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Estas son las medidas sobre vivienda que propone Podemos de cara a las Elecciones Generales del 20D

Autor: Redacción

Ayer Podemos presentó el borrador de lo que será su programa electoral de cara a las Elecciones Generales del 20 de diciembre. Se trata de cerca de 500 propuestas que las bases del partido liderado por Pablo Iglesias deberán refrendar o no hasta las 23.59 horas del próximo martes 3 de noviembre.

Entre las medidas que han propuesto los afiliados de Podemos hay 12 propuestas ligadas directamente con la vivienda, aunque también hay otras muchas que tocan tangencialmente al mercado inmobiliario. Esta es la docena de proposiciones que podrían entrar en el programa definitivo que presentará la formación la semana que viene:

1.- Alquiler estable y asequible (100% aceptación)
Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar un alquiler estable y asequible. Nueva regulación del alquiler protegiendo la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Introducción de mecanismos de seguridad en la tenencia y estabilidad en la renta, alargando el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas. Se garantizará alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias) garantizarán el alquiler social. La Ley regulará el concepto de alquiler social que no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible. Promoción de un parque público de vivienda en alquiler social a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. Modificación del procedimiento de desahucio arrendaticio para garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.

2.- Garantías de defensa y de prueba en el procedimiento de la ejecución hipotecaria (100% aceptación)
Cambio en el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, en cumplimiento de las sentencias del TJUE para cesar en el incumplimiento de la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y el Articulo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales.

3.- Registradores de la propiedad y notarios como empleados públicos (99% aceptación)
Los servicios asociados a estas funciones deben ser servicios públicos desempeñados por cuerpos de funcionarios y funcionarias que reciban una retribución mensual al igual que otros cuerpos, como ya ocurre en otros países europeos. Esto eliminaría el pago a través de arancel para los servicios de registros de la propiedad o notarias. Aunque no hay estadísticas oficiales, los datos más “benévolos” hablan de un mínimo de 300.000 euros al año, en comparación con los salarios de funcionarios de responsabilidad similar: un Juez o un Jefe de Inspección de Hacienda cobran alrededor de 100.000 euros y un abogado del estado alrededor de 80.000.

4.- Derecho a la dación en pago (99% aceptación)
Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

5.- Eliminación de las cláusulas abusivas (99% aceptación) 
Eliminación automática e incondicional por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales (como las cláusulas suelo) bajo apercibimiento de sanción en caso de no hacerlo. 

6.- Reorientación del sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación (98% aceptación)
Reorientación del sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas necesidades sociales, favoreciendo el saneamiento urbanístico y la eficiencia energética de los edificios existentes. 

7.- Inmatriculaciones de la iglesia católica (98% aceptación)
Proponemos la recuperación del patrimonio histórico y cultural para el disfrute público. La Iglesia Católica se ha apropiado de una parte importante de nuestro patrimonio sin ningún tipo de contrapartida al Estado, y mediante un registro privado e independiente del registro público. Por ello, queremos atender a las reivindicaciones de diversos colectivos de la sociedad civil, como aquellas vinculadas a la Mezquita de Córdoba.

