El Plan Social para el Clima moviliza más de 4.720 millones en construir y rehabilitar vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la propuesta del Plan Social para el Clima para el periodo 2026-2032 (PSpC) dotado con 9.099 millones de euros, y destinado a la rehabilitación energética de edificios, el impulso de la movilidad sostenible y la electrificación. Su diseño prioriza la reducción de las necesidades energéticas, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles. El componente de edificios cuenta con 4.723 millones con el objetivo de modernizar el parque residencial español con medidas como reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico y disminuir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero.

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El Plan Social estará financiado mediante la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima europeo, junto con una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan. El Fondo Social europeo condiciona la concesión de recursos a la transposición y al cumplimiento de la normativa europea.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MVAU) someten a información pública este Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC).

"Ahora está en tramitación parlamentaria y esperemos que cuente con el apoyo de la amplia mayoría de los parlamentarios, porque en definitiva lo que estamos planteando es proteger el planeta, proteger a las familias", ha indicado Pedro Sánchez.

Los receptores de este Plan serán por un lado los hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no disponen de recursos para rehabilitar sus viviendas.

El PSpC proporcionará a los Estados recursos para financiar inversiones estructurales en los ámbitos de la edificación y el transporte por carretera. Contará con una dotación financiera de 9.099 millones para el periodo 2026-2032. El 52% del presupuesto (4.723 millones) se destinará al sector de los edificios, mientras que el 48% restante (4.376 millones) se dirigirá al sector del transporte.

Acceso a la vivienda y transformación energética

La parte del Plan dedicada a vivienda, que cuenta con esos 4.723 millones, se configura como una herramienta clave para modernizar el parque residencial español, que todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética. Las medidas previstas buscan reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO₂. 

Se articulan en siete líneas de actuación:

• Promoción de vivienda asequible (1.813 millones). Es la medida con mayor dotación económica del Componente. Permitirá impulsar la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial, garantizando altos estándares de eficiencia energética.
• Rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables (1.220 millones). Financiará actuaciones integrales a escala de barrio para reducir el consumo de energía primaria no renovable. Se priorizarán zonas con mayores índices de vulnerabilidad, incluyendo rehabilitación energética, climatización renovable o el desarrollo de redes de calor y frío de distrito.
• Rehabilitación de edificios residenciales (923 millones). Ayudas destinadas a mejorar el aislamiento térmico y sustituir sistemas basados en combustibles fósiles en edificios donde residan hogares vulnerables. La intensidad de las ayudas se ajustará según el nivel de mejora energética alcanzado.
• Rehabilitación de viviendas individuales (278 millones). Intervenciones personalizadas y adaptadas a aquellos hogares que, por su ubicación en edificios plurifamiliares, no puedan someterse a una rehabilitación comunitaria.
• Comunidades energéticas y consumidores activos (300 millones). Impulso al autoconsumo colectivo y a sistemas de almacenamiento energético, con la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.
• RED-ACTÚA (27 millones). Creación y consolidación de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales.
• Proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social (162 millones). Medidas de rápida ejecución para hogares en situación de urgencia térmica y actuaciones de mejora de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha añadido que este Plan Social representa "un segundo impulso" al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la crisis del coronavirus.

"Es fundamental que desde los poderes públicos apoyemos a las personas que más lo necesitan, que es donde vamos a poner el acento con este plan, y también a los barrios más vulnerables, que es donde nos hemos encontrado más dificultades para que pudieran llegar esos fondos del Plan de Recuperación", ha subrayado.

Otros 4.376 millones para movilidad sostenible

 En paralelo, la parte del Plan centrada en movilidad recoge 2.269,6 millones para la descarbonización del transporte por carretera. Esta línea de actuación incluye 846,2 para apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% de ese sobrecoste, así como el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020.

Asimismo, también recoge 642 millones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables; 381,4 para la electrificación de flotas de transporte público urbano y una partida transversal de 400 para el despliegue de puntos de recarga en las instalaciones propias de las empresas.

El Componente de Transporte del Plan Social destinará 964,8 millones para transporte público asequible y accesible, con 224,3 para financiar más de 80 kilómetros de nuevos carriles exclusivos para autobuses y 740,5 para un Abono Único Social de transporte que permitirá viajes ilimitados y multimodales con tarifas altamente reducidas.

Además, el Plan Social también prevé 702 millones para movilidad rural a la demanda y compartida; 370,5 para el impulso a la movilidad activa; 26,2 para la intermodalidad (on 263 proyectos para aparcamientos seguros de bicicletas y vehículos de movilidad personal en estaciones, apeaderos y paradas, entre otras medidas) y 43 para puntos de intercambio para 'carpooling'.

“Lo que queremos es que antes de final de este año podamos remitir una propuesta a Bruselas, una propuesta que recoja la inteligencia colectiva de nuestro país. Un plan donde la transición energética sigue siendo un motor de justicia y de equidad”, ha destacado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.