El actual Gobierno laborista en el Reino Unido ha convertido los costes de la vida en el eje central de su discurso. Sin embargo, el presupuesto presentado hace unos días ha vuelto a demostrar que ignoran la solución más lógica: aumentar la construcción de viviendas para reducir los precios de los alquileres. Así lo afirma en una tribuna de opinión en el Financial Times, Tim Leunig, economista y exasesor de dos ministros de Hacienda, y basándose en una investigación realizada junto con Rob Blackie y David Lawrence.
El inquilino británico medio gasta tres veces más en alquiler que en alimentación, y cinco veces más que en energía. La situación es aún peor en Londres, donde los inquilinos destinan, por lo general, el 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Los pisos en Londres son pequeños y, tras pagar el alquiler, los ingresos de los que dispone son escasos. Estos dos factores provocan que, a menudo, unos salarios elevados se traduzcan en un bajo nivel de vida.
Esto nos afecta a todos. El Gobierno destina cerca de 6.000 millones de libras al año (7.175 millones de euros) a subvenciones a la vivienda solo en Londres; un dinero que todos aportan a través de los impuestos. Existen, además, otros costes menos evidentes: las empresas se enfrentan a alquileres muy elevados en la capital y los profesionales cualificados no pueden permitirse trasladarse allí, lo que frena el crecimiento de la ciudad más próspera del país. Como resultado, tanto la renta nacional como la recaudación fiscal se ven mermadas.
El elevado coste de la vivienda en Londres puede explicarse, sencillamente, mediante la ley de la oferta y la demanda. La población de la capital ha aumentado en 1,6 millones de personas en lo que va de siglo, mientras que la oferta no ha seguido el mismo ritmo, lastrada por una normativa urbanística que prioriza los campos de golf frente a la construcción de viviendas.
Es razonable plantearse si la nueva vivienda privada (destinada principalmente a personas con ingresos relativamente altos) logrará reducir los alquileres de forma generalizada. El primer ministro sostiene que no; de ahí su costosa promesa, en gran medida sin financiación garantizada, de poner en marcha el “mayor programa de construcción de vivienda pública” desde la década de 1950.
El hecho de que el Gobierno haya reconocido que ha renunciado a sus objetivos sugiere que no considera la construcción privada como la mejor vía para reducir los alquileres.
Pero las pruebas son claras. Una investigación reciente realizada en Finlandia, por ejemplo, muestra que, si bien las personas que se mudan a viviendas nuevas suelen gozar de una situación económica relativamente desahogada, estos traslados desencadenan una cadena de mudanzas. La mayoría de quienes logran mudarse (presumiblemente a un lugar mejor o más asequible) tienen ingresos inferiores a la media. Muchos de ellos son adultos jóvenes que antes vivían con sus padres o que abandonan pisos compartidos. Siempre que se construya un número suficiente de viviendas nuevas, las leyes de la oferta y la demanda propiciarán precios más bajos y una mayor variedad de opciones en todos los niveles de precios.
Todo esto sucede sin coste alguno para el Gobierno. Imaginemos que Inglaterra lograra alcanzar sus objetivos actuales de construcción de vivienda durante cinco años. Un modelo de la Universidad de Reading indica que los alquileres descenderían, cada año, un 2% adicional respecto a lo que ocurriría en un escenario sin estas medidas. En términos absolutos, Londres registraría las mayores caídas: el alquiler de un piso típo de dos dormitorios en Lambeth, por ejemplo, se reduciría en más de 250 libras al mes (300 euros) en ese periodo. Dicho de otro modo, un aumento de 250 libras en la renta disponible, gracias a unos alquileres más bajos, equivale aproximadamente a duplicar los incrementos salariales durante el mismo lapso de tiempo.
La construcción de este volumen de viviendas también impulsaría la renta nacional y la recaudación fiscal, dado que el sector de la construcción está muy orientado al mercado interno. El gasto público, especialmente el destinado a alojamientos temporales, que resultan extraordinariamente costosos y deficientes, disminuiría a medida que la oferta de vivienda fuera más accesible. Este incremento en los ingresos fiscales, sumado a la reducción del gasto, mejoraría la situación financiera del Estado en al menos 1.000 millones de libras anuales (casi 1.200 millones de euros), solo gracias a la mayor asequibilidad de la vivienda en Londres.
En los últimos años, reformas en la planificación urbanística, llevadas a cabo en lugares tan diversos como Auckland, Austin, Minneapolis y California, han fomentado la construcción de viviendas y reducido los precios. Se trata de modelos de eficacia probada que muchos países podrían replicar.
Los fallos en la política de vivienda han afectado con especial dureza a los habitantes de Londres. Sin embargo, resolver este problema beneficiaría a todas las zonas, al aumentar la recaudación fiscal y aliviar la presión sobre el gasto público. Cualquier político, independientemente de sus aspiraciones, debería considerar como una prioridad absoluta solucionar la incapacidad de Londres para construir más viviendas.
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