Administración pública

Los principales 'players' del sector inmobiliario han vuelto a lanzar un dardo a la Administración Pública en la última edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). La hiperregulación inmobiliaria, sobre todo en vivienda, y la incertidumbre jurídica que generan los cambios normativos son la principal preocupación de socimis, grandes inversores, promotores y financiadores, seguida de la elevada fiscalidad que soportan los inmuebles. Heriberto Teruel, director de desarrollo de negocio de Merlin Properties, ha asegurado en unas jornadas inmobiliarias que el sector público es "el gran tope" del 'real estate' y ha insistido en que España necesita capital extranjero para solucionar el actual problema de falta de vivienda.

La colaboración público‑privada se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por CCAA y ayuntamientos para ampliar el parque de vivienda asequible. Sobre el papel, esta fórmula permite movilizar capital, acelerar la construcción y traspasar los riesgos de la gestión inmobiliaria a los profesionales del sector. Sin embargo, Román Hierro, asociado del despacho Ashurst, alerta de que la deficiente calidad técnica y jurídica de los pliegos administrativos erosiona su atractivo para la inversión privada, ya que genera "incertidumbre y la inseguridad jurídica" e impide que proliferen más proyectos.

Promotores e inversores apremian al Gobierno, CCAA y ayuntamientos a tomar medidas a corto plazo para impulsar la oferta de viviendas asequibles. Según han explicado directivos de Culmia, Vía Ágora, el fondo de infraestructuras MEAG y la gestora DeA Capital en el encuentro inmobiliario EFIMAD, es necesario generalizar la transformación de suelos terciarios en residenciales, aumentar el presupuesto público, alargar los plazos de las concesiones y derechos de uso en los proyectos de colaboració público-privada para captar más capital internacional, o permitir que los promotores puedan deducirse el IVA de las promociones.

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha comunicado a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), en cumplimiento de lo pactado. La Secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

Probablemente uno de los aspectos más desconocidos de las Administraciones Públicas son las entidades públicas con personalidad jurídica que han sido creadas por las diferentes administraciones y en las que se colocan muchos amigos, familiares y gente de carnet con buenos sueldos, ya que muchas de ellas por su naturaleza jurídica escapan al control de la Intervención General del Estado. El economista Miguel Córdoba hace un repaso en este artículo de las sociedades creadas por tipología y por administración (CCAA, mancomunidades o ayuntamientos). Cataluña, con 944 entidades, duplica a las constituidas por la propia Administración Central y cuadruplica a las creadas por la Comunidad de Madrid.

El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha pedido durante el V Foro Catalunya reducir la influencia del sector público español en la sociedad y la economía, para lo que ha pedido un diálogo "sensato y serio" para evitar que el Estado se convierta en un "leviatán" para los ciudadanos. Durante su intervención, ha advertido del riesgo de "elefantiasis" de la Administración y ha instado a reducir su tamaño para ser homologables a otros países. Y ha puesto como ejemplo de intervencionismo algunas cuestiones como la regulación de la vivienda, la OPA de BBVA a Banco Sabadell y la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

Representantes de constructoras y promotoras han señalado en el Congreso AIRE'25 celebrado en la Universitat Politècnica de València (UPV) que la solución al problema de la vivienda está en la Administración, a la que han pedido proactividad, pero también han criticado su lentitud en los trámites y servicios urbanísticos. Asimismo, han advertido que hay una parte de la demanda de la vivienda que no se está cubriendo, en un momento donde hacen falta 250.000 viviendas nuevas al año de aquí a 2039, con la necesidad de los organismo públicos de mejorar los tiempos para movilizar suelo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha incitado a todas las Administraciones a ejercer "con más rotundidad" sus competencias para asegurar el derecho a una vivienda digna, abogando por una "mejor regulación" que evite la especulación. Durante una visita al barrio coruñés de Xuxán, subrayó la necesidad de regular el mercado del alquiler para prevenir abusos y además, limitar alojamientos turísticos que obstaculizan el acceso a viviendas. Defendió que el enfoque debe ser colaborativo, otorgando ayudas y bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan precios en zonas con mercado tensionado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 39.574 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022, de las que 27.246 corresponden al turno libre. El Ejecutivo ha incluido en la normativa la obligatoriedad de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023,, y que los procesos deben estar culminados antes de que transcurran dos años.

