y al gas natural, así como de los pellets y la leña. También están la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo que permite la Unión Europea; la congelación del precio de venta del metano y propano; la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7% y que pagan las eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%. 

Respeto a la rebaja del diésel y la gasolina, el presidente del Gobierno ha asegurado que se va a traducir en "una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos el litro en función del carburante".

Por otro lado, el decreto extiende a finales de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y refuerza el bono social térmico; y vuelve a poner sobre la mesa la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar a los hogares vulnerables, medida que ha decaído en el Congreso en dos ocasiones en lo que va de año. 

También incluye una bonificación del 80% a los peajes eléctricos para las industrias electrointensivas. "Esto significa que van a ahorrar unos 200 millones de euros, lo que les ayudará a mantener su competitividad y el empleo", ha argumentado Sánchez.

Por otro lado, el texto contempla una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, titulares de autobuses urbanos, agricultores, ganaderos o pescadores, así como ayuda a los fertilizantes.

El decreto también otorga una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro eléctrico, "para que empresas, autónomos y consumidores puedan adaptar sus contratos" en momentos de incertidumbre como el actual. 

Bonificaciones fiscales

Por último, y como medidas estructurales (es decir, más largoplacistas), el decreto incluye medidas como deducciones fiscales en el IRPF para la instalación de placas solares, bombas de calor o puntos de recarga de vehículos eléctricos.

También hay nuevas ayudas para el impulso de las inversiones en renovables y se recuperan las deducciones de entre el 20% y el 60% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar la eficiencia energética, que se habían quedado sin efectos tras el último 'no' del Congreso al decreto antidesahucios. 

En cuanto al IBI, se habilita a través de una modificación legal en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a que las ordenanzas fiscales de las Entidades Locales recojan una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente. 

En esa línea, también se promueve además una bonificación de hasta el 95% en el ICIO a favor de las obras, instalaciones y demás trabajos que supongan la incorporación de sistemas para un mayor beneficio término o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente.

Por último, se establecerá durante 2026 la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable

El objetivo de todos estos incentivos fiscales es, según Sánchez, "apostar por la soberanía energética" de España. 

Otras medidas

El presidente del Gobierno ha confirmado que dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nuevas capacidades de supervisión y sanción para lograr que todas las medidas incluidas en el decereto se cumplan.

Además, y como pedía Sumar, también hay medidas como prohibir a las empresas que hayan recibido ayudas públicas que despidan a trabajadores por esta crisis. 

El controvertido decreto en vivienda: topes y actualización de contratos

La vivienda ha sido el principal punto de fricción interno en el Gobierno y con con sus socios habituales. Tanto Sumar como ERC, Bildu o Podemos exigían la puesta en marcha de medidas relacionadas con la vivienda; en concreto, con los alquileres. 

En los últimos días, estos partidos han insistido en la necesidad de volver a aprobar una suspensión de los desahucios de familias vulnerables por impago del alquiler y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. Dos medidas que se habían negado a aprobar tanto la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al carecer de apoyos parlamentarios suficientes; ya que el objetivo del PSOE era lanzar un decreto con consenso mayoritario para lograr que saliera adelante en el Congreso. 

Pero, para resolver la tensión de esta mañana en Moncloa, los socios de Gobierno han acordado incluir tanto el tope a la actualización de los alquileres como la prórroga de los contratos durante dos años en un segundo decreto independiente del fiscal y salvar así sus diferentes posiciones. 

En lo que respecta a los topes de la actualización de los alquileres, el decreto establece un límite 2%, medida que habían estado negociando PSOE y Sumar en los últimos días y que se aplicará a los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).

Entre 2022 y 2023 ya estuvieron en vigor esos mismos topes en los arrendamientos de vivienda permanente, y se aplicó un 3% en 2024. Desde entonces, se aplican dos índices para la renovación anual de los contratos de alquiler, en función de la fecha de la firma del contrato. Si es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, 26 de mayo de 2023, la actualización anual se regirá por el IPC, de forma general, o lo que conste en dicho contrato. Si, por el contrario, se firmó tras esa fecha, se aplicará el nuevo Índice de Referencia de Alquileres (IRAV) que publica el INE todos los meses y que cerró febrero en el 2,16%, mientras que el IPC definitivo alcanzó una tasa del 2,3%.

En cuanto a los contratos de alquiler que vencen este año, el Gobierno ha anunciado que la prórroga automática se extenderá durante dos años, y afectará a todos los contratos que acaben entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027. Según el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la medida beneficia a más de un millón de contratos y más de dos millones de personas.

Aunque el decreto entra en vigor de forma inmediata, debe ser convalidado como el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. Y, a diferencia del decreto fiscal, este texto no se votará el próximo jueves, ya que el Gobierno quiere ganar tiempo y negociar con los diferentes grupos parlamentarios para poder garantizarse su respaldo. De momento, no hay fecha para su debate parlamentario. 

"En este decreto no existe una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, pero no por ello vamos a renunciar a dar una respuesta", ha afirmado Pedro Sánchez.

Primeras críticas al decreto de vivienda y la rebaja del IVA

Las reacciones no se han hecho esperar. El PP ya ha anunciado que no va a apoyar la prórroga de los contratos de alquiler ni el tope a las actualizaciones de las rentas. 

