Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley que facilita la construcción de vivienda protegida y social, eliminando trabas urbanísticas. Entre sus principales medidas figuran la agilización de los planes urbanísticos, la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas, el uso de terrenos dotacionales y terciarios sin demanda para vivienda social, y la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable, simplificando los trámites y acelerando el acceso a la vivienda en la región.

Los nuevos presupuestos de la Junta de Extremadura están en trámite, y una de las medidas propuestas por el ejecutivo regional consiste en bonificar con un 30% del IRPF a aquellos propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler, aunque estas viviendas deben cumplir dos condiciones: llevar vacías mínimo un año y que se arrenden para los próximos tres años. Otras medidas propuestas para la comunidad consiste en rebajar del 8% al 7% el ITP para viviendas de hasta 180.000 euros y establecer el IVA reducido en el 6% para los menores de 36 años que vayan adquirir una vivienda; además de bonificar el 20% de este impuesto a las familias monoparentales.

La Junta de Extremadura ha mantenido un encuentro con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), donde se han planteado nuevas medidas tributarias, como el fin del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, han propuesto una reducción del 100% para los grupos I y II de parentesco (padres, hijos y ascendientes) para los primeros 500.000 euros de base imponible, así como una reducción para los grupos III y IV, que no son familia de primer grado. En los últimos meses, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja han suprimido el tributo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes que incluye, entre otras iniciativas, una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, que afectarán principalmente a las rentas inferiores a 22.200 euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio. También se surpime el impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores.

Los afectados por el derribo de 180 villas de lujo en este complejo urbanístico extremeño de Isla de Valdecañas presentaron la pasada primavera tres recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y acaban de ser admitidos, después de que el Tribunal Supremo rechazara anular la sentencia que obliga a derribar este complejo que no sólo cuenta con viviendas, sino también con un hotel, campo de golf y varias instalaciones.

Tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de las viviendas del complejo Isla de Valdecañas (Cáceres) quieren evitar por todos los medios su derribo, después de que el Tribunal Supremo tumbara toda la urbanización al estar construida en una zona declarada de especial protección de aves, en concreto en 134,5 hectáreas (1,63%) del total de la superficie protegida en la zona (7.600 hectáreas), que rodea un embalse. Han interpuesto incidentes de nulidad basándose en la presunta incompatibilidad de dos jueces que intervinieron en el fallo.

La Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura ha convocado una subasta pública de inmuebles de lo más diversa. Durante los próximos dos meses se podrán presentar ofertas tanto por solares, locales comerciales y plazas de garaje como por los terrenos rústicos divididos en 22 lotes.

La Junta de Extremadura prepara la ley de emergencia social de la vivienda. Entre sus medidas se plantea multar a las entidades financieras que mantengan pisos vacíos procedentes de desahucios y no los pongan en el mercado con sanciones entre los 30.000 y 150.000 euros. Además, incentivará el alquiler social y que los particulares saquen sus inmuebles vacíos a la venta.

El gobierno extremeño tiene sobre la mesa 764 expedientes de desahucio ya iniciados correspondientes a  viviendas sociales (vpo).

La consejería de fomento de la junta de Extremadura trabaja en la creación de un nuevo plan de vivienda para la región.

La junta  de Extremadura desafía al  gobierno central.

La junta de Extremadura amplía las ayudas al alquiler a sus ciudadanos. A partir de ahora cualquier extremeño podrá solicitarla, no sólo los jóvenes como ocurría hasta ahora.