La okupación ilegal de viviendas sigue en aumento y su impacto va más allá de la propiedad privada, afectando también a aquellas viviendas gestionadas por las administraciones públicas y entidades responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna, tal y como recoge la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Cuando se quiere reclamar ante la Administración, para que solucione una incidencia, se reconozca un derecho o se quiera recurrir contra una de sus decisiones, se deberá efectuar una comunicación formal por escrito.Las quejas a través de los servicios de información telefónica, así como el envío de

Un estudio sobre Impactos Socioeconómicos de Madrid Nuevo Norte realizado por la Universidad Autónoma, a través de su Instituto de Predicción Económica Lawrence, afirma que teniendo en cuenta que la inversión pública en este proyecto ascenderá a 1.813 millones de euros, el saldo neto para las Administraciones Públicas será de 4.055 millones. Es decir, las arcas públicas de la región se beneficiarán de un desarrollo que pretende cambiar el centro financiero de la capital.

El Gobierno establecerá la mayoría de los organismos públicos de nueva creación en ubicaciones fuera de Madrid, donde ya se encuentra el grueso de la Administración Central del Estado, según el Ministerio de Política Territorial. Se descarta la mudanza de organismos de la capital por la complejidad logística, pero se están concretando infraestructuras de Renfe, Correos, Seguridad Social o el Ejército en ciudades como Soria, Teruel, Toledo o Córdoba.

Las empresas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, es decir, deben presentar sus escritos por vía electrónica y también deberían, en teoría, recibir las notificaciones online, aunque no siempre es así. Todavía hay Administraciones públicas que incumplen esta previsión legal y siguen notificando en papel. Ahora el Tribunal Supremo debe decidir si esas notificaciones en papel son válidas.

El actual Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos suma en tal solo año y medio de gobierno los 764 asesores de confianza, un récord en contratación de personal a dedo en las administraciones públicas si se compara con los últimos 20 años, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las

El Gobierno quiere hacer fijos a 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales en la Administración Pública. Así lo avanzó el lunes el ministro de la Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta. Además, según se recoge en el plan de modernización del sector público remitido a Bruselas, el Ejecutivo sancionará a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad.

La consultora Savills Aguirre Newman asegura que el papel de la Administración Pública es fundamental en la recuperación del sector inmobiliario tras el golpe del covid-19. Explica que, más allá de la inversión, puede flexibilizar las leyes, aprobar nuevas políticas en vivienda o reducir trabas burocráticas para impulsar los cambios de uso de los inmuebles o captar más capital.

En España hay cerca de 2.000 entes públicos, una cifra que engloba el número de fundaciones, consorcios, universidades, empresas públicas y otros organismos en manos de las autonomías. Según los datos de Hacienda, Cataluña gestiona casi 400 entes, el 20% del total, seguida de Andalucía, con 326. Ambas regiones duplican a Madrid, la tercera en la lista con poco más de 150, mientras que Melilla solo tiene 9.

Hacienda asegura que solo entre 2012 y 2015 las Comunidades Autónomas han reducido en casi 470 el número de entes públicos que dependen de su gestión. Sin embargo, y como consecuencia de la escalada vivida en la época precrisis, en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña y Extremadura los recortes no han sido suficientes: ahora tienen más entes que en 2004.

El estudio que han elaborado la Universidad Cornell, la escuela de negocios INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual destacan el fuerte avance que han registrado en los últimos años los servicios administrativos online y el impacto positivo que tiene en nuestra economía. Ocupamos la cuarta posición del ranking junto con Japón y Estados Unidos.

La Administración invirtió durante todo el año pasado 22.113 millones de euros, una cifra que representa aproximadamente el 2% del PIB y que refleja un desplome de casi un 60% frente a 2009.