Control de alquileres

La llegada del control a los precios de la vivienda en alquiler en 140 municipios de Cataluña es inminente. La declaración de zonas de mercado residencial tensionado supone, entre otras cosas, limitar los precios de las rentas o la modificación del régimen de prórrogas de los contratos en vigor, o que los pequeños propietarios obtengan más desgravaciones en el IRPF. Repasamos el contenido de la Ley de Vivienda, que modifica artículos de la LAU, y los puntos que deben tener en cuenta tanto arrendador como inquilino.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que distribuirá 430 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible. Rodríguez ha afirmado que ya se han transferido 3.500 millones a las CCAA. Además, ha pedido a los gobiernos autonómicos que amplíen sus dotaciones a las ayudas al alquiler y ha confirmado que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler que marcará las rentas en zonas tensionadas llegará a lo largo del mes de febrero.

Desde este enero se aplica el nuevo tope del 3% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas habituales, sujetos a la LAU. Los arrendamientos que actualicen precios durante este mes pasarán a pagar una renta mensual de 803 euros para un piso tipo de dos habitaciones, según los cálculos de idealista. Supone unos 23 euros más al mes, casi 280 euros al año. Si lo comparamos con el último dato de la inflación conocido, de diciembre de 2023 (3,1%), apenas hay diferencia.

El límite a los precios de los alquileres regresará a 140 municipios de Cataluña, tras el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). A falta de la publicación del Índice de Precios de Referencia de Alquiler a lo largo del mes de febrero, estas localidades serán declaradas zonas de mercado residencial tensionado, según lo estipulado en la Ley de Vivienda, y sus rentas podrán estar congeladas al menos tres años. Cataluña será así la primera CCAA que aplique el control de precios de la nueva normativa estatal.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha instado al Gobierno a que defina lo más pronto posible el nuevo índice de actualización de rentas, ante el vacío legal en el que van a caer los nuevos contratos de alquiler de vivienda que se suscriban a partir del próximo 1 de enero de 2024, por la indefinición que se va a generar en cuanto a la actualización anual de la renta. Durante todo el año que viene, a los alquileres a los que les toque la renovación anual de su contrato tendrán un tope máximo del 3%. Sin embargo, a partir de 2025, el nuevo índice de referencia lo tendrá que concretar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Ley de Vivienda lleva siete meses en vigor. Nació con polémica y sigue levantando ampollas y, por ahora, ha traído más incertidumbre que certezas tanto a los inquilinos como a los pequeños y grandes propietarios, como a las agencias inmobiliarias. La oferta en el mercado de alquiler se reduce a la vez que crecen opciones distintas al arrendamiento tradicional y los precios siguen alza, ya no solo en capitales de provincia, sino también en otras ciudades y áreas metropolitanas.

El Observatorio Vasco de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Euskadi, ha identificado a 41 municipios entre sus 251 localidades que cumplen, total o parcialmente, con las condiciones para ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Estas poblaciones acogen a 1,2 millones de personas, el 54% de la población vasca. Entre ellas, se encuentran gran parte de los distritos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, además de Eibar, Irún, Barakaldo, Zarautz o Portugalete, entre otros.

Diciembre será el último mes en el que se aplique el tope del 2% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas sujetos a la LAU. Desde enero de 2024, la actualización será, sin acuerdo entre partes, hasta un límite del 3%. El arrendamiento medio en España de un piso de dos habitaciones pasará a pagar durante el próximo año unos 790 euros al mes, tras una subida de unos 185 euros anuales (16 euros/mes). En ciudades como Barcelona, San Sebastián, Madrid o Palma, la renta media supera los 1.000 euros al mes, con aumentos de más de 240 euros al año, pero menos que seguir vinculando el contrato a la actual inflación (3,2%).

A partir del 1 de enero de 2024, se amplía la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta en los contratos de alquiler de viviendas que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que se lleva aplicando desde finales de marzo de 2022. En estos 21 meses, se ha dejado de tomar como referencia al Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a un límite máximo del 2%. Ahora, cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, propietario e inquilino tendrán que pactar la nueva subida, pero en ausencia de acuerdo el incremento no podrá ser superior al 3%.

