El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco obliga al Ayuntamiento de Irún a pagar más de 214.000 euros a una comunidad de propietarios por el mantenimiento de un vial privado usado por el público durante años, en una sentencia que corrige el criterio previo y reconoce que la administración no puede beneficiarse de un uso general sin asumir sus costes.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2015 regulaba las servidumbres de uso público, es decir, espacios privados por los que puede pasar la gente, y establecía quién debía pagar su mantenimiento. Según recoge la resolución, “en las áreas sometidas a servidumbre de uso público, corresponderán al ayuntamiento los costes de servicio, mantenimiento y conservación”. Entre ellos, el alumbrado, los pavimentos, los revestimientos y las infraestructuras generales.
El problema radica, según la sentencia 76/2026, en que el mismo PGOU de 2015 también preveía que esa servidumbre desapareciera. El Ayuntamiento se agarró a ello para no pagar, defendiendo que ya no existía esa obligación. Pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tribunal desmonta ese argumento y expone que en la práctica esa situación se mantuvo durante años por la propia actuación municipal.
Como explica la resolución, aunque el plan “propició la extinción de la servidumbre de uso público, lo cierto es que esta no se ha materializado” hasta que intervino la justicia. Y añade la causa: “Debido a la negativa del ayuntamiento a autorizar su cancelación”. Durante ese tiempo, la comunidad de propietarios tuvo que asumir en solitario los gastos de conservación.
Así pues, el plan urbanístico, lejos de exonerar al consistorio, se convierte en la base para condenarlo: si hay uso público, hay obligación de contribuir. Incluso aunque se discuta la naturaleza jurídica de la servidumbre, la sala recuerda que “no traslada a los particulares la obligación de soportar la totalidad de los gastos que genere el uso público de sus bienes”.
En definitiva, el tribunal estima el recurso de los vecinos y revoca la decisión anterior, imponiendo al Ayuntamiento de Irún el pago de 214.598,86 euros más los intereses legales.
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