Ley de Vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda funciona y ha rechazado el boicot que hacen algunas administraciones tras una visita a una promoción de 40 viviendas sociales en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la Ley de Vivienda de una vez por todas", ha enfatizado. Asimismo, ha dicho que Cataluña es el mejor ejemplo de que la Ley de Vivienda funciona, ya que según afirma se están conteniendo los precios de los alquileres en las poblaciones que se han declarado como zona tensionada.

La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, presentó en Madrid las leyes impulsadas por el actual Ejecutivo de las islas y las próximas medidas que aprobarán para favorecer la inversión en vivienda en el archipiélago, apostando por la construcción de VPO de régimen privado. idealista/news entrevistó al consejero para hablar sobre estas políticas, la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo, las zonas tensionadas y la regulación de los alquileres de temporada y turísticos.

El municipio guipuzcoano de Rentería ha entrado oficialmente en el listado de municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, tal y como recoge la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La localidad vasca, con una oferta realmente escasa de viviendas de alquiler en la actualidad, se une a los 271 municipios catalanes en los que ya se limitan las subidas de los precios de la vivienda desde mediados de 2024. Otras localidades, como Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria podrían sumarse en breve, mientras pasan los trámites oportunos, al igual que las tres capitales vascas.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda por razones competenciales. En la sentencia se han anulado dos preceptos en los que se fijan requisitos de admisión a trámite de las demandas para recuperar la vivienda o para el inicio de la vía de apremio para la subasta. Sin embargo, el alto tribunal respalda el límite a los alquileres en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, ya que "aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida".

El Govern del PSC de Salvador Illa y los Comuns han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. El texto se aprobará en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles pero tendrá que refrendarlo el Parlament en 30 días, donde necesitan a ERC. Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato en los alquileres de temporada, por lo que sería fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern ha aceptado la propuesta de los Comuns de aplicar multas de hasta 90.000 euros en el régimen sancionador sobre vivienda. Un reglamento que pretende incidir sobre aquellos propietarios de viviendas de alquiler permanente que no apliquen las medidas de control de precios en las zonas declaradas tensionadas en Cataluña o por el uso fraudulento de los arrendamientos de temporada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

Este 2024 que cierra en el mercado del alquiler ha estado marcado por una intensificación de las medidas para controlar los arrendamientos. Se cumple más de año y medio de la Ley de Vivienda, con la ampliación de las zonas tensionadas que limitan las subidas de rentas en Cataluña, mientras Navarra y País Vasco han anunciado que aplicarán medidas de control. El Gobierno pondrá en marcha la Ventanilla Única Digital, que supondrá el registro de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, mientras el Congreso ha puesto en marcha cambios en la LAU para limitar los alquileres de temporada y compartidos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado durante la sesión de control en el pleno del Parlament que Cataluña será la primera comunidad autónoma que dispondrá en 2025 de un régimen sancionador para quien incumpla la regulación del precio del alquiler, al ser actualmente la única región en limitar las rentas en España que permite la Ley de Vivienda. Illa ha afirmado que este mensaje "va para los que quieren especular", mientras que los Comunes han pedido trabajar conjuntamente con el Gevern en el decreto antes de su aprobación. También han exigido un equipo de inspectores para garantizar la aplicación.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Senado que la nueva empresa pública de vivienda va a garantizar que se construyan más casas con fondos públicos a precios asequibles y que siempre serán protegidas. El PP en la Cámara Alta ha criticado al Gobierno por haber agravado la crisis de la vivienda en España y de haber enfrentado a propietarios con inquilinos con la aprobación de la Ley de Vivienda. Mientras Rodríguez achaca a los populares su escasa lucha contra el fraude de los pisos turísticos ilegales y el escaso interés por llevar adelante la reforma de la Ley del Suelo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará a lo largo de este mes de diciembre el nuevo índice que regirá la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual a partir de 2025, dando cumplimiento a la orden de la Ley por el Derecho a la Vivienda. De esta manera, se creará un nuevo mecanismo, diferente al Índice de Precios al Consumo (IPC), que servirá de referencia en la renovación de los contratos regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Desde 2022, esta actualización lleva limitada de manera extraordinaria, al 2% entre 2022 y 2023, y del 3% durante este 2024.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

