Sánchez defiende una regulación "proactiva" para los centros de datos tras el lanzamiento del real decreto

Pedro Sánchez ha entrado de lleno este jueves en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón", tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio diseñado para adelantarse a ese punto de inflexión.

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"La experiencia económica enseña una lección sencilla: que la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva. Y ciertamente es mucho mejor que la ausencia total de intervención", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una columna de opinión en Bloomberg, donde ha subrayado que la rápida expansión de estas instalaciones "se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial", pero ha advertido de que "no planificar ni regular de antemano acaba resultando más costoso y menos eficaz".

El Gobierno español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

Economía digital

Sánchez ha señalado que, aunque la economía digital se percibe como algo inmaterial, depende de una "infraestructura física masiva que ocupa terreno, consume energía, utiliza agua y requiere inversiones cada vez mayores".

En este sentido, ha advertido de que la experiencia internacional demuestra que "surgen tensiones", mencionando los casos de Irlanda y Estados Unidos, y ha recordado que las evidencias apuntan a efectos locales indeseados como "un aumento en los precios de la vivienda cercana" o el denominado "efecto de isla de calor de datos", mediante el cual se pueden elevar las temperaturas en las zonas circundantes.

Dadas estas realidades, Sánchez ha aseverado que la cuestión "no es si los centros de datos son necesarios --ue lo son-, sino cómo se desarrollan", preguntándose qué tipo de instalaciones se necesitan y quién gobernará su expansión.

Acceso a la red eléctrica

Sánchez ha afirmado que "España aún está lejos de afrontar ese tipo de presión", aunque ha reconocido que la economía sana y la capacidad renovable del país han despertado "un enorme interés inversor" cuyas solicitudes y permisos concedidos superan varias veces el objetivo de 4 gigavatios (GW) para 2030.

"Debemos actuar para mantenernos por delante", ha asegurado. A este respecto, ha explicado que la propuesta del Gobierno parte del principio de que "el acceso a la red eléctrica es un activo estratégico escaso y no debe verse frenado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o de una contribución significativa a la economía y a la sociedad".

Estándares ambientales

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que el marco normativo introducirá "estándares de eficiencia energética e hídrica" y exigirá divulgar indicadores clave para "desincentivar el derroche".

Además, ha sostenido que cualquier aumento en la demanda eléctrica "debe ir acompañado también de capacidad renovable adicional" mediante proyectos de energía limpia de nueva construcción para no competir con la demanda existente ni impulsar la dependencia de los combustibles fósiles.

Finalmente, Sánchez ha enfatizado que la regulación reconoce a los centros de datos como un "activo estratégico" para expandir el sector tecnológico europeo y "fortalecer la soberanía del continente".

"Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios", ha resuelto, concluyendo que la meta del Ejecutivo no es frenar el crecimiento ni restringir la innovación, sino "garantizar que sigan siendo económicamente sostenibles y ambiental y socialmente justos".