Círculo Legal: los propietarios españoles, de los más desprotegidos de la UE para desalojar a okupas

El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona alerta en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios en España a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación. Y afirma tajante que nuestro país "está a la cola de la Unión Europea" en lo que se refiere a la proyección ante procesos de desahucio y precarios.

Según el despacho, "el cúmulo de medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz de la pandemia y la entrada en vigor del Estado de Alarma han retrasado, todavía más, los procedimientos judiciales en España. La justicia española atraviesa en la actualidad un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales. Entre ellos destacan los desahucios y precarios, que cada vez afectan a más propietarios que se ven obligados a esperar durante meses a que se produzca el lanzamiento de las personas que okupan su vivienda ilegalmente".

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a que el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses, plazo que incluye tanto los "procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas" de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las "apelaciones de sentencias de juicios verbales" de las Audiencias Provinciales (8,5 meses). Dicho de otro modo: actualmente los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas ilegales de las viviendas tardan algo más de año y medio.

Una cifra que ha ido aumentando con el paso de los años. En 2020, sin ir más lejos, el promedio total para conseguir una sentencia en firme estaba en 16,7 meses, mientras que en 2019 se situaba en 13,1 meses. En 2018, último año al que se remonta la serie histórica entre ambas instancias, el plazo estaba por debajo del año (11,7 meses). 

Además del colapso judicial, Círculo Legal también critica que los mecanismos que contempla la ley en los procesos de desahucio y precarios son insuficientes, de ahí que los propietarios españoles estén más desprotegidos que en otros países europeos.

"Si comparamos con el resto de la Unión Europea (UE), la situación en España es peor y mucho más desfavorable para el propietario no solo porque los procedimientos judiciales son más rápidos sino también porque se adoptan mayores medidas de protección para los ciudadanos vulnerables sin buscar ninguna medida que favorezca a los propietarios”, afirma Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.

Y es que, añade la letrada, "si bien existen una serie de procedimientos para que el propietario pueda recuperar sus propiedades, estos no son lo suficientemente taxativos y ágiles en lo que respecta a facilitar los lanzamientos. Por ello, insiste Goenaga, “no se puede proteger la ocupación y establecer medidas que favorezcan la misma y eso es lo que parece que están haciendo”.

En su opinión, deben ser los poderes públicos los que garanticen el derecho constitucional a tener una vivienda digna, para lo que "deberían dotarse de mayores medios para reducir el número de familias precarias, sin trasladar esta responsabilidad al particular". 

La abogada de Círculo Legal recuerda que los Real Decretos Leyes aprobados a raíz de la pandemia se centraron en proteger a los ocupantes y arrendatarios vulnerables, y no tanto a los propietarios que tienen que hacer frente a desahucios y procedimientos judiciales de precario. Una situación que, en su opinión, da la sensación de que existe cierta "impunidad por parte de los ocupantes o de los arrendatarios que dejan de cumplir con su obligación de pagar la renta".

Y concluye que “no vamos a poner en duda y lo suscribimos totalmente que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una vivienda y digna, pero diferimos totalmente en cómo se debe garantizar y la implicación de los organismos públicos y los medios que deben destinar".

Desalojos en 24 horas y un pacto de Estado

El Partido Popular ha registrado este verano en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la ocupación ilegal que permita el desalojo en 24 horas y recupere el delito de usurpación de inmuebles. 

Además, la ley que trata de impulsar la formación pretende impedir a los okupas que se empadronen y puedan optar así a los beneficios asignados por las Administraciones Públicas, ya que el okupa "no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes".

La normativa plantea también reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen un inmueble con penas de uno a tres años de prisión y plantea cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación. Otra de las modificaciones propuestas afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de que las comunidades de propietarios tengan las herramientas necesarias para iniciar el proceso de denuncia de la okupación. 

A comienzos de julio, la Comunidad de Madrid planteó algo parecido: que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas. Ahora son los propietarios los que tienen que demostrar que no han permitido al okupa hacer uso de su vivienda, lo que suele resultar complicado, ya que lo habitual es que las escrituras estén guardadas en los domicilios y, por tanto, no puedan acceder a ellas. 

De esta manera, la región quiere "invertir los principios" de la actual ley orgánica para perseguir algo que califican como un "acto ilícito que lesiona la propiedad individual, algo que es básico en una democracia liberal".

Desde el mundo inmobiliario también han llegado algunas propuestas en las últimas semanas, como la del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), que ha criticado recientemente en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación', "que vive en estos momentos su punto más álgido".

Según los agentes inmobiliarios, es necesario alcanzar "un pacto de Estado" entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar "una solución efectiva y a largo plazo". De lo contrario, aseguran, "se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro Estado de Bienestar, como es el de la propiedad privada".