Con la entrada en vigor del límite a la renovación anual de las rentas, algunos inquilinos se están encontrando con la desagradable sorpresa de que el propietario quiere subirles las rentas un 5%: el 2% correspondiente a 2023, porque no le llegó a aplicar esta subida y el 3% para este año. Tanto desde Círculo Legal Barcelona como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerdan que se trata de una subida perfectamente válida porque la jurisprudencia existente en esta materia establece que se pueden acumular las subidas si no se hubieran aplicado, aunque los índices de actualización de rentas no se pueden aplicar con carácter retroactivo.
La Ley por el Derecho a la Vivienda que entró en vigor el pasado mayo ha generado mucha inseguridad entre los actores que intervienen en el sector inmobiliario y, según los expertos, a no tener claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Las principales dudas de las agencias pasan por los honorarios que pueden cobrar en los arrendamientos, los datos que pueden facilitar de las propiedades que venden y cómo les va a afectar la declaración de zonas tensionadas en el mercado de alquiler.
Las iniciativas que el Gobierno puso en marcha en materia de alquiler para paliar los efectos de la inflación y la guerra en Ucrania han vuelto a prorrogarse. Como consecuencia, algo excepcional que apenas iba a afectar a la sostenibilidad del mercado se está convirtiendo en un conjunto de medidas de corte estructural que podrían fracturar definitivamente el delicado equilibrio entre oferta y demanda. La ‘inquiocupación’, la retirada de oferta y la subida de precios serán algunos de los daños colaterales, según Círculo Legal.
Agencia Negociadora del Alquiler y Círculo Legal Barcelona explican a idealista/news cuáles son las principales ‘triquiñuelas’ de los inquilinos de pisos de alquiler en toda España. Desde transferencias reversibles a inquilinos de ‘morro fino’, pasando por amigos de lo ajeno. Estos son los ocho principales atajos de los arrendatarios para saltarse la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona alerta en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios en España a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación.
El Gobierno ha aprobado un total de 11 reales decretos con medidas sobre los contratos de alquiler en los últimos dos años. Y aunque estaban dirigidos a fomentar la función social de la vivienda, lo que han provocado es un clima de inseguridad jurídica en torno a la propiedad en España, según el despacho de abogados Círculo Legal Barcelona. En su opinión, este marco normativo cambiante está provocando una disminución en la oferta de alquiler y que muchos propietarios quieran vender sus propiedades.
Cada vez son más los propietarios que temen sufrir la okupación de una casa y son muchas las dudas que surgen a la hora de enfrentarse a este problema. El despacho de abogados Círculo Legal recuerda la necesidad de denunciar ante la Policía dentro de las primeras 24 horas para que proceda al desalojo ya que, pasado ese plazo, se convierte en un proceso civil, por lo que es necesario recurrir al juzgado para interponer una demanda. Conviene actuar pronto para acelerar el procedimiento y evitar responsabilidades con vecinos, terceras personas e incluso con los inquilinos ilegales.
El Tribunal Supremo ha aclarado en una sentencia la importancia que tiene saber distinguir entre la mediación inmobiliaria y el asesoramiento que ofrezca una agencia tanto al comprador como al vendedor. Cada aspecto tiene unas consecuencias legales para estas agencias inmobiliarias, como incurrir en una negligencia por incumplir sus obligaciones. No es lo mismo trabajar para el vendedor y localizar posibles interesados en una vivienda que dar asesoramiento fiscal y legal al comprador. Para despejar dudas, repasamos qué implican ambos conceptos y sus principales diferencias.
Pagar una parte de la compraventa de una vivienda en ‘negro’ para reducir la base imponible y evitar los impuestos es una práctica común en España, donde la economía sumergida supone una parte importante del PIB, según el despacho de abogados Círculo Legal Barcelona. Se trata de escriturar una casa con un valor inferior al real, una práctica común pero peligrosa, ya que la evasión de impuestos está duramente castigada por la ley. Hacienda puede iniciar una comprobación del valor y acabar cobrando el ITP real, los intereses de demora o incluso poner multas.
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