Ya ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan con el objetivo de hacer frente al problema de la vivienda en España. Sin embargo, las propuestas todavía no se han concretado y varias de las más polémicas necesitan el visto bueno del Congreso para salir adelante, como los cambios fiscales que afectan a socimis, extranjeros extracomunitarios no residentes, a los pisos turísticos o a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal. Diferentes actores del sector inmobiliario y financiero critican la falta de concreción de las medidas y alertan de que la inseguridad jurídica provoca paralización de operaciones y podría lastrar la inversión. Además, el contenido normativo podría sufrir cambios durante el trámite parlamentario.