8.- Ley estatal del derecho a la vivienda (98% aceptación)
Nueva conceptualización de la planificación con dos grandes novedades: afecta a la vivienda privada y se establecen medidas de fomento, de intervención y control del mercado. Concertación institucional para establecer las directrices en la programación en materia de vivienda. Regulación de la composición de una Mesa de Concertación con representación del Estado, CCAA, Municipios, Asociaciones de vivienda pública, tercer sector, inquilinos… Prohibición de la privatización del parque público de vivienda en alquiler. Creación de figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social (garantía de cobro y conservación). Definición de procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves. Impuesto a los tenedores de vivienda vacía. Planificación del porcentaje de vivienda disponible para alquiler asequible. Establecimiento de marco de negociación entre el Estado y la banca y los fondos, en la que se exija, a cambio de los cientos de miles de millones de euros involucrados en el rescate a la banca, ciertas compensaciones en materia de generación de parque de vivienda de alquiler social y asequible Reconocimiento y promoción de nuevas formas de tenencia (cesión de uso, usufructo, cooperativas de alquiler) Promoción de nuevos profesionales y nuevos modelos de gestión para relanzar la vivienda pública y generar economía social en torno a la vivienda. Estas nuevas formas de puesta a disposición de viviendas que permitan defender, reforzar o crear (según los casos) entidades tales como: entidades públicas al servicio de la vivienda; cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso o ‘cohousing’; empresas privadas, profesionales, sin ánimo de lucro, o con ánimo de lucro limitado que gestionen vivienda asequible en conexión con las políticas públicas, aunque garantizándose su independencia; y entidades del mismo tipo que las anteriores, pero que gestionen alquiler social (y que, por lo tanto, requieren y reciben más ayudas públicas para poder operar). Promover las asociaciones de inquilinos, con el fin de defender los intereses de este colectivo en relación al mercado (mejores servicios) y las Administraciones (más y mejores ayudas).

9.- Revitalizar rehabilitando: plan de vivienda rural (98% aceptación)
Desarrollo de un Plan Estatal de Rehabilitación Habitacional en las Zonas Rurales, que recupere viviendas, edificios y espacios públicos deteriorados que mejore sus condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética fomentando el uso de las energías renovables. Se apuesta de este modo por recuperar el valor cultural y patrimonial de estas edificaciones, a través de actuaciones de protección, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión del patrimonio cultural rural del conjunto de los pueblos y culturas de nuestro país. El objetivo es crear un mercado de alquiler asequible que atraiga a nueva población al ámbito rural, de solución habitacional a la población rural flotante (profesorado, personal sanitario, etc.) y que posibilite la independencia de la población joven y mejore las condiciones de vida de la población rural actual.

10.- Primera y única vivienda inembargable (97% aceptación) 
Declaración de inembargabilidad e inejecutabilidad de la primera y única vivienda, de ocupación permanente. Todo inmueble destinado a ser vivienda única y de ocupación permanente se declarará como un bien inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. En caso de fallecimiento del titular del inmueble, la inembargabilidad e inejecutabilidad afectará a los familiares con ocupación permanente en el mismo y no tengan alternativa habitacional. Se entenderá por familiares aquellos con ascendencia o descendencia directa del antiguo titular fallecido. Las garantías de inembargabilidad e inejecutable no serán oponibles respecto de deudas originadas en obligaciones alimentarias, impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda u obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única.

11.- Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares (96% aceptación) 
Mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros en paro y sin otros ingresos, o que presentan ingresos inferiores a 3 veces el IPREM). Esta reestructuración se impulsará mediante la introducción de un verdadero régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas, que realmente libere a éstas de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Esto se logra mediante la implantación del proceso simplificado de Reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible en 2 fases: 

  • Fase de conciliación ante comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación laboral), donde se presentará propuesta a los acreedores 
  • Fase vista judicial, en la que el juez acuerda un Plan de pagos bajo los siguientes criterios: limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado (con opción entre quita y dación en pago); quita, ajustando la deuda al valor del bien hipotecado; dación, mediante una adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la deuda. Las deudas derivadas de procedimientos de ejecución anteriores serán canceladas. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán créditos privados y públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda).

Este procedimiento sería aplicable a autónomos y pequeñas empresas. 
Con ello, se regularía la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarían las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan entregado su vivienda al banco ante la imposibilidad de seguir pagando dicho activo.

12.- Nueva ley de usos del suelo (96% aceptación) 
Revisión de la actual Ley del Suelo para crear un nuevo marco legal que garantice una visión integral del territorio, que proteja los bienes comunes y públicos, que articule la vinculación sectorial y que defina las unidades espaciales de planificación de los diferentes niveles administrativos. Considerar las calificaciones de suelos urbanizables a no urbanizables, integrar los costes ambientales en los costes de urbanización, priorizar las acciones estratégicas y programar la adaptación de los planes sectoriales y municipales a las determinaciones de la nueva ley.