Promotores e inversores piden a las Administraciones Públicas que tomen medidas de forma urgente para atajar la actual crisis de vivienda en España. Según han explicado varios pesos pesados del sector en la undécima edición de EFIMAD, el encuentro inmobiliario anual que organizan CaixaBank y Asprima, es necesario que el sector público mueva ficha a corto plazo para impulsar la construcción de viviendas asequibles.
Francisco Pérez, CEO de Culmia, ha asegurado durante una de las mesas redondas del encuentro inmobiliario que la emergencia habitacional debe abordarse tanto a largo plazo como a corto plazo.
En su opinión, las soluciones de cara a futuro se están viendo reforzadas por iniciativas como el lanzamiento del fondo soberano 'España Crece', con el se prevén movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y financiar la construcción de 15.000 viviendas al año; los diferentes programas de avales del ICO para impulsar el desarrollo de viviendas asequibles o el Plan de Vivienda 2026-2030, que aún está pendiente de aprobación.
Sin embargo, el CEO de Culmia ha alertado de que "a corto plazo nos estamos encontrando con problemas". Y es ahí donde pide un mayor esfuerzo a la Administración.
"Todas estas medidas que están tomando a medio y largo plazo, bienvenidas sean. Adelante con todas ellas. Pero ¿qué hacemos con el corto plazo? Yo creo que aquí las Administraciones tienen que ser un poco imaginativas si no queremos colapsar. Tendrían que estar dispuestas a poner en marcha todo lo que puedan", ha avisado Francisco Pérez.
Entre las propuestas que ha dejado sobre la mesa está impulsar los cambios de uso, para transformar suelos terciarios en residencial, como ha hecho Madrid.
"La utilización de los suelos dotacionales y equipamientos se tendría que generalizar. Hay sitios donde hay suelos para hacer miles de viviendas, porque muchos de suelos dotacionales llevan desde la crisis de 2007 parados y no van a hacer nada en ellos. Los ayuntamientos han aprendido que si hacen un equipamiento luego tienen un gasto corriente y, por tanto, no hacen nada ni utilizan los suelos. Y creo que hay que tomar todas las medidas que podamos a corto plazo, porque el problema que tenemos encima no puede esperar", ha insistido.
Para Pérez, es necesario que la Administración destine más presupuesto público a la vivienda, ya que considera insuficientes los 7.000 millones de euros que contempla el Plan Estatal de Vivienda para lo que queda de década. "Hacen falta 7.000 millones al año", ha aseverado.
Otra de las iniciativas que propone es que los concursos de vivienda asequible que lanzan las Administraciones sean de mayor tamaño. "A todas las cifras les falta un cero por detrás", ha recalcado el CEO de Culmia.
Durante la mesa redonda, también se mencionó la necesidad de ampliar los plazos de concesión de los proyectos de colaboración público-privada, una condición que exigen inversores como los grandes fondos de infraestrcuturas.
En este sentido, Koldo Ibarra, CEO de la gestora DeA Capital Real Estate, insistió en que los periodos de las concesiones y los derechos de superficie deben ser lo más amplios posibles. "En España todavía tenemos que pelear para que estén por encima de 50 años. Por debajo de 50 años es casi imposible encontrar capital, porque la lista se reduciría de 100 inversores a cinco. El marco regulatorio tiene que ser amplio", ha explicado.
Ibarra puntualizó que en países como Reino Unido las concesiones pueden ser de entre 800 y 1.000 años, por lo que considera necesario ampliar el marco actual en España para captar el interés de nuevas inversiones, como por ejemplo de los grandes fondos de infraestructuras, y que los plazos sean de al menos 70-75 años, como el que fija el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la promotora Vía Ágora, también incidió en esta cuestión. ¿Qué más da a una administración que tenga una concesión a 50, 75 90 años? ¿Qué más da si lo que tenemos que hacer es solventar un problema? ¿Hay en España capital para desarrollar y para solventar este problema? Si el Gobierno no tiene ese capital, tenemos que traer capital de fuera", afirmó.
Además de los plazos de concesión, Gómez-Pintado también pidió una reflexión en materia de fiscalidad y puso como ejemplo que los promotores no pueden desgravarse el IVA, un problema que acaba repercutiendo en los precios de las viviwendas; y pidió acelerar la construcción industrializada para reducir los plazos de ejecución de las obras y hacer frente al problema de la escasez de mano de obra. También se inclinó por compilar las diferentes normativas y derogar aquellas que sean recurrentes para evitar "trabas a la gestión normal de un libre mercado en nuestro sector".
Para Andrea León, senior infrastructure investment manager del fondo MEAG, aprovechó su intervención para pedir facilidades a los fondos de infraestructuras. En su opinión, una de las medidas más urgentes que debe poner en marcha la Administración es "entender las necesidades" de este tipo de capital internacional que invierte a largo plazo y que actualmente está interesado en proyectos de viviendas asequibles; como, por ejemplo, el que han anunciado recientemente MEAG y Culmia para invertir 400 millones de euros.
"Si al final las AAPP sacan pliegos que no están alineados con la estrategia de inversión de estos fondos, no van a llegar a España. Es un mercado muy local y entrar es difícil", ha sentenciado León.
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Lo más leído
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta