Ley de Vivienda

Los expertos inmobiliarios consultados por idealista/news afirman que la recuperación del mercado del alquiler no se espera en un corto ni medio plazo. El arrendamiento de viviendas vive un momento de gran incertidumbre con los precios tocando máximos históricos, según los datos de idealista, ante una demanda cada vez mayor frente a una oferta de pisos en alquiler que cada vez se reduce más por motivos como el descenso de los pequeños inversores o la incertidumbre creada por la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

La reunión mantenida entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez hace unos días no ha dado los frutos pretendidos por el gobierno autonómico. A pesar de haber propuesto un listado de 140 municipios sobre los que espera poder realizar la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), el Gobierno central ha desestimado dicha pretensión a la espera, según la abogada de EY Natalia Tova, de la definición de un índice de referencia de los precios del alquiler homogéneo para toda España.

La Ley de Vivienda contiene multitud de artículos que están creando mucha polémica e inseguridad jurídica en el sector inmobiliario por entender que estas medidas están reduciendo la oferta de viviendas en alquiler y va a desplazar inversiones entre las CCAA que la apliquen y las que no. Así lo estima José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Por ejemplo, las reservas de suelo para vivienda protegida están afectando negativamente a la actividad promotora. E inmobiliarias que se dedicaban al alquiler están echando el cierre.

La Ley de Vivienda cumple cuatro meses en vigor y lo hace con el anuncio de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que han presentado en los últimos meses por los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares, el Parlamento de Cataluña y el grupo popular en el Congreso de los Diputados. El alto tribunal recuerda que los recursos han ido dirigidos contra diversos preceptos de la normativa con el argumento de que son contrarios a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, o que plantean una posible vulneración del derecho de propiedad.

El CEO de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce; el CEO de Servihabitat, Borja Goday, y el presidente de Meridia Capital, Javier Faus, han coincidido en señalar que la reciente Ley de Vivienda, que está a punto de cumplir cuatro meses en vigor, no mejorará el acceso de la clase media a un hogar en Es

Los efectos de la nueva Ley de Vivienda en el mercado del alquiler se han hecho notar a pocos meses de su aprobación. La principal consecuencia ha sido la contracción de la oferta a causa de la desprotección jurídica que sienten los propietarios y la falta de rentabilidad que obtienen ante los límites de precios. Además, desde Alquiler Seguro avisan de diferentes prácticas para esquivar las restricciones de esta norma, como el alquiler de temporada o el de habitaciones.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, se ha reunido con la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, para tratar asuntos en materia de infraestructuras, transporte y vivienda. Entre ellos, La ministra ha recordado a la consellera que la Generalitat aún no ha remitido toda la documentación necesaria para la declaración de áreas tensionadas en el mercado residencial y el índice de precios de referencia, mientras la ministra ha mostrado su sorpresa por el recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda que anunció el Gobierno catalán.

Se cumplen 18 meses de la puesta en marcha del tope del 2% a la subida de las rentas del alquiler de viviendas en la renovación anual de sus contratos. Con este límite impuesto, el incremento de un arrendamiento medio se quedará en unos 180 euros más al año, según idealista. Tras conocerse el dato definitivo del IPC de agosto (2,6%), la diferencia entre uno y otro índice será de algo más de 50 euros anuales a nivel nacional. En ciudades como Barcelona (80 euros/año), San Sebastián, Madrid o Palma (los tres con alrededor de 70 euros/año), la aplicación de este tope supondrá mayores diferencias con la inflación.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que están proliferando nuevas formas de contratación de alquileres como consecuencia de que muchos propietarios buscan saltarse la nueva Ley de Vivienda y esquivar los límites que impone a los arrendadores Ley de Arrendamiento Urbano (LAU). Entre ellas, el alquiler de temporada, el arrendamiento de habitaciones, los alquileres turísticos o el arrendamiento de locales y despachos profesionales como viviendas. Y alerta de que en algunos casos estas fórmulas son ilegales.

El popular y televisivo economista José Carlos Díez nos abre afectuosa y generosamente las puertas de su hogar en Madrid, en Valdebebas, para conceder una entrevista a Idealista News y poder conocer su visión sobre el mercado inmobiliario español. Cercano, familiar y muy buen amigo de sus amigos, su presencia en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales es muy intensa. Pero su popularidad no le ha hecho olvidar sus orígenes humildes, de los que se siente muy orgulloso.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha avanzado que su Ejecutivo recurrirá la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir competencias autonómicas y “generar inseguridad en los propietarios”. Por ahora, ya son siete CCAA las que han mostrado su desacuerdo con la normativa nacional: Madrid, Andalucía, País Vasco ya han presentado recurso de inconstitucionalidad al TC mientras Cataluña, Baleares, Galicia y, ahora, Canarias, lo ultiman.

Cataluña da un golpe en la mesa contra una norma estatal. El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, a propuesta de ERC y JxCat y con el apoyo de la CUP, por invasión de competencias autonómicas. Cataluña se suma así a otras autonomías que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como Madrid, Andalucía y País Vasco. Mientras, Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado.

