Pisos turísticos Barcelona

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el convenio que firmaron el Ayuntamiento de la capital catalana, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona con el objetivo de fomentar la prohibición de pisos turísticos en las comunidades de propietarios de la ciudad a través de subvenciones. Según Apartur, la estrategia vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a una actividad económica legal, por lo que pide su nulidad.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha denunciado en la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo el fin de las viviendas de uso turístico dentro de tres años. Según su directora general, Marian Muro, la supresión de las licencias no implicará de forma automática un aumento de la oferta de viviendas, mientras que provocará pérdidas de 1.900 millones de euros a la capital catalana y pondrá en riesgo 40.000 empleos. Y ha pedido a la UE velar por la aplicación de medidas proporcionales, coherentes y basadas en el diálogo y el análisis.

El cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha rechazado la propuesta de hoteleros de la ciudad para que el consistorio mantenga algunos pisos turísticos en 2028 cuando entre en vigor la prohibición de licencias de este tipo de alojamiento vacacional. Lo ha dicho en un debate sobre turismo en Barcelona con el presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, y moderado por la periodista Glòria Marín en el marco del ciclo 'Fer metròpoli, Barcelona 2030' en el la sede de Foment de Treball y en el que también han participado el consejero delegado de Agbar, Felipe Campos, y la vicepresidenta de Foment Mar Alarcón.

El Ayuntamiento de Barcelona defiende que la desaparición de los más de 10.000 pisos turísticos que existen en la ciudad provocará una caída de hasta el 13,4 % en el precio del alquiler. Sin embargo, la realidad es que la medida amenaza con destruir hasta 16.000 empleos vinculados al sector turístico, según un estudio encargado por el Ayuntamiento al Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona. Lejos de solucionar la crisis de la vivienda, esta restricción no tendrá un impacto real en los precios. La falta de oferta estructural y el desincentivo a los propietarios hacen muy improbable que esos pisos pasen al mercado residencial en condiciones que beneficien a los inquilinos.

Entre 2021 y 2023, las pernoctaciones en las 10 ciudades más visitadas y populares de la UE se multiplicaron por un 2,5, hasta superar las 200 millones de noches reservadas en hoteles. Un estudio de Airbnb revela que casi el 80% de las pernoctaciones en la UE durante 2024 se concentraron en el sector hotelero, defendiendo su modelo más diversificador. "Los hoteles registraron cinco veces más pernoctaciones que Airbnb a lo largo de 2023", afirman. Además, desde la plataforma ha criticado que donde se limitan los alquileres turísticos, como Ámsterdam o Barcelona, el turismo masivo se agrava, con más visitantes y precios cada vez más altos.

Barcelona pone fecha de caducidad a los pisos turísticos. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado que el Ayuntamiento no renovará ninguna de las licencias de viviendas de uso turístico (HUT) una vez expiren en noviembre de 2028. La medida afectará a los más de 10.000 pisos con licencia legal en la ciudad y supone un giro radical en la política de alojamiento turístico. Collboni trasladará personalmente esta decisión al presidente de Airbnb, Brian Chesky, en una reunión prevista en las próximas semanas.

El Govern catalán ha aprobado el Decreto ley que retrasa la entrada en vigor de la modificación del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos hasta el primer periodo de liquidación que se abra a partir de la entrada en vigor del decreto. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Sílvia Paneque, ha explicado que la voluntad es dar seguridad jurídica al sector mientras los cambios en la tasa se debaten en el Parlament. Este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017.

