Las desokupaciones continúan siendo un tema polémico y de actualidad. La última ha hecho historia por marcar un nuevo récord: desalojar a 200 personas de 100 pisos okupados en Guadalajara. Según han explicado a idealista/news los responsables de Desokupa Exprés, encargados de llevar a cabo el operativo, ha sido una acción en coordinación con la Policía Nacional y se han necesitado dos meses para organizar la desokupación.
El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona alerta en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios en España a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación.
La vida cada vez está más cara y eso se nota desde la cesta de la compra hasta en el alquiler. Por ello, la tasa de morosidad en España va en aumento. En este artículo, te explicamos cómo es el desalojo de inquilinos morosos y cómo evitar encontrarte con ellos.
La okupación se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de la propiedad, uno de los grandes problemas es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los inquilinos ilegales. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plazo medio se situó en 2021 en 18,1 meses, cuando en 2018 no llegaba al año. Castilla y León, Canarias y Murcia son las CCAA con los periodos más largos.
El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.
La agencia de calificación alerta de que la nueva ley aprobada por el Gobierno español que prohíbe los desahucios de la vivienda de colectivos vulnerables y okupas durante el estado de alarma reducirá los incentivos en la inversión en residencial. Para Moody’s esta nueva norma sigue erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad y presiona al escaso parque público social para acoger a estos colectivos, lo que supondrá más retrasos para el desalojo.
Los cambios legales y regulatorios en los derechos de propiedad, incluyendo la vivienda, han traído una desprotección creciente, según el análisis de Fedea, que alerta además de una progresiva erosión de la seguridad jurídica en los últimos años. El estudio de la Fundación pone como ejemplos las sentencias y normas sobre los desahucios o los problemas de ocupación ilegal.
El principal partido de la oposición ha insistido en la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias de la ocupación ilegal más allá de la actual ley de desahucio exprés contra los okupas. Su presidente, Pablo Casado, ha vuelto a remarcar que hace falta acelerar el proceso para ‘desokupar’ a un máximo de 48 horas o que se amplíe el delito de usurpación con penas de hasta tres años.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, ha dictado una instrucción por la cual si la ocupación de un inmueble revista características de delito, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán actuar directamente sin necesidad de solicitar medidas judiciales previas para desalojar a los ocupantes ilegales.
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley del PDeCat para acelerar el desalojo de una vivienda okupada ilegalmente y de forma premeditada, sobre todo, por mafias. El objetivo es acortar los plazos para desahuciar a un okupa y solo afectará a pequeños propietarios, ONG y administraciones públicas. No afectará a bancos ni a empresas. Te explicamos cómo funcionará.
El propietario de una vivienda en la isla de Tenerife se convierte en okupa de la misma después de intentar lograr un acuerdo de desahucio por la vía legal con su inquilino moroso.
El problema de la ocupación ilegal de viviendas y el dilema que viven las familias más vulnerables ha vuelto al Congreso de los Diputados.
idealista news entra en la antigua sede del Ministerio de Trabajo situada en la calle Breton de los Herreros de Madrid, un edificio adquirido a la Administración por la gestora de cooperativas Domo y que desde el pasado mes de diciembre está ‘okupado’ por un grupo de jóvenes que se definen como “social-patriotas” y que con su acción quieren llamar la atención sobre las pocas ayudas que reciben los españoles con dificultades económicas.
Ni los robos, ni las infracciones de seguridad o las lesiones, los delitos que más han crecido porcentualmente durante los casi siete años de crisis económica que se iniciaron con el ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria han sido las ocupación de edificios y viviendas.
Una veintena de familias de badalona están a la espera de poder entrar en las viviendas que el ayuntamiento de la localidad les concedió en régimen de alquiler social.
Un matrimonio ha sido condenado a pagar una multa de 720 euros por acceder a una vivienda desocupada en el distrito de martutene, en san Sebastián (guipúzcoa), y vivir en ella sin autorización de sus propietarios durante cinco meses
Los hechos se remontan a noviembre de 2009, cuando la pareja accedi
Las promociones de viviendas vacías en la periferia de las ciudades se han convertido en los últimos meses en el objetivo de los ‘okupas’.
El juzgado de instrucción número 6 de Murcia ha declarado culpable a una mujer de un delito de usurpación al haber habitado durante todo un año una casa vacía sin autorización.
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