Desahucio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la decisión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de desahuciar a un hombre que llevaba décadas viviendo en una casa militar. La resolución, del 14 de mayo de 2025, aclara los límites del derecho de uso en este tipo de inmuebles, a la vez que pone el foco en un asunto sensible: ¿qué ocurre cuando los vínculos afectivos con una vivienda chocan con la letra fría de la ley?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña refuerza los derechos de los inquilinos frente a un cambio de propiedad por ejecución hipotecaria. El fallo desestima la demanda de desahucio presentada por la Sareb y valida un contrato de alquiler firmado en 2020, al amparo del Real Decreto-ley 7/2019, que garantiza hasta siete años de protección cuando el arrendador es una persona jurídica. La resolución lanza un mensaje claro: los contratos de arrendamiento válidos y firmados de buena fe deben ser respetados, incluso cuando el inmueble cambia de manos.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que el control judicial del posible carácter abusivo de una cláusula en un contrato de crédito debe incluir el control de su proporcionalidad y abstenerse de aplicarla si es preciso. Además, el juez debe tener en cuenta las consecuencias que provocan esas claúsulas, como pueden ser el desahucio del prestatario y de su familia de la vivienda que constituye su residencia principal, ya que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental.

El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona alerta en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios en España a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación.

El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.

El Tribunal Constitucional ha tumbado varios apartados del decreto que aprobó la Generalitat catalana en noviembre de 2020 para prohibir el desalojo de inquilinos vulnerables que residían en viviendas de grandes propietarios y que les obligaba a ofrecerles un alquiler social, tras estimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno. Los expertos alertaron que la normativa generaba inseguridad jurídica y que podría generar un conflicto de competencias con el Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prórroga de la prohibición de desahuciar a personas sin alternativa habitacional, medida que estará activa hasta el 30 de septiembre y a la que pueden acogerse familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencia de género que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello. También quedan prohibidos los cortes de suministros básicos del hogar hasta el 30 de junio.

Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto a Esquerra Republicana y Bildu para incluir en las cuentas públicas un mecanismo que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022.

La finalización de una concesión centenaria de unos terrenos ubicados en la sierra de Cercedilla amenaza a 80 familias que habitan en chalés, mucho de ellos de lujo y con un gran valor arquitectónico, construidos en una zona de 85,5 hectáreas de superficie. La llamada colonia de Camorritos, sus viviendas y sus moradores protagonizan un lanzamiento de ‘alto standing’.

Un error en la notificación de un desahucio ha llevado al Tribunal Constitucional a anular el procedimiento de desalojo de una mujer que acumulaba casi 6.100 euros en deudas de la renta de un local comercial ya abandonado. En concreto, el agente judicial que le intentó notificar el procedimiento de desahucio se confundió de dirección y, por tanto, nunca le llegó a la afectada.

El pasado 26 de marzo era la fecha límite que tenía España para incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva europea de Hipotecas, cuyo objetivo principal es acabar con los excesos en la concesión de hipotecas y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impag

Los jueces han comenzado a coordinarse para establecer los primeros límites a lo que se considera un interés abusivo en las hipotecas.

Como cada viernes idealista news sale a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre uno de los temas más compartidos en nuestro portal de noticias.

Otros de los términos más debatidos por la sociedad este año han sido "Dación en pago" y "desahucios ". A comienzos de año se elevó el volumen del debate por las "hipotecas a la americana" y su conveniencia de ser instaladas en España.

203.980 hogares han sufrido un desahucio desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 30 de junio de este año, el banco o la caja de ahorros les ha ejecutado la hipoteca a través de un proceso judicial que, en la gran mayoría de los casos, no ha servido a los deudores para quedar en paz con la entidad fin

El pleno del senado ha aprobado el proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler que supone la puesta en marcha de medidas para agilizar los procesos de desahucio y acelerar la recuperación por parte de los caseros de sus viviendas Esta ley, que protege a los propietarios de viviendas en alquil