Real Decreto Ley

La Comunidad de Madrid ha presentado cuatro alegaciones ante el Consejo de Estado al proyecto de real decreto del Gobierno central que regula los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental de los centros de datos y alude a la invasión de competencias y riesgo para las inversiones. En concreto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que la norma está excesivamente centralizada, invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica, lo que introduce "incertidumbre" para las empresas y puede poner en riesgo las inversiones en estas infraestructuras estratégicas.

La Comunidad de Madrid ha solicitado el trámite de audiencia con el Consejo de Estado ante "las graves consecuencias" que tendrá el Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos para la región, donde estima que podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo. Todo después de que el Gobierno central haya remitido a este órgano consultivo el proyecto normativo definitivo que sigue rechazando de plano el sector de los 'data centers' pese a haber introducido pequeños cambios que suavizaban algunas de las exigencias.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el Gobierno espera aprobar el proyecto de real decreto de los centros de datos antes de las elecciones generales, convocadas para el próximo 29 de noviembre. En concreto, el proyecto normativo, contestado duramente desde el sector, contempla que los 'data centers' deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.

El Gobierno eliminó el término ‘fondo buitre’ de los nuevos decretos de vivienda, pero amplió a quién se aplica el límite de compra del 70% sobre el valor de tasación, que ahora incluye a grandes tenedores. El término nunca tuvo definición legal. Entre 2015 y 2019, los fondos compraron a la banca carteras inmobiliarias por más de 148.500 millones; hoy, están dejando de invertir en España. Con el alquiler rindiendo un 3,1% y la vivienda un 16% en total, según el Banco de España, el negocio está en vender. Mostramos una radiografía de quiénes son, cuánto compraron y cuántos quedan.

La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que contempla destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica, al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños". Según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que esta iniciativa "condiciona el acceso a los fondos públicos".

El Gobierno irá "más allá" en su intervención del mercado de la vivienda si continúa al frente de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre y promete hacerlo "con toda la fuerza de la ley". Así lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Su compañera en el Consejo de Ministros, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, también señala que el programa electoral del PSOE para el 29N contendrá medidas "ambiciosas" en este sentido, aunque ha evitado desvelarlas. La dirigente socialista también ha vuelto a culpar a la "falta de apoyo parlamentario" las iniciativas que el Ejecutivo ha sido incapaz de sacar adelante.

El decreto ley con ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada de la crisis en Oriente Medio ha conseguido el respaldo mayoritario de la Diputación Permanente del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts. PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos han decidido mantener en vigor las ayudas que se han estado aprobando desde marzo y que ya suman 12.000 millones de euros. Entre ellas, se limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso de gas natural y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La inversión en alojamiento flexible de media estancia en España suma en lo que va de año 677 millones de euros, más que los 648 millones obtenidos a lo largo de todo 2025, según el informe que presentó la multinacional de servicios inmobiliarios Savills en VITUR Forum Madrid. Pese a los datos positivos, el sector convive con una preocupación: el marco regulatorio y fiscal que se está definiendo en España y en Europa y que califican como "el principal freno". Durante la jornada se aseguró que la incertidumbre tras el último real decreto-ley ha paralizado operaciones y firmas de contratos.

La entrada en vigor el pasado 7 de octubre del Real Decreto-ley 29/2026 limita la compra de vivienda a fondos de inversión y grandes tenedores por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. A falta de que esta iniciativa se convalide en la Diputación Permanente ya está paralizando las compraventas de vivienda, según confirman los notarios. A las dudas por la letra pequeña del texto y al temor por el alcance de las medidas que contiene, se suma ahora un nuevo embudo para la adquisición de viviendas: la necesidad de contar con una tasación para cumplir con requisitos más restrictivos. "Había ventas programadas para formalizarse y se han paralizado", señala a idealista/news el notario Juan José de Palacio.

El real decreto sobre gestión del riesgo de inundación que preparaba el Gobierno antes de la convocatoria electoral ampliaba las restricciones urbanísticas en zonas inundables de toda España. De aprobarse, la norma prohibirá nuevos usos residenciales, vetará los garajes y sótanos en áreas expuestas a este riesgo y obligará a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento en un plazo de cinco años. María Jesús Romero, profesora del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), responde a todas las dudas que genera este posible nuevo escenario cuestiones para idealista/news.