El pleno del Parlament catalán ha avalado el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, pero ha rechazado otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística se comience a aplicar en octubre y no el 1 de mayo como estaba previsto. El Govern aprobará el martes un decreto para aplazar la entrada en vigor de la nueva tasa turística. La modificación de este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017, como las viviendas de uso turístico en toda Cataluña, que pasarán a pagar de 6 a 12 euros por día.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha alertado de que el modelo de regulación y control de pisos turísticos en la capital catalana está en riesgo, a pesar de llevar más de una década en vigor, haber servido de ejemplo a otras ciudades y haber estabilizado el número de licencias en unas 10.000 unidades. Según Apartur, es un sector "ordenado y contributivo", por lo que cree que la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar todas las licencias de viviendas turísticas en la ciudad a finales de 2028 "sería contraproducente y haría resurgir la oferta fraudulenta".

El Ayuntamiento de Barcelona sigue su campaña contra los pisos turísticos. El Consistorio de la capital catalana ha anunciado una nueva iniciativa en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana: el consistorio ofrecerá asesoramiento y acompañamiento técnico a las comunidades de propietarios que no quieran la instalación de viviendas de uso turístico en sus edificios.

La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado considerar la creación de una unidad exclusivamente dedicada a controlar pisos y establecimientos turísticos de la ciudad. La propuesta ha sido planteada por los Comunes y ha salido adelante con el respaldo de PSC, Junts y ERC, y mientras que PP y Vox han votado en contra. Los partidos que apoyan la iniciativa defienden que sería una herramienta para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales y regularizar puestos de trabajo dotándolos de "más calidad".

La eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona podría poner en riesgo una contribución económica de 1,9 millones de euros al PIB de la ciudad y más de 40.000 empleos, según un informe de PwC presentado en el Colegio de Economistas de Catalunya. El análisis, impulsado por Apartur, subraya el peso de estos alojamientos, que representan el 38% del turismo en la ciudad, y alerta de sus efectos colaterales en sectores como la restauración, el comercio y la cultura. Además, el estudio refuta el vínculo entre los pisos turísticos y el aumento del precio de los alquileres, mientras expertos advierten de un posible encarecimiento del turismo y limitaciones para eventos clave.

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), junto con la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA, por sus siglas en inglés), ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, que regula el uso turístico de las viviendas en la comunidad autónoma y contempla la extinción de licencias. El sector argumenta que la norma infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y reclama su corrección por "por desproporcionada y discriminatoria".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha respondido a Airnb que su decisión de extinguir los pisos turísticos de la ciudad es "firme", a raíz de la petición que la empresa realizó para que reconsiderase su posición. "La actividad económica que utiliza viviendas como alojamiento turístico tiene los días contados en nuestra ciudad", afirma en una carta que ha enviado a Airbnb. Las 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) existentes en Barcelona se extinguirán en 2028 "porque la ciudad no se puede permitir viviendas turísticas mientras existe un déficit de oferta que ha multiplicado el precio del alquiler".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido la decisión que anunció en junio de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre de 2028 para destinarlos a uso residencial, y ha añadido que es una medida "drástica" pero necesaria para afrontar la subida de los precios de la vivienda. En una entrevista en el diario británico 'The Guardian', Collboni ha subrayado que el acceso a la vivienda es actualmente el "problema número uno" en la ciudad, y ha dicho textualmente que este reto lo comparten con otras grandes ciudades europeas.

Airbnb ha enviado una carta al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para que reconsidere las políticas restrictivas en materia de VUTs (viviendas de uso turístico) de los gobiernos municipales de la última década, y afirma textualmente que la moratoria para obtener licencias ha tenido un efecto nulo sobre el mercado. Afirma que los precios de los alquileres y de las propiedades en la ciudad han crecido un 70% y 60%,respectivamente, en estos 10 años de moratoria de licencias de pisos turísticos, y asegura que son problemas anteriores a los alojamientos turísticos, con ocho viviendas vacías por cada oferta de alquiler de corta estancia o la falta de obra nueva en Barcelona.

El teniente de alcalde de Economía en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido la decisión del gobierno municipal de extinguir los pisos turísticos en 2028, después de que el pasado lunes el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, señalase que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial suman 1.000 millones de euros. Respecto a esta cifra, Valls ha señalado que, "si esto es cierto, la decisión del gobierno respecto a los apartamentos turísticos está más que justificada" en referencia a que el negocio de los pisos turísticos en la ciudad es muy alto, textualmente.

Tras meses de debate sobre la decisión del gobierno municipal de Jaume Collboni de acabar con las más de 10.000 licencias de pisos turísticos de Barcelona, ciertos sectores de la ciudad han identificado los que podrían ser nuevos beneficios ante esta medida. El sector comercial, en particular, considera que esta decisión podría impulsar la concesión de nuevas licencias hoteleras, una demanda que ha estado reclamando durante mucho tiempo.

Los Mossos d'Esquadra han levantado 92 actas de infracción tras llevar a cabo 158 inspecciones en viviendas de uso turístico en Cataluña en la primera semana de julio, en el marco de una campaña que se alargará durante los meses de verano. Se trata de un dispositivo integral que pretende combatir las actividades ilegales relacionadas con este tipo de establecimientos así como el incumplimiento en cuanto a la obligación y registro y comunicación de las personas que se alojan.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado introducir el IVA a los pisos turísticos y que tributen como cualquier actividad comercial para frenar el aumento de la oferta ilegal. "Tenemos que incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social", ha añadido. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado por su parte que reforzará la actividad inspectora y sancionadora para combatir los pisos turísticos, ante el riesgo de que afloren alquileres ilegales tras el anuncio de su prohibición a partir de 2029

Volantazo en el Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a materia de vivienda. El alcalde Jaume Collboni ha presentado su plan para hacer frente al problema de acceso a la vivienda que sufre la capital catalana, con “unos precios del alquiler disparados y cada día más caros”. Bajo el nombre Pla Viure, su medida estrella que causará un gran impacto implica recuperar los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona en estos momentos, lo que supondrá eliminar los pisos turísticos de toda la ciudad. "En 2029 habrá desaparecido la figura del piso turístico tal como hoy la conocemos".

El alquiler turístico lleva en auge mucho tiempo debido a la alta rentabilidad que ofrece; muchos arrendadores obtienen lo mismo con una semana de alquiler vacacional, que con un mes de arrendamiento de larga estancia.  Sin embargo, este tipo de modelo puede generar muchas molestias a los veci

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en duda el tope máximo de viviendas turísticas en algunos municipios de Cataluña que incluye el decreto que aprobó la Generalitat el año pasado. Competencia critica que el Gobierno regional no haya efectuado "un especial esfuerzo de motivación en términos de necesidad y proporcionalidad" de algunas medidas adoptadas. En su lugar, propone establecer una tasa o un impuesto sobre la estancia en alojamientos turísticos, cuya recaudación podría destinarse a financiar medidas para facilitar el acceso a una vivienda permanente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que ya trabaja con el Ministerio de Industria y Turismo, y quiere añadir a Economía y Hacienda para la regulación de los pisos turísticos, de la mano de las administraciones autonómicas y locales. "Vamos a garantizar la función social de la vivienda, y en el caso de los pisos turísticos, como un instrumento económico", y ha añadido que se explorarán cambios en la Ley Hipotecaria y en la fiscalidad, aunque sin precisar nada más.

El Pleno del Parlament catalán ha dado luz verde al Decreto ley que afecta al régimen urbanístico de las viviendas turísticas que aprobó la Generalitat a principios de noviembre, con los votos a favor de PSC-Units, ERC, CUP y ECP. Tras un acuerdo de última hora entre PSC-Units y ERC, el decreto se tramitará como proyecto de ley para que pueda ser sometido a cambios vía enmiendas y suavizar la versión inicial. Entre los cambios más destacados está la reducción de los municipios afectados, que pasa de 262 a 140, o la eliminación de que solo puede haber 10 pisos turísticos por cada 100.000 habitantes. Las patronales ven insuficientes las modificaciones y avisan de que tomarán acciones legales para proteger al sector.