El sector del alquiler de corta estancia tiene un día marcado en rojo en el calendario: el 20 de mayo, fecha máxima fijada por la Comisión Europea para acabar con la duplicidad normativa que existe en España desde que entró en vigor el registro único de alquiler de corta duración, medida implantada por el Gobierno central desde el pasado 1 de julio y que tantas comunidades autónomas han denunciado como invasión de competencia.
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Este es uno de los temas principales que han marcado la agenda y el debate de la décima edición de Vitur Summit 2026, feria inmobiliaria que ha reunido en Málaga a grandes protagonistas del sector del alquiler de corta y media estancia.
Desde Bruselas han destacado que este nuevo registro es una medida instaurada por la propia Comisión Europea con el objetivo de mantener un mayor control de este tipo de arrendamiento no habitual en los países miembros. Sin embargo, España se adelantó al resto de países y fue el primer Estado que aplicó esta normativa pese a que las viviendas destinadas al alquiler de corta-media estancia ya tienen un número identificativo en la base de datos de las comunidades autónomas.
Los profesionales del sector han denunciado que los Registradores, encargados de tramitar estas solicitudes a través de la Ventanilla Única Digital, han denegado números de registros por diferentes cuestiones. Entre ellas, destaca una mencionada por el presidente de AvvaPro (Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos), Juan Cubo, que ha asegurado durante una mesa redonda organizada en el marco de Vitur que le han rechazado solicitudes porque en la escritura de la propiedad está designado como aseo y no como baño.
En esta línea, Cubo ha asegurado: “Las administraciones públicas están imponiendo infinidad de trabas para que aumenten nuestros costes y este mercado no sea rentable. Estamos entregando exactamente la misma documentación en varios sitios a la vez, hay veces que está triplicada e incluso cuatriplicada”.
Asimismo, el presidente de la patronal de los pisos turísticos ha recalcado que su trabajo actual se trata de “invertir dinero en abogados para detectar atentados que va a cometer la administración y adelantarnos a ellos. Nos estamos gastando nuestro presupuesto en esto en vez de fomentar y mejorar nuestros negocios”.
Barcelona y Cataluña, epicentro de la regulación turística
Otra de las protagonistas de este sector es Marian Muro, directora general de la Asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur), que además de denunciar estas duplicidades normativas, también ha recordado que la agrupación que ella dirige ha denunciado ante la Comisión Europea el Decreto ley aprobado por la Generalitat de Cataluña que permite a los municipios de la región cambiar sus planes urbanísticos para poner fin a las viviendas turísticas.
El más sonado es el caso de Barcelona, ya que el alcalde, Jaume Collboni, anunció que a partir de 2028 estos pisos vacacionales quedarán prohibidos en la ciudad condal, y otros municipios colindantes como Badalona, que también se han sumado a esta iniciativa.
“Creo que no somos realmente conscientes del problemón que esto generaría. Además, lo que finalmente ocurra en Barcelona se extrapolará a España y a toda Europa. Esto generará un problema de alojamiento turístico”, ha reafirmado Muro.
Misma opinión mantiene Esther Torrent, presidenta de la Asociación Turística de Apartamentos de Girona, que además de denunciar las restricciones que está imponiendo el Gobierno de Salvador Illa, ha asegurado que están extrapolando un problema que solo tenía Barcelona y la Costa Brava a toda la región: “Pequeños municipios, sobre todo de interior, donde anteriormente no llegaba el turismo, ahora tienen una fuente de riqueza y empleo gracias a las viviendas vacacionales. Hay pequeñas ciudades donde el turismo no es ningún problema y aún así lo quieren delimitar. Han expandido un problema que solo tenía Barcelona a toda la región”.
Por último, Torrent ha querido resaltar una frase que prácticamente todo el mundo del sector comparte: “Si finalmente se pone fin a las viviendas turísticas, que nadie se piense que estas saldrán al mercado del alquiler de larga estancia, se cerrarán o se venderán”.
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