La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de 'Verifactu' hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.
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El Gobierno ya había retrasado un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. En concreto, estaba estipulado que el sistema fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y a partir del 1 de julio de 2027 para el resto de autónomos y empresas.
Sin embargo, con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (Verifactu), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación de la normativa de facturación electrónica para pymes y autónomos y del Reglamento de sistemas informáticos de facturación.
Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, -que incluye el reglamento de Verifactu- hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.
Según apunta Haciendas, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital).
En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de 'Verifactu' en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual.
Asesores fiscales y autónomos celebran el aplazamiento
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica - Verifactu - SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.
"Esta acción de Aedaf derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria", ha recordado la Asociación.
Según fuentes de Aedaf, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido.
"Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo", ha destacado la asociación.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también ha celebrado la decisión del Ministerio de Hacienda de posponer hasta dentro de dos años la entrada en vigor del sistema 'Verifactu'.
"Es algo que veníamos pidiendo y que hemos reclamado en las últimas semanas, porque no tiene sentido que entre en vigor una norma nueva, un nuevo sistema de facturación como puede ser el Verifactu y que, al año siguiente, se tenga que aplicar otro nuevo sistema como es la facturación electrónica", ha señalado el presidente de la organización, Lorenzo Amor.
Desde ATA, venían exigiendo al Gobierno la sincronización inmediata del calendario de implantación del sistema Verifactu con el de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (Ley Crea y Crece) y con el marco de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).
Para ATA, que las tres normativas y obligaciones avanzasen en plazos descompensados era un sinsentido operativo que iba a obligar al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas en lugar de una única adaptación integral.
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