Ley de Vivienda

Las zonas de mercado residencial tensionado y el límite a los alquileres mueren antes de nacer. La medida más polémica de la nueva Ley de Vivienda puede decir prácticamente adiós a sus efectos tras los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M. El Partido Popular ya había destacado que no aplicaría esta medida en las CCAA y ayuntamientos donde gobernase, y tras las votaciones, el mapa de España se vuelve azul en 10 CCAA, con el apoyo de Vox. El anuncio del adelanto electoral de las generales al 23 de julio podría llevar incluso a la derogación de la Ley de Vivienda, en caso de que ganase el PP.

El Pleno del Congreso debatirá esta semana una proposición no de ley registrada por el PP en la que pide la derogación de la recién aprobada Ley de Vivienda y también la puesta en marcha de un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas. La iniciativa no tiene rango normativo, por lo que, aunque se aprobara en la Cámara Baja, no impulsará dicha derogación ni las demás medidas, sino que simplemente se insta al Gobierno a hacerlo.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, Héctor Illueca, ha firmado este viernes, antes del cierre de campaña, la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la Ley de Vivienda. El gobierno autonómico pretende topar los alquileres en las tres capitales de provincia, Valencia, Alicante y Castellón de la Plana, y otros 80 municipios catalogados como de alta necesidad.

Algunos representantes de varias comunidades autónomas han debatido sobre la nueva Ley de Vivienda del Gobierno Central en la feria inmobiliaria Sima. Una norma que no ha sido igual de acogida dependiendo del territorio nacional. En este sentido, Madrid y Andalucía se oponen a la aplicación de la ley, mientras que Valencia y Cataluña la acogen con esperanza y defienden que muchas de las medidas ya se aplican en sus comunidades autónomas. 

La Ley por el Derecho a la Vivienda entra en vigor este viernes, salvo lo relativo a los incentivos fiscales aplicables en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, que iniciarán su vigencia el 1 de enero de 2024.

El 68% de los inquilinos está a favor de la nueva ley de vivienda, frente al 51% de los arrendadores, según el estudio 'Percepciones de la Ley de Vivienda', elaborado por el Grupo Mutua Propietarios, que también refleja que un 74% de los arrendatarios son jóvenes menores de 34 años, y un 40% menores

Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aparecerán nuevos términos como los de vivienda asequible incentivada o las zonas de mercado residencial tensionado, que se centrará, sobre todo, en el alquiler. Se consolida la diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario de vivienda y se establecen normas para la intermediación inmobiliaria o la ampliación del parque público de viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves en sus redes sociales la publicación de "la primera Ley de Vivienda de la democracia" en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "La vivienda en un derecho y no un bien de lujo.

La Ley por el Derecho a la Vivienda ya es una realidad, pero no todas las medidas van a entrar en vigor de manera inmediata. La normativa con más cambios en el mercado residencial de los últimos tiempos llega con uno de los temas más polémicos para el sector: el tope a los alquileres y las zonas tensionadas. Desde el 26 de mayo de 2023, los intermediarios están obligados a suministrar datos sobre las viviendas y sus propietarios, mientras que las nuevas reducciones fiscales se activarán el 1 de enero de 2024, y no tendrán efecto en la renta hasta 2025. El límite a las rentas es una de las muchas medidas que, sin embargo, todavía están pendientes de activación, al estar supeditada a que las CCAA declaren zonas tensionadas de precios. Una declaración que exige una larga lista de condiciones y trámites.

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

El Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido la Ley de Vivienda ante su inminente entrada en vigor en la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2023. Lucas ha destacado que ve al sector con muy buena salud y con ganas de desarrollar nuevas viviendas, pese a que "muchos agoreros dicen que puede entrar en crisis", y que hay muchas propuestas en esta materia sobre la mesa. Desde BBVA, sin embargo, afirman que la ley no refuerza la seguridad jurídica y fondos como Hines alertan de que supondrá una pérdida de competitividad del residencial español frente a otros países europeos.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha traído consigo una fuerte crítica a la posibilidad que da de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta en arrendamiento. También, se cuestionan se invade competencias autonómicas, además del carácter confiscatorio contra la vivienda vacía, de no luchar contra la okupación y no abordar la profesionalización del sector.

La Ley de Vivienda ya es una realidad tras lograr su aprobación en las Cortes Generales por la vía de urgencia, tras estar más de un año encallada en el Congreso de los Diputados. Finalmente, el Gobierno de coalición alcanzó un pacto con ERC y EH-Bildu. En cuanto se publique en el BOE, se eliminará el IPC como referencia para actualizar la renta, cambiarán los procedimientos de desahucios, ejecuciones hipotecarias y subasta de inmuebles, se podrán considerar zonas de mercado tensionado de alquiler para limitar precios y habrá nuevas deducciones fiscales y más impuestos a los pisos vacíos.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado durante un mitin en Madrid que donde gobiernen tras las elecciones autonómicas y municipales del 28M limitarán la compra de vivienda a las personas no residentes en las zonas que se declaren tensionadas dentro de la Ley de Vivienda porque "las casas son para vivir y no para especular".

