Contrato de arrendamiento

Por lo general, los contratos de arrendamiento estándar se firman por el plazo de un año y posteriormente se activa la prórroga año a año hasta el mínimo de las tres anualidades, siendo esta prórroga, un derecho del inquilino, y una obligación para el casero.

El alquiler de un piso se está convirtiendo cada vez más en un activo seguro para los propietarios frente a otras fuentes de ingresos.

Los contribuyentes que hayan estado recientemente de alquiler en Madrid, Andalucía o Cataluña y lo hayan declarado a Hacienda tienen pocas posibilidades de librarse de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) sobre los arrendamientos. Ahora bien, los expertos insisten en que han tenido suerte: incumplir la ley tributaria, aunque sea por desconocimiento, está sujeto a sanciones de hasta el 75% de la deuda, pero tanto abogados como autonomías descartan multar y abrir expedientes.

Algunas comunidades autónomas con escasa liquidez han empezado a girar liquidaciones a los arrendatarios para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los contratos de alquiler. Si el inquilino no lo abona, se lo podrán reclamar al propietario. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años. Salvo que se quiera iniciar un larguísimo pleito contra la Administración, no hay manera de librarse del pago.

Cuando se firma el contrato de alquiler el inquilino tiene que prestar atención a todas las cláusulas contractuales y no sólo a las que hacen referencia al importe de la renta o la duración del contrato.

En el sistema tributario español hay un pequeño impuesto prácticamente desconocido para los ciudadanos: el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en el alquiler de viviendas y que paga el inquilino. ¿Pero el itp no se paga sólo cuando se compra?

Una opción para pasar unas buenas vacaciones es alquilar un apartamento vacacional.

Tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es importante conocer los derechos que tiene un inquilino cuando la vivienda cambia de manos.

La sociedad pública del alquiler (spa), dependiente del ministerio de vivienda, ha logrado cerrar 419 contratos de alquiler en julio, lo que supone un aumento del 47% con respecto al mes anterior Además, 702 ciudadanos se han interesado por entrar a vivir en algunas de las viviendas ofertadas y 200