Real Decreto Ley

El decreto ley con ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada de la crisis en Oriente Medio ha conseguido el respaldo mayoritario de la Diputación Permanente del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts. PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos han decidido mantener en vigor las ayudas que se han estado aprobando desde marzo y que ya suman 12.000 millones de euros. Entre ellas, se limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso de gas natural y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La inversión en alojamiento flexible de media estancia en España suma en lo que va de año 677 millones de euros, más que los 648 millones obtenidos a lo largo de todo 2025, según el informe que presentó la multinacional de servicios inmobiliarios Savills en VITUR Forum Madrid. Pese a los datos positivos, el sector convive con una preocupación el marco regulatorio y fiscal que se está definiendo en España y en Europa y que califican como "el principal freno". Durante la jornada se aseguró que la incertidumbre tras el último real decreto-ley ha paralizado operaciones y firmas de contratos.

La entrada en vigor el pasado 7 de octubre del Real Decreto-ley 29/2026 limita la compra de vivienda a fondos de inversión y grandes tenedores por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. A falta de que esta iniciativa se convalide en la Diputación Permanente ya está paralizando las compraventas de vivienda, según confirman los notarios. A las dudas por la letra pequeña del texto y al temor por el alcance de las medidas que contiene, se suma ahora un nuevo embudo para la adquisición de viviendas: la necesidad de contar con una tasación para cumplir con requisitos más restrictivos. "Había ventas programadas para formalizarse y se han paralizado", señala a idealista/news el notario Juan José de Palacio.

El real decreto sobre gestión del riesgo de inundación que preparaba el Gobierno antes de la convocatoria electoral ampliaba las restricciones urbanísticas en zonas inundables de toda España. De aprobarse, la norma prohibirá nuevos usos residenciales, vetará los garajes y sótanos en áreas expuestas a este riesgo y obligará a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento en un plazo de cinco años. María Jesús Romero, profesora del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), responde a todas las dudas que genera este posible nuevo escenario cuestiones para idealista/news.

Ni recetas mágicas, ni decretos urgentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido por primera vez que el Gobierno "no tiene las herramientas necesarias" para resolver la crisis de vivienda a corto plazo. El dirigente socialista también ha reconocido que el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez no fue "lo suficientemente previsor" en esta materia durante la anterior legislatura, cuando gozaba de una mayoría más amplia en el Congreso. "La atención del Gobierno no estuvo ahí", ha zanjado. Puente culpa ahora al parlamento por no convalidar las medidas urgentes pese a que volverán a presentarlas en la Diputación Permanente.

El Gobierno ha vuelto a publicar apenas una semana después de sacar el anterior decreto, que fue tumbado en la Cámara Baja, hace unos días, un amplio paquete en materia fiscal en el Real Decreto-ley de vivienda del 6 octubre, que incluye bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de un alquiler habitual. Pero, además, se aplican subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y pisos turísticos, la aplicación del IVA al negocio del alquiler turístico, o la modificación de las rentas inmobiliarias en el IRPF, junto a otras exenciones por rehabilitación o venta de viviendas a entes públicos y el cambio de régimen de las socimis.

Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el viernes pasado. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.

Con los nuevos (o no tan nuevos) reales decretos-leyes con medidas que afectan al alquiler y a la transmisión de viviendas publicados en el BOE con las Cortes ya disueltas, el Gobierno responde a una dificultad real con prórrogas, limitaciones e incentivos. Pero la gravedad del problema exige algo más que buenas intenciones: entender las verdaderas causas del problema y actuar sobre ellas para garantizar que también puedan acceder a una vivienda quienes todavía no la tienen. Además, la extraordinaria y urgente necesidad que permite al Ejecutivo legislar por decreto no puede identificarse con su desacuerdo con el resultado de una votación parlamentaria.

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con la mayoría en contra que suman PP, Vox, Junts y UPN los dos reales decretos-Ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pretendían aplicar una prórroga indefinida de los contratos de alquiler, un tope a las subidas de las rentas por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, endurecer la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o una mayor fiscalidad para las segundas residencias. Esta nueva derrota acerca al Ejecutivo a la convocatoria de elecciones generales al constatar, una vez más, su debilidad parlamentaria.

El 18,85% de los diputados que votará este viernes los dos decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene declarado en el Congreso que obtiene ingresos por el alquiler de viviendas, locales y fincas rústicas. 65 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura o durante la misma que reciben ingresos por arrendar sus viviendas, lo que supone casi la quinta parte. Proporcionalmente, Junts cuenta con más arrendadores en sus filas, mientras PP y PSOE son los partidos que tienen más caseros en sus filas.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha apelado al Congreso de los Diputados a que no convalide los reales decretos de vivienda aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, ya que sostiene que estos "agravan todavía más" el problema y "reducirán gravemente" la oferta

El PNV en el Congreso ha reclamado durante la negociación del decreto de vivienda una regulación "precisa que diferencie claramente el alquiler habitual, el temporal y el turístico".Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappSegún han informado fuentes jeltzales, a su vez, han apostado por que lo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappEn

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el segundo Real Decreto de Vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros, que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma.

Entre la batería de medidas incluidas en el decreto de vivienda de este 30 de septiembre, se establece un paquete en materia fiscal que incluye subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y segundas residencias, aplicación del IVA para los pisos turísticos y reducciones por rehabilitación de pisos para alquiler, además de bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas de alquiler habitual. La mayoría de ellas solo funcionarán si la vivienda se encuentra en una zona de mercado tensionado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el decreto ley en materia de vivienda aprobado por el Gobierno que se va a votar este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalida o se deroga, pero no ha desvelado cuál va a ser su voto. La diputada no se ha referido al decreto de la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, y es que los independentistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa segunda norma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles "razonablemente optimista" sobre la convalidación en el Congreso de los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha defendido el trabajo realizado durante los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios. "Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue la votación", ha señalado Sánchez durante una rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

El segundo de los dos reales decretos que el Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros obliga a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si estos rompen unilateralmente el arrendamiento. La medida introduce en España los llamados contratos indefinidos, una exigencia del sindicato de inquilinas que supone en la práctica la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada -por ejemplo, la necesidad suya o de algún familiar de habitar el inmueble- para no renovar el contrato. Si no lo hace, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a doce mensualidades como compensación.

El Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto-ley 26/2026, una regulación específica para el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La norma, publicada en el BOE del 30 de septiembre, establece límites de duración, controles de precio y sanciones para las plataformas que intermedien en alquileres de corta estancia. Ahora debe convalidarse en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del viernes 2 de octubre.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Real Decreto-ley para proteger a familias y empresas de los efectos del conflicto en Oriente Medio, que amplía hasta finales de año las medidas que caducaban este 30 de septiembre. En concreto, se establece una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo que bajará de forma progresiva en noviembre y diciembre, se limita la revisión de la TUR del gas natural y de la bombona de butano, y se prorrogan las ayudas al campo y a los transportistas profesionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que las medidas que llevan en marcha desde marzo "han amortiguado en un 50% el impacto de la guerra" y ha insistido en que la presión sobre los precios de la energía no aflojará en lo que queda de 2026.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional. La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

Sumar ha vuelto a subir el tono contra el PSOE en materia de vivienda y ha exigido a la ministra Isabel Rodríguez que se deje de "vacaciones" y apruebe el decreto ley prometido para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler.