Asegura que los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda “han ido en detrimento del propietario y a favor del inquilino”, y alerta de que “favorece la inquiokupación”.
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Edificios de viviendas en Fuenlabrada (Madrid)
idealista

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID-AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

Según los agentes inmobiliarios, los cambios introducidos en la legislación de los alquileres a través de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda están generando un "desequilibrio que se observa en diferentes aspectos de la nueva legislación", como la introducción del concepto de vulnerabilidad y la ampliación de los plazos del procedimiento para el desahucio, "dificultando las opciones de recuperación de la vivienda o de restitución de rentas impagadas". En este contexto, la reforma introducida por la nueva Ley de Vivienda en los desahucios “favorece la inquiokupación”, aseguran desde el COAPI de Madrid.

José Merino, asesor jurídico de COAPIMADRID-AIM, ha sido el encargado de impartir la jornada y ha afirmado que el principal impacto de la normativa ha sido “una reducción de la oferta de inmuebles en alquiler para vivienda habitual, con subidas muy elevadas de las rentas, ya que actualmente los propietarios se encuentran en una situación muy compleja para ofrecer los inmuebles en alquiler para vivienda habitual”.

Además, Merino ha subrayado que la consideración de la vulnerabilidad del inquilino, haber acudido previamente a una conciliación o acreditar si el inmueble es vivienda habitual, son algunas de las nuevas exigencias que tienen que analizar los juzgados para admitir las demandas de desahucio, “lo que está provocando desde mayo de 2023 unas dilaciones excesivas en el trámite de admisión, independientemente de la cuantía de los procedimientos”, que rondan los 10 meses. 

El asesor jurídico del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid también ha insistido en que la nueva ley ha creado un escenario en el que “el propietario no se arriesga a poner la vivienda en el mercado, no tiene seguridad jurídica, ya que incluso él mismo puede caer en situación de vulnerabilidad si no le es posible desahuciar al inquilino por falta de pago de la renta".

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