Según ha confirmado el secretario general del partido de la oposición, Miguel Tellado, el PP no respaldará el decreto ley "de izquierdas" sobre medidas de vivienda y analizará "con profundidad" qué hacer con el "de derechas", que incluye rebajas fiscales en el ámbito energético como consecuencia de la guerra de Irán.

"Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el gobierno de PSOE y Sumar", ha sentenciado, parafraseando a algunos portavoces de Sumar, que habían tachado de "derechas" el decreto de ayudas por estar centrado en rebajas de impuestos, medidas defendidas a casi siempre por los partidos de este espectro político.

El PNV, por su parte, ha celebrado el decreto de las rebajas fiscales, aunque ha alertado de que ya decidirá su voto en el texto relacionado con la vivienda. En cambio, ERC ha valorado de forma positiva ambos decretos y ha elogiado los esfuerzos de Sumar por sacar adelante la prórroga de los contratos de alquiler y el tope a la actualización de las rentas. "La vivienda es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga", ha insistido el portavoz del partido catalán en el Congreso, Gabriel Rufián, en declaraciones a los medios. 

Desde Podemos también se han sucedido los reproches. A la eurodiputada y 'número dos' de la formación, Irene Montero, le parecen "injustas y profundamente ineficaces" las medidas fiscales anunciadas y ha lanzado un aviso: "Paracontar con el voto a favor de Podemos, el Gobierno tiene que intervenir el mercado del alquiler e intervenir el mercado para topar los precios de alimentos, de la energía y de los productos de primera necesidad

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también ha criticado las medidas de vivienda. "La congelación de rentas o la prórroga forzosa de contratos como medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán pueden agravar la situación del alquiler en un contexto de incertidumbre internacional", ha advertido en un comunicado.

Además, la federación muestra su "preocupación" por las iniciativas planteadas, con el fin de mitigar los efectos del conflicto en Oriente Próximo: "Lejos de solucionar el problema, pueden resultar contraproducentes", ha denunciado.

Según FAI, es "fundamental adaptar medidas para que los efectos de la crisis no supongan un agravante más para el problema de la vivienda y sus elevados precios", al tiempo que ha avisado ante decisiones políticas que, "aunque bien intencionadas, puedan agravar los desequilibrios existentes en el mercado, generando más miedo y presión" en el mismo. Asimismo, ha reclamado que las administraciones públicas "actúen con responsabilidad" y prioricen "medidas que aporten estabilidad a corto, medio y largo plazo", ya que la crisis habitacional "no es coyuntural".

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) también se oponen a estas medidas. Su director general, José Ramón Zurdo, considera que "no solo generan inseguridad jurídica, sino que evidencian una preocupante improvisación normativa, al modificarse de forma constante las reglas que rigen estos contratos y no darles estabilidad. Esta inestabilidad desincentivará claramente el alquiler como opción de inversión y empujará a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado arrendatario para destinarlas a la compraventa, obligando además a arrendadores e inversores a buscar alternativas más seguras para rentabilizar sus ahorros". 

Y añade que las consecuencias de optar por este tipo de iniciativas "son bien conocidas y previsibles: la reducción de la oferta de vivienda en alquiler provocará un encarecimiento de los precios y una mayor presión sobre la demanda. A ello se sumará un endurecimiento de las condiciones de acceso, con mayores exigencias de garantías por parte de los arrendadores. En definitiva, las medidas terminarán perjudicando precisamente a quienes pretendían proteger, trasladando el coste a los ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda en alquiler". 

Arantxa Goenaga, socia del despacho de abogados AF Legis y profesora de la UOC, pone el foco en la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2027, e insiste en que “estamos ante una nueva injerencia en la voluntad de las partes, que ya habían pactado libremente la duración de sus contratos. El Gobierno no debería imponer prórrogas ni alterar acuerdos privados ya establecidos”. Según la letrada, "en lugar de intervenir en el mercado, lo que debería hacer el Gobierno es impulsar medidas sociales eficaces que den respuesta a las personas con dificultades para acceder a una vivienda”.

Por su parte, Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario, señala que la escisión de las medidas por parte del Ejecutivo responde a un cálculo político: “Está claro que lo hacen en dos decretos porque saben que el que incluye vivienda no saldrá adelante en el Congreso”, afirma. A su juicio, esta fórmula permite al Gobierno “salvar el paquete económico y, al mismo tiempo, trasladar que ha intentado impulsar medidas en alquiler, aunque no prosperen. Es un movimiento con un claro componente electoral”, opina. 

Mientras tanto, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven la reducción de los impuestos especiales "acorde con las propuestas de la Comisión europea y los debates del Consejo Europeo", pero consideran que las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos "son regresivas porque las utilizan los hogares de mayores ingresos, que además suelen tener un mayor número de vehículos y con consumos más elevados". 

En cualquier caso, insisten en que la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas son "medidas coyunturales y paliativas" al no atacar la causa que provoca la subida de precios en la electricidad, por lo que proponen reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y las tarifas de acceso a la red, así como proseguir con la implantación del Plan europeo de Energía limpia.