La Ley de Vivienda aprobada en el Senado va a provocar unos efectos contrarios a los deseados. Según Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, la normativa puede generar un conflicto entre dos preceptos constitucionales: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Además, provocará una reducción de la oferta de vivienda en alquiler y mayor selección de los inquilinos. También critica la indefensión jurídica a la que se ven expuesta los propietarios, sobre todo los grandes tenedores de viviendas.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha advertido de que las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya están notando la fuga de pisos del alquiler de larga estancia hacia otras modalidades de alquiler o compra, sobre todo en las grandes ciudades, antes de que la nueva Ley de Vivienda entre oficialmente en vigor. "Lejos de atajar de raíz el grave problema que existe en España con el alquiler, lo agravará, ya que está causando mucha incertidumbre entre los arrendadores", destaca su presidente, José María Alfaro.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha analizado las consecuencias que traerá la nueva Ley de Vivienda tras producirse su aprobación definitiva en el Senado.

Promotores reunidos en la primera edición del Foro Vivienda de 'Aprova Lab', celebrado en Valencia, han criticado la Ley de Vivienda, ya que consideran que "está ideologizada" y "no soluciona el problema actual". el presidente APCE España, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde, en su opinión, "tienen una Ley similar a la impulsada por el Gobierno central y las consecuencias están siendo terribles: han desparecido un 54% de las viviendas que había en el mercado y el precio del alquiler ha subido sin control".

Laia Bonet es teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona del PSC, número tres en la lista a las municipales de Barcelona de Jaume Collboni y, de ganar las elecciones, quien se haría cargo de vivienda en el consistorio de la capital catalana. La máxima de Bonet para estos próximos cuatro años en Barcelona es levantar más de 70.000 viviendas en toda la ciudad. Si bien su voluntad es la misma que la del actual partido al frente del Consistorio, la forma en la que se hará cambia drásticamente: “necesitamos de la colaboración privada, el inmobiliario no puede ser enemigo”, ha explica Bonet en una entrevista con idealista/news.

La presidenta de la patronal de los promotores en Madrid, Carolina Roca, ha valorado de forma positiva las medidas que ha planteado el Gobierno para desarrollar miles de viviendas asequibles en los próximos años, pero ha recordado que, más allá de los anuncios en campaña electoral, es necesario que el sector público y el privado acuerden una estrategia a largo plazo para aumentar la oferta residencial. Ve necesario agilizar el desarrollo de suelos y la concesión de licencias y reducir la carga fiscal de la construcción de viviendas, y calcula que España necesita levantar cada año 75.000 unidades.

La Ley de Vivienda que ya está en el Senado para entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo incluye un artículo que afecta de lleno a las agencias inmobiliarias y que está sembrando de dudas a agentes de la propiedad, despachos de abogados y partidos de la oposición. Se trata del artículo 31, que obliga a los intermediarios a proporcionar información a los potenciales compradores o inquilinos sobre las características de los inmuebles y sus propietarios. Los expertos consultados creen que las exigencias que incluye la normativa incrementarán el trabajo administrativo de las inmobiliarias, ralentizarán las operaciones e incluso podrían provocar la desaparición de las agencias más pequeñas. Califican parte del artículo como un exceso innecesario y creen conveniente que se aclare qué tipo de información se debe suministrar.

El Informe Anual de 2022 del Banco de España incide en que la tenencia de vivienda en propiedad en nuestro país ha caído en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y está provocando un aumento de la desigualdad. El organismo valora la llegada de la Ley de Vivienda pero avisa de que medidas como el control de rentas podría generar efectos indeseados a medio plazo, como la reducción del número y la calidad de los pisos disponibles en el mercado o un incremento en zonas no reguladas. Además, alerta de que otras iniciativas del Gobierno como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda".

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha advertido a España de la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda "de graves proporciones", abordando los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes del alquiler o la compra de una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar.

Tras más de un año de tramitación parlamentaria y casi un millar de enmiendas, el Gobierno ha conseguido desatascar el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ya está en el Senado y podría entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. Entre sus medidas destacan los topes a los alquileres, la puesta en marcha de nuevas deducciones fiscales para arrendadores que cumplan determinadas condiciones, los cambios en la duración de los contratos o la sustitución del IPC por otro índice de referencia para actualizar las rentas. Esas son, según Natalia Tova, abogada de EY, las novedades que tendrán más impacto en la vida diaria.