Información sobre vivienda y economía

Las notificaciones en papel de la Administración a las empresas podrían tener los días contados

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo
Autor: Redacción

Las empresas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, es decir, deben presentar sus escritos por vía electrónica y también deberían, en teoría, recibir las notificaciones online, aunque no siempre es así. Todavía hay Administraciones públicas que incumplen esta previsión legal y siguen notificando en papel. Ahora el Tribunal Supremo debe decidir si esas notificaciones en papel son válidas.

En el caso que le toca resolver al Supremo una empresa fue sancionada en materia de consumo y la notificación de la sanción se hizo en papel, el 10 de abril, una notificación que nunca llegó a conocimiento de dicha empresa, porque cuando la sociedad recurrió en alzada tal notificación (30 de mayo), el recurso fue presentado fuera de tiempo.

“Es cierto, no obstante, que, en el referido expediente, la sociedad ya había recibido alguna notificación en papel, y la empresa formuló alegaciones frente ella. Por ello, surge la duda de si, con tal actuación, la empresa habría corroborado la eficacia de estas notificaciones en papel”, señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

La empresa defiende que, aunque las notificaciones en papel no eran válidas, se dio por enterada de las mismas presentando recurso o alegaciones. Y surtieron efecto sólo a partir de ese momento. Pero la última notificación no fue conocida, lo que motivó que la sociedad no pudiera presentar su recurso en plazo.

La normativa española es muy clara. La Ley 39/2015 establece que la relación entre las empresas y la Administración debe ser electrónica. El artículo 41.1 de la citada norma dispone que “Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.”

“La entrega postal o en papel de una notificación a cualquier persona o empleado que se encuentre en la empresa, conforme al 42.2 de Ley 39/2015, no está prevista para la práctica de notificaciones a las personas jurídicas, que debe llevarse a cabo necesariamente por medios electrónicos”, apunta Salcedo.

Además, el socio de Ático Jurídico recuerda que en materia de notificaciones tributarias se aplica también, con carácter general, la normativa administrativa (Ley 39/2015). Ello, teniendo en cuenta que el artículo 109 de la Ley General Tributaria dispone que "el régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección."

Así, en Auto del pasado 14 de julio, el Supremo acordó resolver esta cuestión tras admitir el recurso de casación consistente en “interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos”.

Ahora lo que debe decidir el Supremo es si las notificaciones hechas en papel correctamente son válidas. Es decir, se va a decidir si estas notificaciones en papel, al no estar previstas en la normativa, pueden no tener efecto alguno.

Algunos tribunales superiores de justicia, como el de Canarias, niega la validez a la notificación hecha en papel, incluso aunque fuera recogida por un empleado en la sede de la empresa. Porque considera que “la administración pública actuante estaba obligada a notificar por vía electrónica, y la interesada a aceptarlo así, y sin embargo no se hizo. Y no puede defenderse la validez de la notificación realizada en papel a un empleado de la oficina de farmacia porque, como acabamos de analizar, no concurre ninguno de los supuestos legales en que resulta admisible la notificación no electrónica.”

“Con esta interpretación, el TSJ canario pone en duda la aplicación a este caso de la doctrina general sobre notificaciones. Considera ésta que lo importante es que la notificación llegue a conocimiento del interesado, independientemente de que haya sido bien o mal practicada. Y lo hace porque considera que estas notificaciones, al no estar legalmente previstas para estos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, nunca pueden ser válidas”, sostiene José María Salcedo.

En una sentencia del Supremo de 2008 dictaminó que una notificación mal practicada podría tener plenos efectos si se demostrara que llegó a conocimiento del interesado. De igual forma, consideró que una notificación formalmente bien hecha, podría no tener efecto alguno si se probara que no llegó a ser conocida por su destinatario, un hecho que suele pasar mucho durante el mes de agosto.

El socio del despacho Ático Jurídico señala que se trata de un Auto importante que va a decidir si la Administración puede notificar en papel a los contribuyentes obligados a recibir notificaciones electrónicas, mientras que éstos quedan férreamente obligado a presentar sus escritos por vía electrónica.

En su opinión, la sentencia que se dicte podría suponer, además, la posibilidad de considerar defectuosas notificaciones realizadas en papel (aunque estuvieran correctamente hechas), a sujetos obligados a recibirlas por vía electrónica. “Se abriría la puerta a recurrir actos administrativos notificados en papel, a sociedades u otros entes obligados a recibirlas electrónicamente, que no pudieron recurrir en plazo”, sentencia Salcedo.