Desahucio

La oposición y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas esta semana en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera y después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro. Será en la sesión plenaria del próximo miércoles donde Sumar, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

Que un contrato de alquiler diga que el inquilino asumirá los gastos de comunidad no siempre significa que el propietario pueda reclamárselos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que este documento indique su importe anual en el momento de la firma. De no cumplirse este requisito, el pacto puede ser ineficaz y el arrendador no podrá repercutir esos gastos, tal y como recuerda la Audiencia Provincial de Baleares en una sentencia. El contrato debe concretar el importe anual y que la actualización no puede aplicarse con efectos retroactivos.

Imagina que llevas años pagando religiosamente la hipoteca de tu vivienda habitual y, de pronto, un imprevisto te deja sin capacidad para seguir haciendo frente a las cuotas. El banco inicia la ejecución hipotecaria, se fija fecha de subasta y tu casa empieza a tener, literalmente, fecha de caducidad. Encuentras un comprador a tiempo, vendes el inmueble y con ese dinero cancelas la deuda justo antes de perderlo todo. Has evitado el desahucio, pero Hacienda te reclama que tributes por una ganancia patrimonial por esa venta. Sin embargo, un Tribunal lo reconoce como una dación en pago y, por tanto, puede evitar tributar en el IRPF, tal y como señala el abogado José María Salcedo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado este martes que la empresa pública de vivienda Casa 47 adquiera la casa para evitar el desahucio el próximo 24 de junio de la vecina madrileña de 87 años Maricarmen Martín que lleva 70 años viviendo en su piso del barrio de Retiro.

Pagar el alquiler durante años y continuar en la vivienda no significa necesariamente que el contrato siga protegido por las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Girona en una sentencia que da la razón a una arrendadora que reclamaba recuperar su piso tras finalizar el contrato. La resolución concluye que el alquiler ya había agotado sus prórrogas legales y que la relación entre las partes se encontraba en situación de tácita reconducción. En consecuencia, bastaba con comunicar la voluntad de no renovar.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

¿Puede un propietario recuperar su vivienda ocupada sin que previamente se haya ofrecido un alquiler social? La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a responder a esta cuestión con una resolución que refuerza una idea ya conocida en los juzgados catalanes. La sentencia, dictada en julio de 2025, confirma un desahucio por precario y aclara hasta dónde llegan las obligaciones de los propietarios en materia de alquiler social. Un fallo que ayuda a entender cómo se está aplicando el derecho a la vivienda en la práctica judicial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y ha declarado resuelto un contrato de alquiler al considerar válido el preaviso enviado mediante burofax, aunque la inquilina no lo recogiera dentro del plazo. La sentencia, de 12 de mayo de 2025, revoca la decisión del juzgado de primera instancia y declara válida esta comunicación de finalización de contrato, por considerar que surte efecto aun cuando su entrega no se complete por voluntad del destinatario. El Tribunal declara resuelto el contrato por expiración del plazo y condena a la arrendataria a desalojar la vivienda.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga en su intento de recuperar una vivienda pública ocupada sin título desde hace casi una década. La sentencia autoriza la entrada en el inmueble para ejecutar el desahucio, tras concluir que la ocupación no estaba amparada por ninguna causa de vulnerabilidad social.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

El Tribunal Supremo ha frenado un desahucio que se inició por la devolución de un recibo de alquiler inflado con un consumo de agua veinte veces superior al habitual. El fallo introduce un matiz clave en los procesos de desahucio por impago de alquiler: cuando el arrendador actúa contra la buena fe contractual, el impago no puede utilizarse como causa automática de resolución del contrato.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la decisión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de desahuciar a un hombre que llevaba décadas viviendo en una casa militar. La resolución, del 14 de mayo de 2025, aclara los límites del derecho de uso en este tipo de inmuebles, a la vez que pone el foco en un asunto sensible: ¿qué ocurre cuando los vínculos afectivos con una vivienda chocan con la letra fría de la ley?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña refuerza los derechos de los inquilinos frente a un cambio de propiedad por ejecución hipotecaria. El fallo desestima la demanda de desahucio presentada por la Sareb y valida un contrato de alquiler firmado en 2020, al amparo del Real Decreto-ley 7/2019, que garantiza hasta siete años de protección cuando el arrendador es una persona jurídica. La resolución lanza un mensaje claro: los contratos de arrendamiento válidos y firmados de buena fe deben ser respetados, incluso cuando el inmueble cambia de manos.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que el control judicial del posible carácter abusivo de una cláusula en un contrato de crédito debe incluir el control de su proporcionalidad y abstenerse de aplicarla si es preciso. Además, el juez debe tener en cuenta las consecuencias que provocan esas claúsulas, como pueden ser el desahucio del prestatario y de su familia de la vivienda que constituye su residencia principal, ya que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental.

El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona alerta en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios en España a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación.

El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.

El Tribunal Constitucional ha tumbado varios apartados del decreto que aprobó la Generalitat catalana en noviembre de 2020 para prohibir el desalojo de inquilinos vulnerables que residían en viviendas de grandes propietarios y que les obligaba a ofrecerles un alquiler social, tras estimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno. Los expertos alertaron que la normativa generaba inseguridad jurídica y que podría generar un conflicto de competencias con el Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prórroga de la prohibición de desahuciar a personas sin alternativa habitacional, medida que estará activa hasta el 30 de septiembre y a la que pueden acogerse familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencia de género que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello. También quedan prohibidos los cortes de suministros básicos del hogar hasta el 30 de junio.

Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto a Esquerra Republicana y Bildu para incluir en las cuentas públicas un mecanismo que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022.