
Tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de las viviendas del complejo Isla de Valdecañas (Cáceres) quieren evitar por todos los medios su derribo, después de que el Tribunal Supremo tumbara toda la urbanización al estar construida en una zona declarada de especial protección de aves, en concreto en 134,5 hectáreas (1,63%) del total de la superficie protegida en la zona (7.600 hectáreas), que rodea un embalse.
Según publica el diario El Mundo, la Junta y los propietarios han interpuesto incidentes de nulidad basándose en la presunta incompatibilidad de dos jueces que intervinieron en el fallo. Son Wenceslao Olea Godoy (magistrado extremeño que ya participó en el proceso judicial del caso en una instancia inferior, en concreto en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) e Inés Huerta (miembro de la Sala que admitió el recurso interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción).
La nulidad de actuaciones se basa en que la intervención de los dos magistrados podría chocar con el artículo 24 de la Constitución que protege el principio de tutela judicial efectiva. El objetivo es que se declare la nulidad de la sentencia del Supremo y que se nombre un nuevo tribunal de la Sala III para que emita una nueva sentencia.
En caso de que este recurso se desestimara, los afectados tienen otro as en la manga: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tanto los propietarios como la Junta van a por todas pues sostienen que el derribo de las edificaciones supondría un daño al medioambiente muy superior que la situación actual.
En cuanto a la promotora del resort, Marina Isla de Valdecañas SL, ha tomado la decisión de no recurrir la sentencia y se ha centrado en lograr las indemnizaciones por el coste de las obras realizadas en todo el complejo que superan los 140 millones de euros: hay viviendas, hotel, campo de golf, pistas polideportivas, embarcadero…
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