Ley de Vivienda

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que están proliferando nuevas formas de contratación de alquileres como consecuencia de que muchos propietarios buscan saltarse la nueva Ley de Vivienda y esquivar los límites que impone a los arrendadores Ley de Arrendamiento Urbano (LAU). Entre ellas, el alquiler de temporada, el arrendamiento de habitaciones, los alquileres turísticos o el arrendamiento de locales y despachos profesionales como viviendas. Y alerta de que en algunos casos estas fórmulas son ilegales.

El popular y televisivo economista José Carlos Díez nos abre afectuosa y generosamente las puertas de su hogar en Madrid, en Valdebebas, para conceder una entrevista a Idealista News y poder conocer su visión sobre el mercado inmobiliario español. Cercano, familiar y muy buen amigo de sus amigos, su presencia en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales es muy intensa. Pero su popularidad no le ha hecho olvidar sus orígenes humildes, de los que se siente muy orgulloso.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha avanzado que su Ejecutivo recurrirá la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir competencias autonómicas y “generar inseguridad en los propietarios”. Por ahora, ya son siete CCAA las que han mostrado su desacuerdo con la normativa nacional: Madrid, Andalucía, País Vasco ya han presentado recurso de inconstitucionalidad al TC mientras Cataluña, Baleares, Galicia y, ahora, Canarias, lo ultiman.

Cataluña da un golpe en la mesa contra una norma estatal. El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, a propuesta de ERC y JxCat y con el apoyo de la CUP, por invasión de competencias autonómicas. Cataluña se suma así a otras autonomías que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como Madrid, Andalucía y País Vasco. Mientras, Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado.

Ya se han cumplido tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas. En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado. Cataluña votará esta semana si también recurre al TC. Por su parte, los expertos confirman que se han cumplido las consecuencias esperadas: se está reduciendo la oferta de alquiler, las rentas siguen al alza y, en definitiva, está limitando más el acceso a una vivienda a los más vulnerables.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) vuelve a cargar contra la Ley de Vivienda e insiste en que perjudica al consumidor y "demoniza" a los profesionales del sector inmobiliario. Según la patronal, esta normativa "nació en un contexto electoralista tras un largo letargo" y proyecta la imagen de que el sector inmobiliario está vinculado a la especulación, lo que perjudica a los consumidores. Así, lamenta que el texto no contenga un marco regulatorio para la profesión fomentando la formación o la tendencia de un seguro de responsabilidad civil

En un arrendamiento de vivienda se pueden repercutir a los inquilinos cualquier tipo de gastos, ahora bien, otra cosa sería que la repercusión de estos gastos no hiciera viable el alquiler. La nueva Ley de Vivienda exceptúa expresamente los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de los contratos. También indica que los gastos por los servicios con que cuente la vivienda arrendada, que se individualicen mediante aparatos contadores, serán en todo caso de cuenta del inquilino, tal y como recuerdan desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Las patronales Foment del Treball y la APCE en Cataluña han criticado la nueva definición de gran tenedor incluida en la memoria presentada al Mitma por la Generalitat para avanzar en la puesta en marcha de la declaración de las 140 zonas de mercado residencial tensionado en la región, que limitará los alquileres en estas poblaciones en los próximos tres años. La reducción de 10 a cinco inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios, "imposibilitará el acceso a la vivienda, provocará la retirada de pisos de la oferta en alquiler para la venta, justo el efecto contrario al que se necesita", han destacado.

Últimos trámites en Cataluña para empezar a aplicar el control de precios del alquiler en los 140 municipios declarados por la Generalitat como zonas de mercado residencial tensionado. Solo se han incluido dos alegaciones a la memoria presentada al Mitma, que debe dar su visto bueno antes de iniciar estas medidas que limitarán los alquileres durante los próximos tres años. El Parlamento catalán votará el próximo 1 de septiembre si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda.

El Gobierno de Baleares presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo, al considerar que invade competencias autonómicas. El Ejecutivo balear se une así a las CCAA de Madrid, Andalucía y País Vasco en acudir al TC por la controvertida normativa sobre vivienda.

La renovación anual de los contratos de alquiler en vigor para este mes de agosto sigue limitada a una subida del 2%. Este tope supondrá un incremento en torno a los 175 euros anuales de media, según idealista, con mayores aumentos en Barcelona (264 euros), San Sebastián (240 euros) o Madrid (228 euros). La diferencia entre este límite y la inflación en julio (2,3%), cuatro décimas por encima de junio, deja una diferencia de unos 25 euros al año.

Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili (URV), doctor europeo en Derecho y máster en Economía inmobiliaria por la Universidad de Cambridge, es fundador y primer director de la Cátedra UNESCO de vivienda URV. Gran conocedor del sector inmobiliario, es autor de cinco libros sobre vivienda, el mercado hipotecario y el derecho de daños. En esta entrevista para idealista/news habla de la Ley de Vivienda y del mercado inmobiliario en general.

ERC ha anunciado que llevará al próximo pleno del Parlamento catalán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda tras el dictamen del Consejo de Garantías, al considerar que vulnera competencias autonómicas. Los republicanos votaron a favor de la controvertida norma en el Congreso de los Diputados, pero ahora se ven presionados por JxCat, que sí votó en contra. Cataluña se uniría así a otras regiones como Madrid, Andalucía y País Vasco que han decidido recurrir la Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de mayo.