Ni recetas mágicas, ni decretos urgentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido por primera vez que el Gobierno "no tiene las herramientas necesarias" para resolver la crisis de vivienda a corto plazo. El dirigente socialista también ha reconocido que el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez no fue "lo suficientemente previsor" en esta materia durante la anterior legislatura, cuando gozaba de una mayoría más amplia en el Congreso. "La atención del Gobierno no estuvo ahí", ha zanjado. Puente culpa ahora al parlamento por no convalidar las medidas urgentes pese a que volverán a presentarlas en la Diputación Permanente.

El Gobierno ha vuelto a publicar apenas una semana después de sacar el anterior decreto, que fue tumbado en la Cámara Baja, hace unos días, un amplio paquete en materia fiscal en el Real Decreto-ley de vivienda del 6 octubre, que incluye bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de un alquiler habitual. Pero, además, se aplican subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y pisos turísticos, la aplicación del IVA al negocio del alquiler turístico, o la modificación de las rentas inmobiliarias en el IRPF, junto a otras exenciones por rehabilitación o venta de viviendas a entes públicos y el cambio de régimen de las socimis.

Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el viernes pasado. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.

Con los nuevos (o no tan nuevos) reales decretos-leyes con medidas que afectan al alquiler y a la transmisión de viviendas publicados en el BOE con las Cortes ya disueltas, el Gobierno responde a una dificultad real con prórrogas, limitaciones e incentivos. Pero la gravedad del problema exige algo más que buenas intenciones: entender las verdaderas causas del problema y actuar sobre ellas para garantizar que también puedan acceder a una vivienda quienes todavía no la tienen. Además, la extraordinaria y urgente necesidad que permite al Ejecutivo legislar por decreto no puede identificarse con su desacuerdo con el resultado de una votación parlamentaria.

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con la mayoría en contra que suman PP, Vox, Junts y UPN los dos reales decretos-Ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pretendían aplicar una prórroga indefinida de los contratos de alquiler, un tope a las subidas de las rentas por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, endurecer la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o una mayor fiscalidad para las segundas residencias. Esta nueva derrota acerca al Ejecutivo a la convocatoria de elecciones generales al constatar, una vez más, su debilidad parlamentaria.

El 18,85% de los diputados que votará este viernes los dos decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene declarado en el Congreso que obtiene ingresos por el alquiler de viviendas, locales y fincas rústicas. 65 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura o durante la misma que reciben ingresos por arrendar sus viviendas, lo que supone casi la quinta parte. Proporcionalmente, Junts cuenta con más arrendadores en sus filas, mientras PP y PSOE son los partidos que tienen más caseros en sus filas.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha apelado al Congreso de los Diputados a que no convalide los reales decretos de vivienda aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, ya que sostiene que estos "agravan todavía más" el problema y "reducirán gravemente" la oferta

El PNV en el Congreso ha reclamado durante la negociación del decreto de vivienda una regulación "precisa que diferencie claramente el alquiler habitual, el temporal y el turístico".Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappSegún han informado fuentes jeltzales, a su vez, han apostado por que lo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappEn

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el segundo Real Decreto de Vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros, que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma.

Entre la batería de medidas incluidas en el decreto de vivienda de este 30 de septiembre, se establece un paquete en materia fiscal que incluye subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y segundas residencias, aplicación del IVA para los pisos turísticos y reducciones por rehabilitación de pisos para alquiler, además de bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas de alquiler habitual. La mayoría de ellas solo funcionarán si la vivienda se encuentra en una zona de mercado tensionado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el decreto ley en materia de vivienda aprobado por el Gobierno que se va a votar este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalida o se deroga, pero no ha desvelado cuál va a ser su voto. La diputada no se ha referido al decreto de la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, y es que los independentistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa segunda norma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles "razonablemente optimista" sobre la convalidación en el Congreso de los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha defendido el trabajo realizado durante los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios. "Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue la votación", ha señalado Sánchez durante una rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

El segundo de los dos reales decretos que el Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros obliga a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si estos rompen unilateralmente el arrendamiento. La medida introduce en España los llamados contratos indefinidos, una exigencia del sindicato de inquilinas que supone en la práctica la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada -por ejemplo, la necesidad suya o de algún familiar de habitar el inmueble- para no renovar el contrato. Si no lo hace, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a doce mensualidades como compensación.