El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento europeo para salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda, conocida como 'Affordable Housing Act', presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre.
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Las personas, organizaciones, asociaciones, entidades del tercer sector, administraciones públicas, expertos y agentes económicos interesados podrán remitir sus aportaciones hasta el próximo 4 de noviembre de 2026 a través del formulario habilitado por el Ministerio.
Las contribuciones servirán para enriquecer el Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea (Eiple) y contribuir a la definición de la posición española durante la negociación de la iniciativa en las instituciones comunitarias.
La propuesta legislativa busca establecer un marco común para que los Estados miembros puedan evaluar y justificar determinadas actuaciones dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda, así como fijar criterios compartidos para identificar situaciones de tensión en los mercados residenciales y facilitar la adopción de medidas proporcionadas cuando sea necesario.
En concreto, la consulta permitirá recabar opiniones sobre aspectos como la subsidiariedad de la iniciativa, sus efectos sobre las competencias de las administraciones públicas, su impacto en la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda y sus posibles repercusiones económicas y sociales.
Según el Ministerio, la propuesta de la Comisión Europea refleja la "creciente preocupación" de las instituciones comunitarias por las dificultades de acceso a la vivienda en distintos territorios de la Unión Europea y la necesidad de impulsar respuestas coordinadas para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzar la función residencial del parque inmobiliario y favorecer mercados más equilibrados.
Las claves de la Ley Europea de Vivienda Asequible
El nuevo plan comunitario propuesto excluye los topes a los precios del alquiler y obliga a los Estados miembros a presentar medidas para incrementen la oferta de viviendas.
Sin embargo, plantea dotar a las administraciones regionales y locales de cada nación de la autonomía suficiente que les permita tomar medidas y aplicar restricciones en esta materia si el acceso a la vivienda se convierte en una problemática. La Comisión Europea cataloga la escasez de vivienda para uso residencial permanente como una problemática que afecta de manera directa al tejido económico y social de los países miembros, por lo que ve justificada las limitaciones al alquiler turísticos, de corta estancia y a la compra de segunda residencia, en función de la ubicación y la situación habitacional de dicho lugar.
Jaime Pérez Luque, director del Instituto ESCP de Finanzas y Gestión Inmobiliaria y único miembro español del Comité Asesor de Vivienda de la UE, defiende medidas como la ausencia de topes al alquiler y la creación de un fondo para movilizar vivienda asequible, pero se muestra contrario a aplicar restricciones a los pisos turísticos y la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, ya que pueden tener un impacto negativo y chocar con algunos principios de la UE, como el libre mercado.
Su opinión coincide con la de Borja Giménez Larraz, eurodiputado del PP y ponente y uno de los redactores del informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda que se presentó a principios de año, quien también ha mostrado sus recelos acerca del texto aprobado y sus dudas sobre el encaje legal de las limitaciones sobre los pisos turísticos o la compra de segundas residencias.
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