El límite del 2% aplicado desde abril de 2022 en la actualización de los contratos de alquiler de viviendas llega a su fin el próximo 31 de diciembre, para dar paso a un nuevo tope del 3% de incremento durante 2024, según la Ley de Vivienda. Este noviembre, a los alquileres a los que les toque renovar su renta verán una subida media de 180 euros anuales (15 euros/mes), lo que supone 135 euros menos de haber seguido vinculada la renta al IPC (3,5%).

La nueva Ley de Vivienda está suscitando muchas dudas y en especial con respecto a qué se considera gran tenedor de viviendas. Con la ley en la mano, es cualquier persona física o empresa que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial. Pero el número de inmuebles en propiedad baja a cinco si están ubicados en zonas declaradas tensionadas por la comunidad autónoma correspondiente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le ha puesto deberes al próximo Gobierno en materia de vivienda en su último ‘Estudio Económico de España’ para mejorar el acceso a un hogar a las familias, especialmente a los jóvenes.

Los contratos de alquiler de viviendas a los que les toque la revisión anual de su renta este octubre seguirán limitados al 2%, salvo acuerdo entre las partes. Con este tope, el incremento del alquiler medio será de unos 180 euros más al año, con diferencias entre capitales. De seguir vinculadas a la inflación, con el último IPC de septiembre (3,5%), las rentas habrían subido unos 315 euros anuales de media, alrededor de 135 euros de diferencia. En Barcelona, Madrid o San Sebastián, las distancias entre la actual renovación del 2% y la inflación son mayores, por encima de los 230 euros/año.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, se ha reunido con la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, para tratar asuntos en materia de infraestructuras, transporte y vivienda. Entre ellos, La ministra ha recordado a la consellera que la Generalitat aún no ha remitido toda la documentación necesaria para la declaración de áreas tensionadas en el mercado residencial y el índice de precios de referencia, mientras la ministra ha mostrado su sorpresa por el recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda que anunció el Gobierno catalán.

Se cumplen 18 meses de la puesta en marcha del tope del 2% a la subida de las rentas del alquiler de viviendas en la renovación anual de sus contratos. Con este límite impuesto, el incremento de un arrendamiento medio se quedará en unos 180 euros más al año, según idealista. Tras conocerse el dato definitivo del IPC de agosto (2,6%), la diferencia entre uno y otro índice será de algo más de 50 euros anuales a nivel nacional. En ciudades como Barcelona (80 euros/año), San Sebastián, Madrid o Palma (los tres con alrededor de 70 euros/año), la aplicación de este tope supondrá mayores diferencias con la inflación.

Las patronales Foment del Treball y la APCE en Cataluña han criticado la nueva definición de gran tenedor incluida en la memoria presentada al Mitma por la Generalitat para avanzar en la puesta en marcha de la declaración de las 140 zonas de mercado residencial tensionado en la región, que limitará los alquileres en estas poblaciones en los próximos tres años. La reducción de 10 a cinco inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios, "imposibilitará el acceso a la vivienda, provocará la retirada de pisos de la oferta en alquiler para la venta, justo el efecto contrario al que se necesita", han destacado.

Últimos trámites en Cataluña para empezar a aplicar el control de precios del alquiler en los 140 municipios declarados por la Generalitat como zonas de mercado residencial tensionado. Solo se han incluido dos alegaciones a la memoria presentada al Mitma, que debe dar su visto bueno antes de iniciar estas medidas que limitarán los alquileres durante los próximos tres años. El Parlamento catalán votará el próximo 1 de septiembre si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda.