Economistas, inversores, asociaciones y la Administración madrileña se han dado cita en la sede del Colegio de Economistas de Madrid, donde han repasado las consecuencias de la Ley de Vivienda en la oferta de pisos de alquiler y la inseguridad jurídica que está generando en su primer año y medio en vigor. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, ha pedido suspender su aplicación mientras el mercado se recompone y se replantea una nueva normativa, mientras que Helena Beunza, exsecretaria de Vivienda , ha afirmado que "el control de precios debería estar limitado en tiempo y espacio" y ha reconocido que no hay dinero público suficiente como para construir las viviendas que demanda la sociedad, de ahí que sea necesario atraer al capital privado.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al Gobierno de que su formación no aceptará una reedición del decreto anticrisis para las nuevas ayudas por las consecuencias del temporal que incluya un gravamen a las empresas energéticas no concertado con las haciendas forales de Euskadi y Navarra. Esteban también ha avisado de los riesgos que conlleva amparar a los inquilinos que abusan de la legislación, como en algunos casos de inquiokupación que generan falta de seguridad jurídica que contribuye a la actual escasez de oferta de alquiler.

Nadie discute que es urgente poner en el mercado más vivienda en alquiler a precios asequibles y que es precisa la colaboración del sector privado. Lourdes Barriuso, abogado especialista de derecho inmobiliario en Barriuso Legal, afirma que la figura de la vivienda asequible incentivada dentro de la Ley de Vivienda necesita de una "necesaria regulación, verdaderamente incentivadora para que promotores o pequeños propietarios de pisos vacíos, opten por arrendar a precios por debajo de mercado".

A punto de cumplirse año y medio de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, Cataluña es la única autonomía que ha impuesto la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 271 municipios en los que se aplican limitaciones a las subidas de los precios de los alquileres. Ahora, País Vasco y Navarra han anunciado que inician los trámites con el Gobierno Central para declarar zonas tensionadas en sus capitales de provincia y varios otros municipios.

El Partido Socialista ha publicado los objetivos y metas que presentará en el 41º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a finales del noviembre. En materia de vivienda se desgrana alcanzar para 2030 un parque público de vivienda que supere el 6% del total, rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década y eliminar todas las viviendas turísticas ilegales. Además de impulsar la actual Ley de Vivienda, dando potestad a los ayuntamientos para declarar zonas residenciales tensionadas. En materia fiscal, quiere impulsar un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda, desgravaciones por rehabilitar o sacar vivienda vacía al mercado de alquiler.

La Junta de Gobierno Local de San Sebastián ha aprobado solicitar al Gobierno vasco que la ciudad sea declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado. El alcalde, Eneko Goia, ha destacado que se trata de un "instrumento valido", pero ha advertido de que "un problema tan complejo como el de la vivienda difícilmente se soluciona con una ley" y ha pedido que no se crea que "esto es la panacea" para resolverlo. Según el regidor municipal, el coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, suponen de media un 31,6% de los ingresos de los hogares de San Sebastián.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

El pleno del Parlamento navarro ha dado luz verde para que el Gobierno regional inicie el proceso para declarar "cuáles son las zonas tensionadas" en el mercado de la vivienda. Según ha afirmado María Chivite, presidenta de Navarra, el objetivo es que el trámite se inicie antes de final de año y ha afirmado que "es un proceso que lleva todo un trámite de participación, de información y de trabajo conjunto". La presidenta autonómica ha insistido en que con este proceso permitirá "actuar sobre la contención en el incremento de los precios, bien sea de alquiler o de venta".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven que el Gobierno aprobó la semana pasada y ha asegurado que nadie ha podido demostrar que esta ayuda esté inflando los precios del alquiler. Durante su comparecencia ha defendido que no se está produciendo una disminución de la oferta de viviendas, sino de "rigidez", porque los inmuebles no están saliendo del mercado, sino que están cambiando de destino hacia otro tipo de arrendamientos y que los contratos son más "estables". Además, ha propuesto a las CCAA blindar la vivienda pública y sacar más suelo al mercado entre las críticas del resto de partido de la Cámara.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado que el índice para regular la actualización anual de los contratos, que se está elaborando por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), está pendiente de "ultimarse" a la espera de la supervisión también de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del MIVAU. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez se reúnen con 30 organizaciones y asociaciones sociales un día antes de la comparecencia de Rodríguez en el Congreso centrada en la vivienda ante las críticas de la oposición y del socio de Gobierno.

Esquerra Republicana ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que hace un mes presentó Sumar junto a otros socios parlamentarios y tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. La nueva proposición de ley con algunas modificaciones respecto al texto anterior, como elevar de seis a nueve meses el periodo máximo de los contratos de este tipo de arrendamientos o permitir que las CCAA hayan desarrollado legislación propia puedan aplicar su normativa para respetar la división competencial. Mientras, el Gobierno prepara un registro de los alquileres de corta duración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirán este 22 de octubre con 30 organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España. Acudirán patronales bancarias, de la construcción, sindicatos y otras organizaciones del sector de la vivienda.