A pesar de que la Ley de Vivienda actual deja en manos de las Comunidades Autónomas decisiones que deben ser aún adoptadas, como la determinación de las zonas de mercado residencial tensionado, hay modificaciones que tienen efecto desde su entrada en vigor y que afectan directamente a los arrendatarios de vivienda. Entre ellos, la posibilidad del inquilino que se encuentre en una situación de vulnerabilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año una vez transcurra el plazo legal de 5 o 7 años o los tres años de prórroga legal tácita si el arrendador es un gran tenedor.

El Gobierno Vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por "condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden" a Euskadi. Este recurso se suma al presentado por la Comunidad de Madrid, por considerar que invade competencias autonómicas.

Ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) durante 22 años, desde 1994 hasta 2016, y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos entre 2003 y 2007, a sus 71 años, Cándido Méndez afirma que no tiene nostalgia de su etapa como sindicalista, aunque recalca debérselo todo “a la UGT y a mi familia”. idealista/news entra en su casa para conocer más de cerca a este extremeño que afirma que lo importante ya no es quién gane las Elecciones Generales del 23 J, sino el día de después.

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley Vivienda estatal al entender que invade competencias autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en los "graves errores jurídicos" y "artículos inconstitucionales" del texto aprobado apenas dos meses. La CAM tiene de plazo hasta el 25 de julio para presentar el recurso.

El Instituto de Estudios Económicos pone al mercado del alquiler como ejemplo de los efectos negativos que tienen las medidas intervencionistas. Según el 'think tank' de la CEOE, el tope a las rentas que incluye la Ley de Vivienda provocará consecuencias devastadoras a largo plazo, como la retirada de viviendas del mercado o la aparición de economía sumergida. En su opinión, este tipo de medidas, lejos de solucionar el problema de la vivienda, lo que generan son "incentivos perversos y desequilibrios económicos" y cree que la clave está en construir más vivienda y reforzar la seguridad jurídica.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarios (Fadei) ha pedido a los poderes públicos la regulación de la profesión inmobiliaria, al mismo tiempo que han denunciado los problemas que le causa al sector la Ley de Vivienda. La organización también ha reclamado que debiera garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros.

La oferta de alquiler en España podría reducirse un 11,7% por los cambios de la Ley de Vivienda. Según los cálculos de Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, esto supondría la desaparición de unos 100.000 pisos que actualmente están alquilados. El límite a las rentas en las zonas tensionadas y la inseguridad jurídica podrían llevar a "muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler y buscar otras opciones de negocio".

El dato definitivo del IPC de junio (1,9%) publicado por el INE confirma que la inflación se encuentra ligeramente por debajo del tope máximo del 2% establecido por el gobierno de Pedro Sánchez desde marzo de 2022 para la renovación anual de los contratos de alquiler de vivienda. Esa décima de distancia supone apenas una diferencia de 9 euros anuales de media para un alquiler tipo de dos habitaciones en España, según idealista, pero abre la puerta a la discusión de qué índice se aplica ahora. El Mitma defiende que la LAU confirma que el tipo que se aplique nunca podrá ser superior al IPC, y los expertos que la Ley de Vivienda y los decretos ante la guerra en Ucrania han dejado fuera a la inflación de la actualización de rentas.

El límite a los arrendamientos que contempla la Ley de Vivienda se debe aplicar también en los contratos de aquellos inmuebles ubicados en zonas tensionadas que hayan estado alquilados a una renta inferior al precio de mercado, como por ejemplo los alquileres a familiares. Los abogados consultados por idealista/news afirman que la falta de concreción del texto provoca que este tipo de casos se vean afectados, lo que califican como ilógico y podría provocar la retirada de viviendas del mercado para evitar los topes. También recuerdan que son las comunidades autónomas las que deberán establecer las excepciones. En Cataluña, por ejemplo, solo estarán exentos de los topes aquellos alquileres que sean al menos un 25% más baratos que en el mercado libre.

La limitación de los precios de los alquileres residenciales ha propiciado que las viviendas de uso turístico y temporal se hayan convertido en un refugio para los inversores, quienes aprovechan la falta de regulación de precios en este tipo de propiedades. Con el fin de contrarrestar esta problemática y evitar que los propietarios opten por este tipo de contratos para eludir la limitación de los precios, la Generalitat propone impulsar una nueva legislación que regule los contratos de alquileres de temporada y uso turístico, algo que podría producir un daño incalculable a la inversión en vivienda en Cataluña, según los expertos.

La intermediación inmobiliaria considera que un pacto de Estado de vivienda sería la medida más efectiva para abordar su problemática de un modo integral, en lugar de la Ley de Vivienda, pero considera que la visión cortoplacista de la política imposibilitará su puesta en marcha. Además, reclama el fin del límite al alquiler y una mejora de la fiscalidad para favorecer la compra de una vivienda.

El ”coliving” se ha convertido en una alternativa residencial en constante crecimiento en los últimos años en España, especialmente en las grandes ciudades. Inversores de distinto tamaño están apostando por esta fórmula a raíz de la pandemia y la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda. Y ello porque la relación entre el 'coliver' y el propietario no está sujeta a la LAU y la Ley de la Vivienda establece la posibilidad de establecer límites de precios en “zonas tensionadas”. La abogada Lourdes Barriuso desgrana las claves.