Ley de Vivienda

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que es "un poco pronto" para tener "datos duros" o "evidencia suficiente" para ver el efecto del tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, que ya se está aplicando en algunas poblaciones de Cataluña. País Vasco ha sido la siguiente autonomía en empezar a declarar mercados residenciales tensionados. El ministro se adhiere a las declaraciones del gobernador del Banco de España, que afirmó que no le constaba que topar el alquiler impactara positivamente en el precio de las rentas, y cuestiona las afirmaciones de la consejera de Vivienda Cataluña, Sílvia Paneque, que avanzó que los precios en dichas zonas ya había bajado entre un 3% y un 5%.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha adelantado que su Ejecutivo prevé declarar "zona tensionada" en materia de vivienda a lo largo de estos meses a las tres capitales de provincia del País Vasco, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como Galdácano (Vizcaya) e Irún, Zumaya y Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Vitoria y Bilbao ya han trasladado su intención y están trabajando en los expedientes, según el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, mientras se espera que San Sebastián e Irún acuerden en breve solicitar la declaración de zona tensionada que permite la Ley de Vivienda.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero que "no le consta que exista una prueba empírica que demuestre que topar los precios del alquiler en zonas tensionadas tenga un impacto positivo sobre los precios del alquiler". Escrivá ha afirmado que, al ser un tema que preocupa económica y socialmente, el Banco de España tiene varios proyectos de investigación en marcha sobre este asunto. "De lo que sí hay evidencia es que faltan viviendas. Hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando, hay un desajuste entre oferta y demanda", ha subrayado el gobernador.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas. La ministra Isabel Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zonas tensionadas, y las gobernadas por el PP han respondido con un comunicado en el que rechazan el intento del Gobierno de imponer sus políticas de vivienda.

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han firmado un comunicado conjunto, previo a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves, para expresar su rotundo rechazo ante "el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda". Las autonomías gobernadas por los 'populares' se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas elevan los precios y recortan la oferta de vivienda.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explica en esta entrevista las consecuencias que está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado y que no ve necesario regular los alquileres temporales como pretende el Gobierno, puesto que los tribunales ya han aclarado las condiciones que deben darse para que sean considerados como tales. También cree que el uso de garantías públicas animaría a los propietarios a sacar viviendas a precios asequibles, defiende las ventajas de la gestión profesional y descarta una bajada de las rentas ante la inseguridad jurídica.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha avanzado algunos puntos más de la Ley de Vivienda que el principal partido de la oposición pretende presentar en breve en el Congreso. La norma incluye incentivos fiscales para favorecer la salida de viviendas vacías al mercado y para las donaciones de familias para la compra de una casa. También apuesta por eliminar las zonas de mercado residencial tensionado de la actual normativa y reducir el umbral de vulnerabilidad a los 1.080 euros de ingresos, lo que endurecería los requisitos, pero estimulará más vivienda en el mercado, según la portavoz del PP.

La localidad guipuzcoana de Rentería se ha convertido en el primer municipio del País Vasco en ser declarado "zona de mercado tensionado" que permite la Ley de Vivienda. Pero lo más paradójico es que actualmente hay cero viviendas en alquiler en este municipio. Se va a aplicar un control de precios a un mercado inexistente. Un estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda afirmaba que 41 localidades de la región cumplían con los requisitos para aplicar medidas como topar los precios de los nuevos contratos, prorrogar los actuales alquileres o establecer mayores controles a los grandes tenedores. Sin embargo, actualmente no hay en Rentería viviendas en alquiler anunciadas en idealista. El Ejecutivo vasco afirma que ha iniciado los procesos para declarar zonas tensionadas también a Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha calificado las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre retirar fondos estatales a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda de "irresponsables y populistas y ha pedido a la titular de Vivienda una rectificación inmediata". Para Martín, las CCAA (salvo Cataluña) no han aplicado el Índice de Precios de los Alquileres ni han declarado las zonas de mercado residencial tensionado porque "conocen la realidad y saben que intervenir el mercado agravaría la situación de la vivienda en España".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha amenazado a las CCAA que no cumplan con la Ley de Vivienda con no recibir financiación estatal para sus políticas de vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que limitar los precios "es un atentado contra la propiedad". Fuentes del mercado afirman que “el ministerio se equivoca si pretende usar la estrategia del palo y la zanahoria con las comunidades: seis años de medidas fallidas han demostrado que el camino no es tomar más medidas contra los propietarios sino lo contrario. La estrategia más adecuada para cuidar al inquilino es proteger al propietario, justo lo contrario de lo que está haciendo el ministerio”.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA , afirma que la historia de Bruce Farrer es maravillosa. Este profesor de profesión, allá por el año 1962, mandó a sus alumnos el ejercicio de imaginarse cómo serían 20 años después. A partir de 1982 (cuando se cumplían los 20 años) envió más de 2.000 cartas a sus alumnos para recordarles cuáles eran sus ilusiones. Por ello, Ginés escribe en idealista/news una carta sobre cómo será el inmobiliario de aquí a 10 años. Confía en que se haya firmado un gran pacto de Estado, que se haya aprobado la Ley del Suelo y se haya regulado la ocupación, entre otras medidas.

Andalucía tendrá una nueva Ley de Vivienda en 2025. Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha anunciado en el IV Congreso Nacional de Vivienda de la APCE en Málaga que espera que la nueva normativa sea una realidad en el primer semestre del próximo año. El texto irá destinado a generar más suelo, incrementar la oferta residencial y poner en alquiler más viviendas protegidas, y estará consensuado con los colegios profesionales. Moreno ha insistido en que la Administración tiene que "poner todos los esfuerzos para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda".

Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una propuesta para eliminar el IVA en la adquisición de una primera vivienda y reinversión habitual y bonificar el 100% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda, pero siempre que sea "por parte de un español", dejando así excluidos de este beneficio fiscal a los extranjeros. Además, propone destinar a alquiler social tanto viviendas como el suelo urbanizable procedente de Sareb.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que la ausencia del nuevo índice de referencia para actualizar las rentas de los arrendamientos a partir de 2025 está generando incertidumbre entre propietarios e inquilinos. La Ley de Vivienda daba mandato al INE para tener elaborado un nuevo índice antes de finalizar este 2024, con una nueva tasa que no sufriera los vaivenes de la inflación (IPC). La compañía recuerda que "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar", y pide al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa".

El dato definitivo de la inflación de julio (2,8%) confirma que los contratos de arrendamiento de viviendas que renueven durante este agosto tendrán que calcular el incremento sobre el IPC, y no por el tope del 3% decretado por el Gobierno en la Ley de Vivienda para mitigar la subida de los alquileres, como ya ocurrió en marzo pasado. La LAU incide que ninguna subida de la renta puede ser superior a la tasa de inflación. Con este incremento, el alquiler medio pasará a 822 euros al mes, con un aumento de unos 265 euros anuales, según los cálculos de idealista/data para una vivienda tipo piso de dos habitaciones.

La vivienda tendrá un protagonismo especial en el arranque del nuevo curso político. Según ha explicado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, el objetivo del principal partido de la oposición es presentar en el primer pleno de septiembre en el Senado su propuesta de reforma del mercado de la vivienda. Una iniciativa que incluye la derogación de los topes del alquiler en zonas tensionadas, una modificación de la Ley de Suelo y nuevas medidas para luchar contra la okupación. La dirigente popular ha insistido en que "la política de vivienda necesita un cambio de rumbo en España".

María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del Partido Popular (PP), dirige el Ayuntamiento de Linares, una de las localidades más conocidas de la provincia de Jaén. La alcaldesa del municipio explica a idealista/news que los principales retos a los que se enfrenta son el empleo y el desarrollo económico, que los proyectos residenciales en proyecto están impulsados por el sector privado y que no hay previsión de desarrollo de viviendas protegidas de iniciativa pública. Del Olmo considera crucial disponer y tramitar un nuevo Plan General en Andalucía y asegura que la Ley de Vivienda de momento no ha dado sus frutos.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

La vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha afirmado durante unas jornadas inmobiliarias que el actual problema de la vivienda no es casual, sino que es "fruto de políticas erráticas por parte de partidos políticos de todos los colores" y que está "mal enfocado desde el punto de vista regulatorio". Cuena Casas ha criticado los efectos de la Ley de Vivienda, que está provocando "inseguridad jurídica, limitando el atractivo del arrendamiento de viviendas e incentivando la okupación", y afirma que el alquiler debe ser rentable y atractivo para el arrendador para lograr que haya más oferta.

Agencia Negociadora del Alquiler amplía su negocio más allá de los arrendamientos, con el foco puesto en el mercado de la compraventa. La compañía está ofreciendo a aquellos arrendadores que ya no quieren destinar sus viviendas al alquiler la posibilidad de gestionar su venta, ya sea a un inversor o un comprador tradicional. Según explica a idealista/news José Ramón Zurdo, director general de la ANA, detrás de este movimiento está la incertidumbre jurídica derivada de la Ley de Vivienda y la pérdida de interés del alquiler de propiedades.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 131 municipios de la autonomía para que se aplique el control a los alquileres. La Generalitat ha enviado esta declaración al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para su visto bueno y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Una vez que se publique en el BOE, la contención de las rentas se aplicará en un total de 271 municipios de Cataluña, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población total en la región.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda y la modificación de la Ley del Suelo para afrontar la grave situación de la vivienda en España. Martín ha explicado que las Comunidades Autónomas han trasladado en los encuentros mantenidos la necesidad de derogar la Ley de Vivienda y que se suprima el control de los precios para que se incremente la oferta. "Los ayuntamientos nos piden que acabemos con la ocupación ilegal" y el sector más agilidad para que las licencias se den en tiempo "y para que los informes se emitan cuando corresponde", ha agregado.

El Consenso Económico y Empresarial de PwC, que recoge la opinión de 450 expertos, empresarios y directivos, sitúa la falta de oferta y una legislación inadecuada, con una Ley de Vivienda que no ha tenido "el resultado esperado", entre las principales causas del problema de la vivienda en España, por lo que ha abogado por agilizar las licencias urbanísticas, aumentar el volumen de suelo edificable e impulsar la rehabilitación. El panel también apuesta por una mayor liberalización del mercado inmobiliario, con medidas como eliminar los topes a los alquileres.

Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y BNG han registrado en el Congreso una proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y limitarlos a un tope de seis meses. El documento pide una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual para evitar sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reunirá la semana que viene al grupo de trabajo creado para presentar las conclusiones sobre cómo regular estos arrendamientos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han celebrado un encuentro para abordar el pronlema de la vivienda en España y han instado al Gobierno a retirar las medidas de control de precios incluidas en la Ley de Vivienda y a "racionalizar la estructura tributaria" para reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones. También ven fundamental retomar la reforma de la Ley del Suelo y avisan de los perjuicios de regular los alquileres de temporada, que consideran "absolutamente necesarios en cualquier país".