límite alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno "en su conjunto" está trabajando para que el próximo 28 de abril se convalide en el Congreso el decreto de prórroga de los alquileres.Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp"Deseo que salga adelante", ha d

El mercado residencial, especialmente en el segmento de lujo, mantiene el pulso en España pese a la incertidumbre global. Sin embargo, en Barcelona la presión regulatoria empieza a tener efectos claros en la actividad: más desinversión, menos compras y un mercado cada vez más condicionado por la inseguridad jurídica. En una entrevista con idealista/news, Óscar Vall, COO de aProperties, analiza el impacto de las medidas en Cataluña, el comportamiento de propietarios e inversores y las perspectivas de un sector que, insiste, sigue siendo un valor refugio.

El Gobierno ha decidido apurar al máximo los plazos legales para someter a votación el Real Decreto-ley 8/2026 con medidas en vivienda para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y cuyas dos grandes medidas son incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de enero de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Según ha confirmado la Junta de Portavoves del Congreso, el próximo 28 de abril el Congreso decidirá si convalida o tumba el texto. De momento, el decreto no cuenta con mayoría parlamentaria para salir adelante, pero Sumar confía en el apoyo de última hora de Junts.

El tope de los precios de los alquileres ya llevan dos años en vigor en Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña. Una medida que, según los expertos, no solo no soluciona los problemas actuales de acceso a la vivienda, sino que está provocando que el proceso de selección de inquilinos sea cada vez más severo y excluyente, lo que está perjudicando a los colectivos que más necesitan ayuda, como jóvenes o familias con rentas medias-bajas. Además, alertan de que el fin de los pisos turísticos en la capital catalana no aumentará la oferta de viviendas de arrendamiento, ya que la mayoría saldrán a la venta.

Los dos reales decretos que aprobó el viernes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas entraron en vigor el 22 de marzo, tras su publicación en el BOE. Este jueves se votará en el Congreso el texto que incluye una batería de medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, la luz o el gas, mientras que todavía no hay fecha oficial para el debate de la prórroga de los contratos de alquiler de dos años y el tope del 2% en las actualizaciones de los arrendamientos. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar el decreto a la Cámara Baja y, de momento, no tiene apoyos suficientes para su convalidación. Por tanto, las medidas podrían perder sus efectos jurídicos.

España lleva más de dos años poniendo a prueba los límites al alquiler y los primeros datos empiezan a confirmar lo que muchos economistas anticipaban: en las zonas donde se han aplicado controles de precios, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido de forma notable, mientras que en mercados sin intervención ha seguido creciendo. El economista Santiago Calvo repasa la evidencia empírica acumulada tanto en España como en EEUU, y analiza cómo estas políticas no sólo impactan en la disponibilidad de vivienda, sino también en el valor de los activos inmobiliarios.

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

Esquerra Republicana ha planteado al Gobierno de coalición que incluya la prohibición de desahucios, la prórroga de contratos de alquiler que finalicen este año y en 2027 o topar la subida anual de las rentas en el decreto de medidas económicas que pretende aprobar el viernes para contener las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El partido nacionalista se une a Sumar, Podemos, Bildu o BNG, que apoyan un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales para proteger a la ciudadanía ante el aumento de precios derivado del conflicto, y reclama más control en el precio de combustibles, rebajas de IRPF para rentas bajas y gravar los beneficios de las energéticas.

El ‘think tank’ ha publicado un informe sobre los efectos que han tenido los años del tope a los arrendamientos en Cataluña. Además de cuestionar que la regulación esté conteniendo las rentas y de señalar la abrupta caída de la firma de nuevos contratos, el instituto asegura que los controles “han incentivado vías de escape regulatorias”, lo que ha provocado una “explosión del alquiler de temporada” y ha desembocado en una nueva regulación para contener este fenómeno. “Es la dinámica clásica del intervencionismo en precios: el control genera distorsiones, las distorsiones justifican nuevos controles, y los nuevos controles generan distorsiones adicionales”, explica.

Todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente caía a doble dígito en el último año, según idealista. El mayor descenso se ha producido en Pamplona (-26%), seguido por A Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%) y Bilbao (-10%). En Girona, el porcentaje se queda en el -6% y la única excepción dentro de estos mercados la constituye Vitoria, donde se ha incrementado un 8%. Por el contrario, la oferta disponible ha crecido en 28 capitales, entre las que se encuentran Sevilla (13%), Valencia (6%), Madrid (5%), Palma (3%) o Málaga (1%).

Los últimos datos del Servicio de Estudios de la Generalitat de Cataluña, basados en las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), confirman que los topes a los alquileres no están logrando el efecto positivo al que prometieron el Govern y el Ejecutivo central. En verano de 2025, un año y medio después de que entraran en vigor las zonas tensionadas, la renta por m2 marcó máximos históricos en Barcelona, mientras que Lleida, Mataró, Girona, Sant Boi de Llobregat y Rubí registraron rentas mensuales récord, al igual que el conjunto de la autonomía. Mientras tanto, las principales ciudades de la región registran una caída considerable de nuevos contratos firmados respecto a 2024.

El próximo 16 marzo se cumplen dos años de la entrada en vigor de las primeras zonas tensionadas en Cataluña, la autonomía pionera en España en imponer topes a los alquileres. Con este aniversario como telón de fondo, idealista/news entrevista a Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides, quien asegura la medida está hundiendo la firma de nuevos contratos en las diferentes CCAA donde se aplica. El economista critica que el debate sobre el mercado residencial esté “contaminado por la confrontación territorial y partidista”, e incide en que la Administración no puede reconocer públicamente que la medida estrella de la Ley de Vivienda esté fracasando, porque sería “un suicidio político”. Su apuesta pasa por acelerar el desarrollo de nuevas viviendas y alerta de que, mientras la construcción no sea rentable y los propietarios no tengan más seguridad jurídica, la tensión de precios irá a más.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acudió al Senado para presentar el modelo y proyectos de acceso a la vivienda en la ciudad.

La lista de mercados tensionados crece en España con la incorporación de los municipios vascos de Hernani, Lezo y Tolosa, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En estas localidades, que apenas suman tres viviendas de alquiler disponibles en idealista, entran en vigor los topes de las rentas que incluye la Ley de Vivienda y elevan a 14 las zonas residenciales tensionadas en Euskadi. Además, el Departamento de Vivienda regional está trabajando en la tramitación de las declaraciones de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri.

El Gobierno autonómico ha hecho un primer balance de las 'bonanzas' de los primeros meses del tope a las rentas de los arrendamientos, que entraron en vigor a finales de julio. Según el Ejecutivo, los precios han caído un 8,6% en las zonas tensionadas y los contratos han subido levemente respecto a 2024, pero los datos oficiales muestran otras lecturas adicionales: las rentas bajan también en las zonas no tensionadas, el precio del m2 apenas varía y las viviendas que se alquilan cada vez son de menor tamaño. Además, la comparativa trimestral sí que muestra un desploma del 44% de los contratos, mientras los alquileres temporales tienen más peso, en detrimento de los de larga duración.

Las cifras oficiales vuelven a poner sobre la mesa que los topes de los alquileres en las zonas tensionadas, una de las medidas estrella de la Ley de Vivienda de 2023, está provocando el hundimiento de la firma de nuevos contratos de arrendamiento. Al igual que ha sucedido en Cataluña, la entrada en vigor del control de las rentas ha provocado una caída del 70% de la firma de contratos, según el Observatorio de la Vivienda de Galicia. Los precios, por su parte, muestran una bajada, aunque el organismo no ofrece datos sobre la superficie media de los inmuebles arrendados. En el caso de la renta por m2, la estadística muestra una estabilización.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de una empresa al Estado español de una indemnización de 631.000 euros por daños y perjuicios causados por la limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2022, 2023 y al 3% durante 2024. El alto tribunal avala esta limitación al considerar que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los inquilinos vulnerables y que no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 que consideraba que invadían competencias autonómicas. Se trata de la tercera sentencia sobre esta norma y avala los tres preceptos cuestionados: la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda, y, por último, avala determinados requisitos de admisión de las demandas para recuperar la posesión de la vivienda.

El 'think tank' de las economías avanzadas ha publicado un estudio sobre España donde resume varias recomendaciones para reducir la actual tensión en el mercado de la vivienda. La OCDE, por ejemplo, cuestiona la eficiencia de los límites a las rentas que establece la Ley de Vivienda, asegura que los incentivos para desarrollar viviendas asequibles son escasos y alerta de la complejidad de establecer impuestos a la vivienda vacía. También insiste en mejorar el enfoque de las ayudas públicas al alquiler y ampliar el parque en alquiler. "España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social", asegura.

Los nuevos datos oficiales de la Generalitat de Cataluña confirman la tendencia de los anteriores trimestres: cada vez se firman menos contratos de alquiler y los precios mantienen la tendencia al alza. Según el Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda catalán, entre abril y junio se firmaron 26.416 nuevos contratos de arrendamiento, un 9,8% menos que un año antes y un 13,1% menos que en los últimos tres meses de 2023, el último trimestre completo antes de que entrara en vigor el tope de las rentas. Mientras, las rentas crecen más de un 3% y marcan su segundo mayor dato de la serie histórica que arrancó hace dos décadas. La inmensa mayoría de las grandes ciudades de la autonomía cumple este patrón, incluida Barcelona.

Otros dos municipios vascos se sumarán próximamente a la lista de mercados residenciales tensionados. La semana pasada, se publicó en el Boletín Oficial regional la declaración de Tolosa y Lezo, ambos localizados en la provincia de Guipúzcoa, como nuevas zonas tensionadas por parte del Ejecutivo de Euskadi, aunque no será definitiva hasta que se publique la resolución del Ministerio de Vivienda en el BOE, algo que se espera de cara a 2026. Entre ambas poblaciones suman cerca de 26.000 habitantes y Lezo no tiene viviendas de alquiler disponibles en idealista, mientras que Tolosa solo cuenta con un inmueble ofertado.

El flamante nuevo alcalde de Nueva York Zohran Mamdani afronta su mandato con un nuevo tipo de política en la mayor ciudad de EEUU. Este joven musulmán de 34 años y de ascendencia surasiática se ha comprometido a congelar los alquileres del mercado regulado de todo Nueva York, la mitad de la oferta existente, evitar desahucios injustificados y levantar más viviendas asequible.

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central llevan meses defendiendo el control de los alquileres en las zonas tensionadas de la región, poniendo a la capital catalana como el ejemplo de que las rentas están bajando. Pero lo que no han contado es que las cifras oficiales también tienen una ‘cara b’: las viviendas alquiladas cada vez son de menor superficie y el precio del m2 está subiendo en la ciudad en los últimos trimestres. “Es un desastre en todos los sentidos. Lo que no se puede hacer es engañar”, afirma Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y director de su cátedra de vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha hecho oficinal la declaración como zonas de mercado residencial tensionado a Bilbao y Vitoria-Gasteiz, junto a las localidades de Astigarraga y Usurbil, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ello, se unen a San Sebastián y, por tanto, el País Vasco ya cuenta con medidas para limitar los precios de los nuevos arrendamiento en sus tres capitales, como ya ocurre en las cuatro capitales catalanas, Pamplona y A Coruña. Estas nueva grandes ciudades encabezan los más de 300 municipios de toda España, localizados en Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, con intervención estatal en el mercado libre del alquiler.