Ya se han cumplido tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas. En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado. Cataluña votará esta semana si también recurre al TC. Por su parte, los expertos confirman que se han cumplido las consecuencias esperadas: se está reduciendo la oferta de alquiler, las rentas siguen al alza y, en definitiva, está limitando más el acceso a una vivienda a los más vulnerables.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) vuelve a cargar contra la Ley de Vivienda e insiste en que perjudica al consumidor y "demoniza" a los profesionales del sector inmobiliario. Según la patronal, esta normativa "nació en un contexto electoralista tras un largo letargo" y proyecta la imagen de que el sector inmobiliario está vinculado a la especulación, lo que perjudica a los consumidores. Así, lamenta que el texto no contenga un marco regulatorio para la profesión fomentando la formación o la tendencia de un seguro de responsabilidad civil

En un arrendamiento de vivienda se pueden repercutir a los inquilinos cualquier tipo de gastos, ahora bien, otra cosa sería que la repercusión de estos gastos no hiciera viable el alquiler. La nueva Ley de Vivienda exceptúa expresamente los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de los contratos. También indica que los gastos por los servicios con que cuente la vivienda arrendada, que se individualicen mediante aparatos contadores, serán en todo caso de cuenta del inquilino, tal y como recuerdan desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Las patronales Foment del Treball y la APCE en Cataluña han criticado la nueva definición de gran tenedor incluida en la memoria presentada al Mitma por la Generalitat para avanzar en la puesta en marcha de la declaración de las 140 zonas de mercado residencial tensionado en la región, que limitará los alquileres en estas poblaciones en los próximos tres años. La reducción de 10 a cinco inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios, "imposibilitará el acceso a la vivienda, provocará la retirada de pisos de la oferta en alquiler para la venta, justo el efecto contrario al que se necesita", han destacado.

Últimos trámites en Cataluña para empezar a aplicar el control de precios del alquiler en los 140 municipios declarados por la Generalitat como zonas de mercado residencial tensionado. Solo se han incluido dos alegaciones a la memoria presentada al Mitma, que debe dar su visto bueno antes de iniciar estas medidas que limitarán los alquileres durante los próximos tres años. El Parlamento catalán votará el próximo 1 de septiembre si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda.

El Gobierno de Baleares presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo, al considerar que invade competencias autonómicas. El Ejecutivo balear se une así a las CCAA de Madrid, Andalucía y País Vasco en acudir al TC por la controvertida normativa sobre vivienda.

La renovación anual de los contratos de alquiler en vigor para este mes de agosto sigue limitada a una subida del 2%. Este tope supondrá un incremento en torno a los 175 euros anuales de media, según idealista, con mayores aumentos en Barcelona (264 euros), San Sebastián (240 euros) o Madrid (228 euros). La diferencia entre este límite y la inflación en julio (2,3%), cuatro décimas por encima de junio, deja una diferencia de unos 25 euros al año.

Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili (URV), doctor europeo en Derecho y máster en Economía inmobiliaria por la Universidad de Cambridge, es fundador y primer director de la Cátedra UNESCO de vivienda URV. Gran conocedor del sector inmobiliario, es autor de cinco libros sobre vivienda, el mercado hipotecario y el derecho de daños. En esta entrevista para idealista/news habla de la Ley de Vivienda y del mercado inmobiliario en general.

ERC ha anunciado que llevará al próximo pleno del Parlamento catalán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda tras el dictamen del Consejo de Garantías, al considerar que vulnera competencias autonómicas. Los republicanos votaron a favor de la controvertida norma en el Congreso de los Diputados, pero ahora se ven presionados por JxCat, que sí votó en contra. Cataluña se uniría así a otras regiones como Madrid, Andalucía y País Vasco que han decidido recurrir la Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de mayo.

A pesar de que la Ley de Vivienda actual deja en manos de las Comunidades Autónomas decisiones que deben ser aún adoptadas, como la determinación de las zonas de mercado residencial tensionado, hay modificaciones que tienen efecto desde su entrada en vigor y que afectan directamente a los arrendatarios de vivienda. Entre ellos, la posibilidad del inquilino que se encuentre en una situación de vulnerabilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año una vez transcurra el plazo legal de 5 o 7 años o los tres años de prórroga legal tácita si el arrendador es un gran tenedor.

El Gobierno Vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por "condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden" a Euskadi. Este recurso se suma al presentado por la Comunidad de Madrid, por considerar que invade competencias autonómicas.

Ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) durante 22 años, desde 1994 hasta 2016, y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos entre 2003 y 2007, a sus 71 años, Cándido Méndez afirma que no tiene nostalgia de su etapa como sindicalista, aunque recalca debérselo todo “a la UGT y a mi familia”. idealista/news entra en su casa para conocer más de cerca a este extremeño que afirma que lo importante ya no es quién gane las Elecciones Generales del 23 J, sino el día de después.

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley Vivienda estatal al entender que invade competencias autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en los "graves errores jurídicos" y "artículos inconstitucionales" del texto aprobado apenas dos meses. La CAM tiene de plazo hasta el 25 de julio para presentar el recurso.