Derecho a la vivienda

Ayer Podemos presentó el borrador de lo que será su programa electoral de cara a las Elecciones Generales del 20 de diciembre.

Tirón de orejas de los Defensores del Pueblo a los poderes públicos por no impulsar un sistema de vivienda pública justo. Piden que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas impulsen una regulación para garantizar el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución española. Y proponen un decálogo para que la vivienda pública sea más justa y accesible.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado a España que cumpla con la legislación internacional en los procesos de ejecución hipotecaria tras denunciar que la justicia española violó el derecho a la vivienda de una mujer. Un juzgado subastó su casa sin haber notificado correctamente la medida a la afectada y le privó de defender sus derechos.

La Ley de Vivienda en Euskadi, que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y contempla la expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, llega al Parlamento donde saldrá adelante con el apoyo de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y el rechazo PP y el PNV, partido en el Gobierno.

La proposición de ley de Vivienda que se plantea en Euskadi pretende igualar el derecho de acceso a la vivienda a otros derechos ya adquiridos como la educación o la sanidad.

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la Ley Canaria del Derecho a la Vivienda, tras haber admitido a trámite la impugnación que ha presentado el Gobierno central por considerar que la norma autonómica regula materias que son competencia del Estado.

El ‘Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española’ de Joan Coromines sitúa el origen del término desahucio en torno al siglo XIII.

Luis jimena, catedrático de derecho constitucional y juez que preside el comité europeo de derechos sociales, asegura que España está retrocediendo en derechos civiles más que sus socios comunitarios.

Miles de personas han salido a la calle este fin de semana en más de 40 ciudades españolas para pedir un cambio en el sistema hipotecario actual.

Amnistía internacional (ai) solicita a los principales partidos de España que el derecho a la vivienda aparezca recogido como un derecho fundamental dentro de la constitución española.

Actualmente la ley de derecho a la vivienda en Cataluña prohibe comprar una segunda residencia a quien disfrute de una vivienda protegida (vpo).

Castilla-la mancha tiene listo el anteproyecto de ley por el que sus ciudadanos tendrán el derecho a disfrutar de una vivienda protegida (vpo) en el plazo máximo de un año, con el único requisito de tener más de 22 años, llevar empadronado en la comunidad un mínimo de tres años y tener  unos in