La renovación anual de los contratos de alquiler en vigor para este mes de agosto sigue limitada a una subida del 2%. Este tope supondrá un incremento en torno a los 175 euros anuales de media, según idealista, con mayores aumentos en Barcelona (264 euros), San Sebastián (240 euros) o Madrid (228 euros). La diferencia entre este límite y la inflación en julio (2,3%), cuatro décimas por encima de junio, deja una diferencia de unos 25 euros al año.

El dato definitivo del IPC de junio (1,9%) publicado por el INE confirma que la inflación se encuentra ligeramente por debajo del tope máximo del 2% establecido por el gobierno de Pedro Sánchez desde marzo de 2022 para la renovación anual de los contratos de alquiler de vivienda. Esa décima de distancia supone apenas una diferencia de 9 euros anuales de media para un alquiler tipo de dos habitaciones en España, según idealista, pero abre la puerta a la discusión de qué índice se aplica ahora. El Mitma defiende que la LAU confirma que el tipo que se aplique nunca podrá ser superior al IPC, y los expertos que la Ley de Vivienda y los decretos ante la guerra en Ucrania han dejado fuera a la inflación de la actualización de rentas.

El dato adelantado del IPC de junio (1,9%) publicado por el INE ha dejado la particularidad de que, por primera vez desde abril de 2022, la subida limitada del 2% en la renovación anual de los contratos de alquiler resultará más alta que la propia tasa de inflación. Esa décima de más supone apenas 9 euros de diferencia anuales de media para un alquiler tipo de una vivienda de dos habitaciones en España, pero habrá que esperar si esta tendencia continuará en los próximos meses. Recordamos que el tope del 2% seguirá en vigor hasta finales de 2023 y que a partir de 2024 la renovación anual de los contratos de alquiler tendrá un límite del 3% de subida.

El Gobierno ha eliminado en Consejo de Ministros la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, con lo que a partir del 1 de julio esta medida ya no aplicará. Es decir, a partir del 1 de julio los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen, no podrán solicitar la prórroga extraordinaria seis meses más. Se trata de una medida incluida en un real decreto aprobado el pasado 27 de diciembre de 2022, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania. El partido de coalición, Sumar, ha arremetido contra el PSOE por poner fin a esta decisión.

Barcelona (18,6 euros/m2/mes) es el municipio catalán que cuenta con el precio del alquiler más alto, según el último informe de idealista, del listado de localidades publicado por la Generalitat de Cataluña donde quiere aplicar el tope a los precios de los arrendamientos de la Ley de Vivienda. De las 140 poblaciones, se han seleccionado las 40 más destacadas por su población y por la oferta de pisos en el mercado. A cierre de mayo, 15 de ellas alcanzan valores máximos. Así está el precio del alquiler en los municipios catalanes con mayor stock que la Generalitat quiere declarar como zonas de mercado residencial tensionado.

El Gobierno ha dejado para la próxima semana la decisión sobre la renovación o no de las ayudas anticrisis que caducarán el 30 de junio, como la rebaja en el IVA de los alimentos básicos o la reducción del precio de los abonos de transporte público y títulos multiviaje. Si no hay cambios, en julio concluirá también la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que se llevan realizando a lo largo de este año, aunque dicha ampliación tendrá efecto hasta final de año.

Los contratos de alquiler a los que les toque la revisión anual en junio seguirán viendo un incremento limitado al 2% durante el próximo año. Este tope supondrá una subida de la renta de alrededor de 180 euros/año de media, aunque los mayores aumentos se dan en Barcelona, San Sebastián o Madrid. Tras más de un año sin que la inflación esté vinculada a los contratos de arrendamiento, el dato definitivo del IPC de mayo (3,2%) confirma que es el más bajo desde que el Gobierno aplicó este límite a los alquileres. Una actualización que habría dejado la renta en 288 euros más al año, 108 euros de diferencia con la renovación media actual.

La Ley por el Derecho a la Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo abre la puerta a la congelación de las rentas del alquiler y a no recuperar la posesión del inmueble en caso de impago del alquiler. Así lo han puesto de manifiesto juristas durante la Jornada sobre esta ley organizada por el Consejo General de los COAPI de España y el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM).